Elecciones 2023. Mendoza: Vitivinicultura

Te puede interesar: Mendoza: plataforma del PTS en el Frente de Izquierda Unidad

Una organización capitalista de la producción en crisis permanente, sustentada por años de explotación de trabajadores vitivinícolas, bancarrota de pequeños productores y concentración de viñas y bodegas

La industria vitivinícola se muestra a la sociedad con una cara, la cara del éxito y del poder, de los lujos, las excentricidades, la ostentación, la fiesta para los turistas, la de los empresarios glamorosos. Detrás de ese velo, aparecen los datos, los números, las informaciones y las realidades que son cada vez más difíciles de maquillar.

Pero hay otra cara, la de los verdaderos productores: la de las decenas de miles de trabajadores/as de viñas y de bodegas que con sus manos cuidan, cultivan y transforman los productos de la naturaleza en vino. Junto a ellos están quienes atienden y sirven a los turistas, a las y los que reparan, mantienen y limpian los edificios y las maquinarias, los técnicos y especialistas.

Nosotros aquí vamos a dejar de lado esa cara ligada a los privilegios y las inequidades, para pasar a analizar la situación de la industria sin el velo del glamur y, desde la mirada y los intereses de los trabajadores, proponer una alternativa para la vitivinicultura que termine con las riquezas de unos pocos para pasar a beneficiar a las grandes mayorías, con trabajo de mejor calidad, que rescate y ponga en valor viñedos que están desapareciendo, y que desarrolle la producción en armonía con el medioambiente.

Radiografía de situación

El marco, es el de la crisis económica Argentina: con una inflación proyectada, que según distintas proyecciones, se estima que anualizada llegaría a cerca de 120%, así como también una caída del poder de compra de los salarios que cayeron más de un 20% desde 2015 (caída mucho más acentuada con la última devaluación realizada por el gobierno) , con una deuda y acuerdo con el FMI que plantea una hoja de ruta inflacionaria y recesiva, y la sequía en el campo, como alguno de los factores macroeconómicos que la explican y la sustentan.

Pero en este contexto podemos observar una crisis, la de la vitivinicultura argentina, dentro de una crisis general (la del país). Podemos decir que la primera, atraviesa una crisis estructural que se arrastra desde 2011. Con inestabilidad y ciclos de aumento y caídas de las exportaciones, con momentos de sobre stock e importaciones de vinos, sostenida caída en el consumo interno (que representa el 75% de lo producido). Todos aspectos que conjugados, producto de las maniobras y el lobby de los grandes empresarios bodegueros, se han transformado en una tendencia acelerada a la concentración junto con elementos de mayor extranjerización.

Los elementos más importantes y estructurales de la crisis en 2023 son:

• La reducción significativa de la superficie cultivada, con una cosecha negativa record

Las condiciones meteorológicas extremas, como las heladas tardías y las sequías, afectaron gravemente a las cosechas de uvas este año 2023, lo que ha llevado a la disminución de la producción en varias regiones del país.

La cosecha ha sido la peor de la historia desde que se tienen registros a partir de 1960 (cuando la población de Argentina era de poco más de 20 millones de personas, es decir menos de la mitad de la población actual), con una vendimia de menos de los 15.352.900 quintales estimados por el INV (pero se habla con acuerdo generalizado de que no superará los 14 millones de qq), lo que representa una disminución del 21% o superior, con respecto a la cosecha del año anterior, que había sido de 19.368.030 quintales. Además, el promedio cosechado en los últimos 12 años es de 23.410.759 qq, lo que representa un desvío porcentual sobre el mencionado promedio de -34% respecto del estimado 2023, lo que significa que hubo una pérdida de 8.057.000 qq.

Muchos especialistas del área, ya están hablando que debemos pensar en 16 millones de qq como el nuevo promedio de referencia a tomar, ya que difícilmente con la situación estructural actual se pueda llegar a los valores de la década pasada.

Esta situación se explica por la desaparición de viñedos y pequeños productores como resultado de la combinación de varios factores, que se asientan sobre un problema estructural: la falta de agua producto del cambio climático y el atraso técnico y productivo, de los sistemas de riego y conducción del agua, que amenazan a hacer desaparecer aún más viñedos del este y sudeste provincial (aunque no solamente), y la disminución en la producción en general; así como también por las condiciones comerciales que imponen los grandes pulpos bodegueros, que desarrollaremos más adelante.

