Miércoles 12 de agosto de 2020 17:04
El gobernador Rodolfo Suárez (UCR) presentó su proyecto de reforma constitucional en la legislatura provincial. El texto del proyecto limita los artículos reformables a los que tengan que ver con el régimen político y electoral de la provincia. A pesar de que la Constitución tiene más de 100 años, y mientras se estima que más del 60% de los niños y niñas caerán en la pobreza, el debate para la reforma ya se estipula que será acotado a determinados temas que no darán respuesta a las grandes necesidades del pueblo trabajador.
Bajo el argumento de “reducir el costo” político la coalición cambiemita se embarca en lo que dicen será una de las grandes apuestas de este gobierno tras un comienzo marcado por el fracaso de la reforma de la 7722 producto de la movilización popular y en un contexto donde la pandemia del Coronavirus sigue creciendo y poniendo al límite el sistema de salud.
Desde el comienzo se observa que la “reducción del costo político” empieza y termina en la demagogia, ya que no se discutirán las dietas de privilegio que tienen los legisladores, jueces, fiscales, el gobernador y sus ministros. Todos ellos seguirán cobrando cientos de miles de pesos, mientras que el salario promedio es de $30.000 y siguen las paritarias congeladas.
La “Unicameral” de los partidos tradicionales
En cuanto al Poder Legislativo, se plantea el traspaso de un sistema bicameral a un sistema unicameral. Pero detrás de esta reforma se evidencia una clara intencionalidad de concentrar el poder político en los partidos tradicionales limitando el acceso de terceras fuerzas a cargos representativos. De los 48 legisladores de la nueva unicameral, solamente 30 serían electos por representación proporcional a los votos, y 18 (el 37% de la Cámara), corresponden al partido que gana cada municipio. Una verdadera “corte feudal” de los Intendentes en la Cámara de representantes como definió el Senador del FIT Lautaro Jimenez. La representación “territorial” que ya está establecida por la división de secciones electorales, ahora se transforma en un pretexto para profundizar lo más antidemocrático de este sistema,
llevando a una mayor concentración de Poder, y vulnerando la división de poderes que tanto dicen defender los “republicanos”.
Una comparación gráfica de esta modalidad sería que cada Gobernador de las provincias pudiese tener un representante con voto en la Cámara de Diputados de la Nación, desvirtuando de esta forma la representatividad del voto popular.
Más grave es la situación en el interior provincial, al establecer que el Valle de Uco o la zona Este se conformarán como secciones electorales aparte. Allí el número de representantes electos por forma proporcional será menor, concentrando la representación legislativa en función de los intendentes municipales e impidiendo prácticamente la participación de terceras fuerzas por esos distritos. Con este sistema, en el 2013 no podría haber ingresado el FIT con la diputada Cecilia Soria del departamento de San Martín; o en el 2017 no hubiese sido electo Marcelo Romano de San Carlos por Protectora.
De conjunto se busca concentrar el poder legislativo en los partidos tradicionales, que la Unicameral funcione como una escribanía, y con mayorías automáticas garantizadas por cuatro años al no haber elecciones de medio término. El modelo en el cual se basa la reforma es el de la provincia de San Juan, donde la casta política gobierna como si fuese un feudo. Ni siquiera se toma como referencia el esquema de Córdoba donde si bien hay un representante por departamento, el resto de los legisladores se eligen por distrito único. Al mantener la división territorial por secciones, y a la vez incorporar un representante más para el partido que gane cada municipio, se rompe la representatividad poblacional. De esta forma el voto de las personas que viven en los departamentos más poblados como Guaymallén o Las Heras, valdrá menos que los votos de las personas de La Paz o Malargue.
En relación al Poder Judicial, si bien se plantea que podría no haber elección secreta, se mantiene una casta judicial elegida a dedo por el Poder Ejecutivo en acuerdo con la legislatura donde cuenta con mayoría automática, así como también se mantienen los cargos vitalicios, y dietas de privilegio. Muy lejos de una reforma que establezca la elección directa de los jueces.
Los temas excluidos de la reforma
Esta reforma no permite discutir grandes necesidades del pueblo trabajador de la provincia. No se podrá discutir el derecho al agua como un derecho humano y la protección del medio ambiente; la salud o la educación y la desfinanciación sistemática gobierno tras gobierno. La propiedad de la tierra cada vez más concentrada por grandes grupos terratenientes y bodegueros en desmedro de los pequeños productores familiares y las obreras y obreros de la agroindustria; una reforma urbana integral que dé solución al gran déficit habitacional de la provincia.
Tampoco podremos discutir el flagelo de la deuda externa provincial que año tras año expolia nuestros recursos en favor de los especuladores y estafadores; sobre los recursos naturales y el grave daño ambiental que produce el “extractivismo” y la extranjerización; no se incluye el debate sobre los derechos de los pueblos originarios; el derecho al voto para los inmigrantes o cómo terminar con la violencia policial e institucional que sufre principalmente la juventud. No estará sobre la mesa terminar con la privatización de las empresas de servicios públicos que se benefician con los tarifazos mientras no realizan las inversiones necesarias; tampoco estará presente el debate por los derechos de las mujeres y las disidencias sexuales; y mucho menos se podrá discutir cómo se concentra el poder económico y político en favor de un puñado de grandes empresarios y terratenientes que viven del trabajo ajeno, fugan capitales y amasan fortunas mientras crece la pobreza y la desocupación.
¿Qué propone la izquierda?
Denunciamos una reforma constitucional limitada y servil al poder político y de los grandes capitalistas. Planteamos que para resolver las grandes necesidades del pueblo trabajador es necesario una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, sin limitación de temas, con representantes electos por el voto popular donde cada persona tenga un voto, con salario equivalente al de una maestra, y donde los mandatos sean revocables, como hicieron los comuneros de París hace casi 150 años. Una Asamblea que discuta también un régimen político que unifique las funciones legislativas y ejecutivas y sus decisiones sean soberanas, es decir que no puedan ser vetadas por el Poder Ejecutivo o la casta judicial.
Una asamblea de estas características solamente puede ser conquistada con la movilización obrera y popular frente a los pactos de los partidos tradicionales del peronismo y el radicalismo.
A la vez que impulse la movilización en todo el país por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana nacional que discuta el control de los grandes resortes de la economía nacional, quiénes detentan los medios de producción, la nacionalización de la banca o el monopolio del comercio exterior.
Si la movilización triunfa será un gran avance para poner en discusión los grandes problemas del pueblo trabajador. Pero si los capitalistas y sus políticos se niegan y oponen resistencia a una Asamblea Constituyente Libre y Soberana demostrarán que no les interesa la democracia, sino sus ganancias.
En el marco de la crisis sanitaria, económica y social, los capitalistas quieren llevar a la ruina al pueblo trabajador, a los pequeños comerciantes y pequeños productores, robarle el futuro a los jóvenes y las nuevas generaciones, y a un aumento sideral de la pobreza y la desocupación. Lo que estará sobre la mesa es quién paga los platos rotos de esta crisis.
En ese camino los socialistas revolucionarios le plantearemos al pueblo al trabajador que ve los límites de esta democracia capitalista, la necesidad de luchar por sistema infinitamente más democrático que el actual: un gobierno de los trabajadores y trabajadoras en ruptura con el capitalismo para dar vuelta este régimen social de explotación y opresión.
