Elecciones 2023. Mendoza: por los derechos de las mujeres y la diversidad sexual

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Plataforma PTS Frente de Izquierda Unidad - Mujer y Diversidad Sexual

Por los derechos de mujeres y la diversidad sexual

El movimiento de mujeres ha logrado importantes conquistas y puesto sobre la mesa debates centrales para la vida de las mujeres y la diversidad sexual. Los gobiernos nunca nos han regalado nada, todo lo conquistamos con luchando en las calles, organizadas en nuestros lugares de trabajo y estudio. Nuestra larga marcha no termina, cada conquista puede retroceder si no la defendemos y la desigualdad sigue marcando nuestras vidas.

Según lo publicado por la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género (DNEIyG) , la brecha entre la masa salarial que perciben mujeres y hombres varía entre 25,2%% para quienes tienen trabajo formal y 34,3% entre quienes tienen trabajo irregular. Bajo el gobierno que se jactó de haber "acabado con el patriarcado", las mujeres representan el 16,3% en las comunicaciones, el 35,8% en la industria manufacturera y alcanzan el 76,8% en educación y el 42,3% en comercio. Estos datos indican una feminización de los sectores con peores salarios y niveles bajos de registración.

La misma situación se desprende de la Encuesta de Condiciones de Vida 2022: en los tres últimos años, el nivel de informalidad laboral creció diez puntos alcanzando el 47,3% entre las mujeres de la provincia. Del mismo modo, la tasa de actividad como la de ocupación son menores que las de los varones. Al mismo tiempo, la tasa de desocupación es mayor que la de los varones.

Otro punto a poner en relieve es que en ningún informe estatal se encuentran datos que den cuenta de la cantidad de mujeres trabajadoras del sector agropecuario y de casas particulares donde la informalidad laboral es la regla para las mujeres y muchas son migrantes de países limítrofes. La lujosa vendimia de políticos y empresarios millonarios esconde que sus ganancias se basan en el trabajo invisible de miles de mujeres en las viñas de Mendoza.

Es fácil entender la cuestión de la brecha salarial de género con estos datos: el salario promedio en la rama de Energía, Minería e Hidrocarburos equivale a cinco veces el que percibe una trabajadora de casas particulares. Las mujeres representamos el 64 % de la población de menores ingresos, la precarización laboral en nuestro caso es mayor que entre los varones.

En todo el país, más de la mitad de las mujeres que trabajan tiene un promedio de ingresos que apenas supera ¡los 60 mil pesos mensuales! La precarización para las mujeres es tal que, para el segundo trimestre de 2022, menos del 11% en edad jubilatoria contaba con más de veinte años de aportes. Algo que va a reducirse drásticamente en la medida en que el empleo que se genere siga siendo informal, precario, sin aportes ni derechos, como fue en los últimos años y como quieren profundizar todos los candidatos que reniegan de las cargas patronales, los derechos de los trabajadores y debaten la necesidad de una mayor liberalización del mercado laboral.

Un debate que el movimiento de mujeres puso en agenda es sobre el trabajo de cuidados. De acuerdo a lo publicado en el informe de la Encuesta de Condiciones de Vida 2022, en la provincia, las mujeres realizan el 92,2% dedicando un promedio de 6:37hs promedio a el trabajo de cuidados que es mayoritariamente invisible y no remunerado. Menos del 10% de los hogares recibe ayuda externa para esas tareas. La política de ajuste y sometimiento al FMI, que proponen todas las fuerzas políticas, menos el Frente de Izquierda, busca eliminar, reducir, cercenar y degradar las conquistas de la clase trabajadora perjudicando centralmente a las mujeres que dedican más tiempo al trabajo de cuidados no remunerado porque no pueden adquirirlo en el mercado o no lo brinda el Estado.

Muestra son los recortes presupuestarios nacional y provinciales en áreas sensibles como salud, seguridad social, educación y cultura, vivienda y promoción y asistencia social. Con una jornada laboral de seis horas, cinco días y un salario mínimo igual a la canasta básica, las mujeres tendríamos tiempo para darle vía libre a la creatividad, actividades que nos den placer, estudiar, organizarnos colectivamente, en comunidad y hacer política. Podríamos abrir un horizonte nuevo para el afecto con quienes hoy cuidamos, lejos del agotamiento personal y la carga económica que eso implica en este orden cosas garantizado por el capitalismo.