Muchos pequeños productores no cuentan con los recursos necesarios para hacer frente a estos desafíos, lo que ha llevado a una disminución de su rentabilidad y la pérdida de sus viñedos. En particular, los pequeños productores del este y sudeste mendocino se han visto especialmente afectados por estos problemas, lo que ha llevado a una reducción significativa de la superficie cultivada en la región, que en los últimos 10 años se ha reducido en un 5,5%, siendo la medición del año pasado de 211.000 hectáreas. Además, en el informe del aniversario por la década del Observatorio Vitivinícola Argentino se destaca que en 2012 hubo más de 25.400 viñedos en Argentina, mientras que en 2021 la cifra cayó un poco más de 23.200, lo que significó una reducción del 8,6%. Sin nuevas estadísticas, pero siguiendo la orientación de esta tendencia, es posible aseverar que los años 2022 y 2023 no han hecho más que profundizar esta situación.

• La sostenida caída del consumo interno de vino, sin indicios inmediatos de recuperación

Según datos del Observatorio Vitivinícola Argentino relevados por la consultora Scentia, muestran que en la comparativa del primer semestre de 2023 con respecto al mismo de 2022, la venta de vinos en el consumo interno, experimentaron un retroceso del 14.6%, donde se observa una tendencia marcada de 8 meses consecutivos de caída.

El principal factor que explica esta caída en el mercado interno, donde se vende el 75% de los vinos producidos por Argentina, es la caída del poder adquisitivo de los sueldos. A diferencia de los vinos premium, que son consumidos por los sectores más ricos y se han mantenido estables, el vino es uno de los bienes más accesibles para reducir los gastos.

Al mismo tiempo, el aumento del precio del vino en góndola, utilizado para construir el Índice de Precios al Consumidor del Indec, ha sido del 119% interanual, y a su vez, los costos en promedio de los insumos utilizados en la industria han aumentado en un 145% en el último año, mientras que el precio del litro de vino a granel ha subido más del 200% entre enero de 2022 y enero de 2023. Factores que hacen prever que los precios de los vinos en góndola sigan aumentando por sobre la inflación general y los sueldos, presionando aún más a la baja del consumo.

El plan de los grandes empresarios bodegueros y los políticos capitalistas lleva a mayores desigualdades sociales, la destrucción de gran parte de la industria vitivinícola y una creciente concentración de la riqueza para unos pocos.

Lejos de ser una crisis que afecta a todos por igual, hay grandes ganadores en la vitivinicultura, estos son los grandes empresarios bodegueros de la mano de sus principales bodegas, quienes han afianzando su fortuna y sus negocios principalmente sobre la base de la explotación del conjunto de los trabajadores vitivinícolas, de bodega, de viña y contratistas, quienes se encuentran entre los trabajadores con peores sueldos de la provincia, sueldos muy por debajo de la canasta básica.

También estas ganancias se sustentan sobre los hombros de los pequeños productores arruinados, que se han visto obligados a abandonar sus viñedos o a venderlos a precios de remate.

Como tercer factor determinante del acrecentamiento de estas riquezas, se encuentra el enorme poder de lobby de estos pulpos y empresarios, que además de recibir multiplicidad de subsidios, préstamos y asistencias especiales del estado, han gozado de excepcionales condiciones para realizar múltiples maniobras de especulación.

Situación que se ha repetido a lo largo de la historia, y que desde hace 40 años con la reconversión vitivinícola, ha adquirido una nueva forma bajo los gobiernos peronistas y radicales.

En estos últimos años, han salido a la luz y se han visto una gran cantidad de estas maniobras y beneficios. La última fue la enorme transferencia de dinero que realizó Sergio Massa con el anuncio de la eliminación de las retenciones a las exportaciones de vino. Se trata de la quita del 4,5% de los derechos de exportación, una medida que entró en vigencia el 1 de septiembre. Esta medida implica que los 20 grandes grupos bodegueros que concentran en la actualidad cerca del 90% de las exportaciones, reciban un “regalo” valuado en unos U$S 32 millones de dólares anuales, que sin duda dejará una cosecha repleta de ganancias aseguradas para aquellos dueños de bodegas, quienes son los que menos lo necesitan.

Noticia recibida con gran satisfacción por la principal cámara empresarial bodeguera “Bodegas de Argentina”, cuya medida, junto con otras, venía siendo una de las mayores demandas de las patronales vitivinícolas, que la reclamaban en cada “lobby”, en cada reunión con políticos, en cada festejo y en cada entrevista dada a los medios de comunicación. Sin embargo, estos actores muestran una codicia insaciable, y desde la entidad patronal aseguraron que eso es solo la punta del ovillo, y que a partir de ahora, irán por más.

