El Concejo Deliberante de Guaymallén aprobó beneficios para los empresarios y aumentos para las familias trabajadoras
Martes 18 de diciembre de 2018 13:35
Foto: Pachy Reynoso
El gobierno de Marcelino Iglesias nos tiene acostumbrado a su necia concepción de que el Concejo Deliberante no debe deliberar sus proyectos políticos mucho menos modificarlos, haciendo uso de las mayorías automáticas que le proveen desde el bloque oficialista. Así en una nueva edición del Concejo Deliberante convertido en escribanía ciega del municipio se aprobó esa ordenanza que nadie conoce, pero todos y todas pagan, de manera exprés y con la menor información posible.
Hablo de “la Tarifaria” en donde se estipula cuánto debe pagar cada uno de los vecinos y vecinas de Guaymallén, incluidos los que la transitan y los que lucran en su territorio. Podemos decir que es la norma que nos dice si pagamos más o menos, con más o menos beneficios sin importar si tenés o no tenés el dinero.
Aquí, con el voto de los mal llamados “defensores del ciudadano de a pie” Protectora y el radicalismo se declaró un tarifazo liso y llano que aumentó las tasas de $2.20 a $3.00. En términos porcentuales nada más ni nada menos que el 36% interanual con la posibilidad de aumentarlo, a discreción del Intendente un 10% más a mediados de junio del 2019.
Si a usted le parecía que ya era suficiente con los tarifazos en la luz, el agua, el gas, el combustible, la inflación y la devaluación, siempre puede aparecer un gobierno igual de ajustador que Cornejo y Macri para estar a la altura de la circunstancia y golpear el bolsillo de los y las trabajadoras con igual fuerza.
Desde el PTS en el Frente de Izquierda nos opusimos de manera contundente a este tipo de ordenanzas que otorgan mayores privilegios a empresas amigas y ajustan al pueblo trabajador
A los grandes empresarios, Marcelino los cuida
Pero, como no suelen quedarse con solo ajustar, decidieron beneficiar a las empresas multinacionales de telecomunicaciones como Claro, Movistar y Personal reduciéndole las tasas que abonan por derechos de inspección de antenas. A los que se la llevan en pala, si a esos.
Es una política de Iglesias darle este tipo de beneficios, por eso apenas asumió le dio su primer recorte, luego como no pagaban, les recortó más y ahora, como siguen sin pagar les recortó más. Un 51% menos pagan por antena en dos años y ahora también con un 10% de bonificación por pago al contado anual.
Uno podría llegar a pensar que lo planificaron juntos, pero no hay que ser mal pensados, el Director de Rentas nos aclaró que surgía esta política de las conversaciones con los empresarios que con sus lujosos estudios jurídicos amenazan a la municipalidad de llevarlos a los estrados judiciales. Por tanto, para Marcelino Iglesias, lo mejor es ceder a la extorsión permanente.
Como si no fuera poco y en vistas a un 2019 de competencias electorales, decidieron concederles a las empresas de publicidad otra reducción de tasas. Así se les decretó con fuerza de ordenanza un 33% de descuento para que vengan a Guaymallén y lucren con todo lo que tienen. Desde el Ejecutivo municipal explicaron que estos empresarios cada tanto extorsionaban a los funcionarios y utilizaban mecanismos ilegales para la instalación de soportes de cartelería. Así y todo, cocinaron de manera sumaria un beneficio más para las empresas de publicidad.
Esta gestión ha marcado de manera clara y contundente de qué lado esta con la aprobación de la ordenanza tarifaria: para todas las familias trabajadoras que abonan mes a mes las tasas municipales les aplican aumentos sin acceso a planes de pago sin interés ni condonaciones de deuda y a los empresarios que amasan ganancias exuberantes, pero no pagan, los benefician con reducciones en las tasas, planes de pago a medida o bonificaciones.
Desde el PTS en el Frente de Izquierda nos opusimos de manera contundente a este tipo de ordenanzas que otorgan mayores privilegios a empresas amigas y ajustan al pueblo trabajador aún más, en concordancia con los presupuestos de Macri y Cornejo. Denunciamos que Iglesias armó y envió a discutir un presupuesto y tarifaria sin poder conocer los lineamientos más profundos en tanto y en cuanto sus funcionarios se declararon “incompetentes” para dar informes precisos y se comprometieron a enviar documentación que no enviaron condimentando más así el planteo que hacemos desde el FIT: Iglesias quiere un Concejo Deliberante escribano y no uno deliberativo.