Esta situación deja en peores condiciones a las mujeres para enfrentar la violencia machista. Un flagelo que no cesa, durante el año 2022 se registraron 8.783 denuncias por causas de violencia de género, según datos del Ministerio Público Fiscal. Estos casos son solo la punta del iceberg, ya que muchas mujeres no denuncian por miedo o falta de confianza en el sistema. Además, el Observatorio Ahora que sí nos ven reportó 14 femicidios en el mismo período.

En los primeros seis meses del 2023, fueron asesinadas Jésica Olguín de 33 años, Yoo Kyunga de 49 años y Rosa Alfaro de 53 años. Y todavía continúa desaparecida Ivana Molina de 39 años.
A pesar de la gravedad de la situación, los datos revelan una asignación de presupuestos públicos insuficiente para combatir la violencia de género mostrando la responsabilidad del Estado.

En el año 2022, el presupuesto destinado a la Dirección de Género y Diversidad no se utilizó en su totalidad. Según el informe de Centro de Investigaciones en Economía Crítica, algunas partidas quedaron prácticamente sin utilizar. De los fondos asignados a convenios, solo se utilizó un 29%, y en lo que respecta a los bienes de capital, no hubo ejecución alguna. Esto indica que, incluso con un presupuesto ya insuficiente, votado por todos los bloques políticos en la Legislatura, se utilizó aún menos.

En este mismo informe corroboramos, para el año 2023 el presupuesto estima destinar $134 millones a la Dirección de Género y Diversidad. Sin embargo, este monto representa una pérdida del 9% en términos reales. Si tenemos en cuenta la inflación acumulada desde 2020 hasta la actualidad, que alcanza el 406%, el presupuesto apenas ha crecido un 270%.

Los derechos que conquistamos, el derecho el aborto, el derecho al matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, son todas conquistas que hemos logrado con nuestra movilización y con la organización. Ante la ofensiva de Milei, tenemos que organizarnos para defender los derechos y libertades democráticas ganados con nuestra lucha, pero también para pelear por el conjunto de los derechos económicos y sociales de las mujeres que son quienes, en su inmensa mayoría, sufren hoy las peores consecuencias de la crisis. A Milei y a la derecha hay que pararles la mano desde ahora. Tenemos que romper la pasividad en que se ha sumido al movimiento de mujeres. No vamos a permitir que nuestro rol se reduzca a votar, individualmente, a quienes están aplicando hoy mismo un ajuste que golpea con mayor ferocidad a las mujeres trabajadoras y del pueblo pobre.

Lo destinado al "Fortalecimiento de la Educación Sexual Integral" para 2023 es el 0,007% del presupuesto nacional. Proponemos que se respete la Ley de Educación Sexual Integral y que al mismo tiempo seguir peleando junto con nuestros diputados nacionales en el Congreso por modificar el artículo 5 de dicha ley que permite la injerencia de la Iglesia en los contenidos de la ESI. ¿Por qué? Porque habilita que a niños, niñas y adolescentes que van a escuelas confesionales se les de otro contenido. Eso quiere decir que no tienen el mismo derecho al acceso a la Educación Sexual Integral que, como sabemos, contempla la educación en el fortalecimiento de los afectos, en el cuidado del cuerpo y la salud, en el respeto de la diversidad, en educar en la equidad de género y en el ejercicio de los derechos. También planteamos que todas las docentes y los docentes que quieran tener capacitación en ESI tengan acceso a una formación gratuita, científica, laica, que no les implique ningún gasto y que además no les quite horas de su descanso.

Aunque todas las personas pueden exigir que su documento respete su identidad, las personas trans aún siguen teniendo una expectativa de vida que no supera los 40 años. La ley de cupo laboral que establece que el 1% de los puestos del Estado nacional deben ser ocupados por personas trans, no se cumplió. En el plazo establecido por ley, apenas ingresaron unas 700 personas, lo que representa el 0,15% de la plantilla.

También exigimos que se cumpla la ley de Identidad de Género y de ILE. Los sectores antiderechos no solo se organizaron antes del debate en el Congreso, para impedir su sanción, sino también después, presentando decenas de causas penales contra la ley. También consiguieron que el oficialismo modificara el proyecto original introduciendo la cláusula de que no solo los profesionales, sino también las instituciones de Salud pudieran ser objetoras de conciencia, razón por la cual hay localidades en las que no hay ningún servicio que garantice el efectivo ejercicio del derecho.