En 2015, con precios de los vinos y las uvas que venían amesetados durante los 3 años anteriores (pese a que la inflación anual de esos años rondó el 25%), los empresarios bodegueros realizaron una gran maniobra especulativa, con una acumulación inédita de stock de vinos (datos escondidos hasta por el propio INV) que le permitió a estos empresarios planchar los pagos de la uva a los productores y luego, en 2016, cuando se produjo una cosecha baja de casi 17 millones de kilos de uva, comercializar estos vinos stockeados a un valor mucho mayor (ya que los vinos ese año aumentaron en promedio un 93%).

La propia Corporación Vitivinícola Argentina realizó un estudio sobre esto, en marzo de 2016, denominado “Análisis Integral de la Vitivinicultura Argentina. Nuevos Escenarios y acciones público-privadas”, en una de sus partes, el trabajo señala que “entre 2006 y 2014, las 20 primeras empresas comercializadoras de vino sufrieron modificaciones en sus stocks. Si consideramos que un stock de seguridad promedio debería ser de aproximadamente 4 meses de ventas, el stock de seguridad de las 20 firmas principales debería ser de aproximadamente 3 millones de hectolitros en 2015. No obstante, esto no sucedió. De los 20 fraccionadores principales el stock fue de 7,3 millones de hectolitros, mientras que el stock de seguridad estimado en función de las ventas debería ser de 3 millones de hectolitros, por lo cual se puede decir que los 4,3 millones de hectolitros (430 millones de litros) restantes corresponden a stocks de anticipación/especulación.”

Como lo reflejó una de las tantas notas publicadas en los medios de Mendoza al respecto, en este caso de Laura Saieg, dada a conocer en el diario Los Andes del 17 de mayo de 2015, “mantener un viñedo en primera zona de Mendoza tiene un costo de $ 61.328 por hectárea. Esto representa un incremento del 26% en pesos, en comparación con la temporada 2014/2015, cuando el valor era de $45.382. Pero el dato más llamativo es que en relación a 2013 -cuando el costo era de $31.298 por hectárea- la suba fue de 96%”. Más adelante sigue: “Analizando los datos del Observatorio Vitivinícola Argentino, queda en evidencia el retraso y la baja competitividad que vienen experimentando los productores en los últimos años, ya que los valores están lejos de ser rentables, diferenciándose casi un 25%. Además, el incremento de las uvas de temporada a temporada no ha superado el 10%, lejos del porcentaje de aumento de los costos analizados anteriormente”.

Esta enorme y coordinada acción especulativa, hundió en la bancarrota a cientos de pequeños productores que no pudieron sostener la producción de sus viñedos, y sus viñedos mismos en muchos casos. Los grandes empresarios utilizaron en aquel año las variables inflacionarias, que golpean a las mayorías populares, en su favor, para realizar un enorme negocio.

En 2019, con el “fondo anticíclico”, que terminó siendo un nuevo negocio para los grandes empresarios bodegueros. Aquel año inició con nuevo supuesto sobre stock de 300 millones de litros, el consumo de vinos en el mercado interno en su piso histórico (con algo más de 18 litros por persona anuales), y la amenaza de las bodegas de comprar la uva a los productores a valores similares o inferiores a los valores del anterior año, en un periodo donde la inflación fue cercana al 50%; lo que encendió una gran alarma y la movilización en asambleas entre los productores en distintos puntos de la provincia.

Este proyecto de ley llamado "Programa Plurianual de Estabilización para la Vitivinicultura" (votado por todos los partidos a excepción del Frente de Izquierda), que salió de la cabeza de Bodegas de Argentina de la mano de su entonces presidente Walter Bressia, dispuso de $3.200 millones (unos U$S72 millones del momento), de los cuales $1.600 millones fueron de partida presupuestaria (distribuidos en cuatro años) y $1.600 millones se sumaron con toma de deuda y según los firmantes, “buscaron contemplar medidas para acotar stocks vínicos, y promover una mayor rentabilidad para toda la cadena de valor”.

Estos son solo algunos ejemplos (de muchos más existentes) de las maniobras realizadas por estos grandes empresarios, y los beneficios que han obtenido de los gobiernos de turno para acrecentar sus millonarias fortunas sobre el padecimiento de los miles de trabajadores vitivinícolas y el conjunto de la sociedad mendocina en general.

• La vitivinicultura argentina se enfrenta a un nivel de concentración nunca antes vista, cuya tendencia se acelera y profundiza.

Como ejemplo de esto último, tenemos a la familia Bemberg, que está entre las 50 familias más ricas de la Argentina. Hoy son dueños o tienen parte importante de grandes empresas como: Grupo Peñaflor (Bodegas Trapiche, El Esteco, Finca Las Moras, Navarro Correas, Suter, Mascota Vineyards, San Telmo, La Liga de Enólogos), posee viñedos en Mendoza, San Juan, Salta y Catamarca; en plena pandemia compraron la exportadora WX Brands, uno de los más grandes distribuidores de vino en Estados Unidos; tienen parte de Citrícola San Miguel en Tucumán, Patagonia Gold con más de un millón de hectáreas de propiedad minera entre Chubut, Santa Cruz y Rio Negro, parte de la Sociedad Argentina de Energía S.A., Central Puerto, además de estancias y participación en bancos, fondos de inversiones etc.

Según datos brindados por la propia empresa en 2021, el grupo posee 3.200 hectáreas productivas propias y compra uva a más de 750 productores independientes, cuenta con bodegas en 5 provincias, y 2.800 trabajadores permanentes. Procesa cerca de 150 millones de kg de uva al año.

Este grupo es el principal exportador de vinos de Argentina, con cerca de U$S 200 millones de dólares ese año, representando el 29% del total de vino exportado a más de 90 países. Además de contar con el 20% de la comercialización de vinos en el mercado interno. Se ubica dentro de las 10 principales compañías productoras de vino a nivel mundial, con ventas anuales de U$S 511 millones con sus bodegas.

Por su parte, Trivento (perteneciente a la firma chilena Concha y Toro) anunció en 2021 que se ubicó como el líder exportador de Argentina en valor, por segundo año consecutivo, con un monto que supera los USD 270 millones en ventas de retail y E-commerce.

Otros de los principales grupos que concentran las exportaciones son: Fecovita (primer exportador de vinos a granel y segundo de mosto concentrado, además de ser el tercer exportador de vino fraccionado del país), Grupo Familia Zuccardi, Grupo Catena, Grupo Pérez Compac, Grupo Louis Vuitton Moet Hennessy.

Según un estudio del INV de 2018, que tomó como referencia que cada año más de 400 bodegas exportan vino en Argentina, pero de la cuales, las primeras 20 exportadoras tomando como base el promedio de los anteriores últimos 7 años, concentraban ya el 72,5% del total facturado por exportaciones de vino fraccionado. Esta tendencia a la concentración de las exportaciones se ha ido aumentando, llegando en 2022 a que estas 20 exportadoras concentran cerca del 90% del total facturado.

A pesar de la crisis económica, que tiene su inicio a nivel internacional en 2008 y comenzó a impactar en el país desde 2011, Argentina siempre se ha mantenido entre los 15 principales exportadores de vino en el mundo.

Los trabajadores vitivinícolas: explotación y sueldos de pobreza, la base de las ganancias de los empresarios bodegueros.

Como mencionamos con anterioridad, en esta propuesta programática queremos desarrollar en especial un punto central que explica parte de las enormes desigualdades que hay en la provincia relativo a la producción vitivinícola, donde grandes bodegueros son millonarios a costa de miles de familias trabajadoras vitivinícolas que tienen ingresos por debajo de la canasta básica.

Analizando la propia información de algunas de las principales bodegas de Argentina, podemos analizar cuales son las enormes riquezas de estos grandes pulpos bodegueros. Veamos dos ejemplos:

Según datos publicados por Los Andes el 16 de mayo de 2023, si tomamos al grupo Moët Hennessy Argentina (integrado por Chandon, Baron B y Terrazas de los Andes) durante el 1° de julio de 2022 y el 30 de junio de 2021 vemos que facturó $7805 millones de pesos. Si sólo contemplamos el margen de ganancia (declarada) de esa facturación, que en la industria vitivinícola se considera de un piso de alrededor del 5% para entidades exitosas como estas, podemos estimar que la ganancia neta de este grupo en este periodo fue $390 millones. Equivalente en mismo el periodo a unos 7500 sueldo iniciales de trabajadores vitivinícolas.