Y seguimos exigiendo que busquen a Tehuel de la Torre. Las personas trans en Mendoza no tienen acceso a una vivienda, sufren muchas complicaciones al intentar acceder a la salud y el trabajo. Es necesario un trabajo con derechos para poder cambiar esa realidad, necesitamos que se apruebe el cupo laboral para personas trans público y privado.

Como lo aprendimos con la legalización del aborto, es en las calles y no en las oficinas de los ministerios, ni en las urnas, donde ganamos definitivamente nuestras batallas. Tenemos que organizarnos en cada lugar de trabajo, en cada escuela y universidad, en cada barrio, para enfrentar el envalentonamiento de la derecha y el ajuste en curso; volver a ser una marea verde en pie de lucha que confía en sus propias fuerzas.

Las feministas socialistas comprometemos todos nuestros esfuerzos en esta tarea urgente, porque sabemos que las mujeres, ante cada crisis, somos capaces de vencer todos los obstáculos en la lucha colectiva por el pan, las rosas y nuestro derecho a la libertad.

Desde el Frente de Izquierda proponemos:

• Plan nacional de emergencia contra la violencia de género, que incluye: presupuesto suficiente para la Dirección de Género y Diversidad; creación de refugios; subsidios, licencias laborales y traslados para todas las que lo necesiten y familiares a cargo; créditos para acceder a la vivienda; acceso gratuito e inmediato a equipos interdisciplinarios.

• Centro de cuidado servicios sociales para disminuir la carga del trabajo de cuidados y que las infancias y adultos mayores tengan acceso a cuidado profesional y recreación.
• Jardines Infantiles en lugares de trabajo y estudio.

• Educación sexual integral, laica y científica. Basta de arbitrariedades institucionales que impiden el acceso a la ESI, aplicación efectiva inmediata.

• Provisión de anticoncepción gratuita y aplicación efectiva de la ley de Interrupción Voluntaria de los Embarazos no deseados.

• Cumplimiento de la Ley de Identidad de Género, Cupo laboral trans nacional y de todos los derechos conquistados. Inserción laboral trans pública y privada en la provincia.
• Igual salario por igual trabajo.

Separación de la Iglesia y el Estado:

• Verdad y justicia para las víctimas del Instituto Próvolo y el abuso eclesiástico.

Derogación de las siguientes leyes y decretos:

• Decreto-Ley 17.032 mediante la cual se homologa el acuerdo entre el Vaticano y la República Argentina, conocido como “Concordato” suscrito el 10 de Octubre de 1966,
• Inciso “c” del artículo 146 del Código Civil de la Nación y las leyes 21.950, 21.540 y 22.552 mediante las cuales se establece el pago de dietas por parte del Estado Nacional a Obispos y Arzobispos y otros miembros de la jerarquía eclesiástica equivalentes un porcentaje de la dieta de un juez de primera instancia.

• Decreto-Ley N° 22.162 - 25/02/1980 Firmado: Rafael Videla, Albano Harguinduy, José Alfredo Martinez De Hoz, David Rogelio De La Riva, Reynado Pastor - Título: Facúltase al Poder Ejecutivo Nacional a otorgar una asignación mensual para el sostenimiento del culto Católico Apostólico
• Romano a curas párrocos o vicarios ecónomos de parroquias situadas en Zonas de Frontera
• Decreto N° 1991/80 - 19/09/1980 - Título: Norma de aplicación para el otorgamiento de órdenes de pasajes a representantes del Culto Católico Apostólico Romano.

• Decreto-Ley N° 22.430/81 - 20/03/1981 - Firmado: Rafael Videla - Título: Asignación mensual vitalicia para Sacerdotes Seculares del Culto Católico Apostólico Romano no amparados por un régimen oficial de previsión o de prestación no contributiva.

• Ley N° 22.950 - 14/10/1983 - FIRMADO: Reynaldo Bignone, Juan Aguirre Lanari, Jorge Wehbe - Título: Sostenimiento del Clero de nacionalidad argentina.

• Acuerdo con la Santa Sede del 28/06/57 (Aprobado por Decreto N° 7.623/57) Fecha del decreto: 5 de julio de 1957 Modificado por Intercambio de Notas: Nota Argentina (21/04/92) Extracto: Aprobación del Acuerdo entre la Nación Argentina y la Santa Sede sobre Jurisdicción Castrense y Asistencia Religiosa de las Fuerzas Armadas.