Otro ejemplo en este caso con el grupo Trivento Bodegas y Viñedos, donde el propietario y principal accionista es la chilena Viña Concha y Toro S.A; para esta bodega, la facturación que fue proyectada para 2022 fue de una suma de u$s 68.669.137 (unos $9133 millones de pesos al cambio oficial de ese año). Si hiciéramos el mismo ejercicio de ganancias, la ganancia sería de $456 millones. Esto fue el equivalente a unos 8800 sueldo iniciales.

Las ganancias de los empresarios bodegueros que hemos descrito con anterioridad, contrasta con sueldos de $83.888 para los trabajadores de bodega y de $79.973 para los trabajadores de viña para el periodo de marzo a agosto de 2023.

Y esto es determinante en la formación social de Mendoza puesto el peso que tiene la vitivinicultura en la matriz productiva provincial.

Algunos datos relevantes al respecto:

Según un informe económico realizado por el gobierno de Mendoza en 2020, en base a informes del Observatorio Vitivinícola Argentino, la vitivinicultura genera unos 106.000 puestos de trabajo directos en el país (empleo equivalente a dedicación plena) y 279.000 indirectos.

En el Informe Productivo Provincial de 2019, el gobierno declaraba que solo para elaboración de vinos (trabajadores de bodega) de la provincia, el empleo promedio de 2018 fue de 14.606 trabajadores registrados. Respecto a los trabajos de cosecha una nota de diario Los Andes de febrero de 2022 relevaba que: “Es difícil estimar la cantidad total de cosechadores. En el sector era común hablar de 48.000 personas para cada cosecha, pero ese número se calculaba en base a las hectáreas mendocinas y sin considerar la cosecha mecanizada. Bajo convenio colectivo de trabajo (CCT 154/91), había 9.000 empleados permanentes listos para cosechar, y el resto serían temporarios, gran parte de afuera de la provincia.”

Al mismo tiempo, según la DEIE con datos elaborados en base a la Encuesta Permanente de Hogares de 2021, la población económicamente activa de Mendoza es de 524.674 personas.

Por su parte, la cadena vitivinícola representó en 2017 aproximadamente el 0,4% del producto bruto interno argentino, y el dossier de economía del Gobierno de Mendoza del año 2023 consigna que “en los datos provenientes del PBG provincial, se observa que dentro de la industria manufacturera (con un peso relativo del 18,4% en el PBG corriente), las bebidas tienen una importancia preponderante, con participación de 50,7% dentro del sector (PBG en valores corrientes, 2021), siendo la elaboración de vinos la principal actividad dentro de esta clasificación.”

Con esta información y sumada a la de diferentes investigaciones, teniendo en cuenta que Mendoza representa más de 70% de la producción vitivinícola, son cerca de 70.000 los trabajadores vitivinícolas de la provincia que representan cerca del 13% del total provincial; y se podría estimar, de acuerdo con los informes nacionales al respecto, que existe un número al menos similar de trabajadores que trabajan de manera indirecta (trabajadores en la fabricación de botellas, de imprentas, del turismo y la gastronomía, de tapones y corchos, en la industria papelera y del cartón, de las metalúrgicas, de máquinas y herramientas, de la agroquímica, de viveros industriales, de productos enológicos, del transporte y la logística, de la construcción y mantenimiento, etc). Esto implica que la clase obrera ligada a la vitivinicultura de Mendoza, de manera directa o indirecta, representa entre un cuarto y un tercio del total de trabajadores provinciales, poniendo de relieve su enorme peso estratégico y social.

Es por esta situación, que los trabajadores vitivinícolas vienen organizándose desde 2021 en contra de las burocracias sindicales de los distintos SOEVAS, lo que los llevó a realizar un histórico paro aquel año, una marcha de miles de trabajadores y organizaciones en abril de ese año, junto con una multiplicidad de acciones, han sido hitos importantes en la lucha de la clase obrera vitivinícola y también mendocina contra la explotación y la precariedad laboral, en una industria que está altamente concentrada y dominada por grandes y poderosos empresarios bodegueros. Estos trabajadores y trabajadoras se pusieron de pie y sacaron a la luz ante la sociedad mendocina las injusticias que sufren.

Piden por un sueldo equivalente o superior a la canasta básica, terminar con el trabajo informal y precario, poder acceder a créditos para tener una vivienda propia, entre las demandas más sentidas.

• Los contratistas, sueldos de indigencia y trabajos no remunerados

Una realidad especial y profundamente crítica es en la que se encuentran las cerca de 3000 familias contratistas de Mendoza, que sólo cobran actualmente $6.000 por hectárea, lo que implica una mensualidad cercana a los $60.000 si llevan 10 hectáreas (lo cual compromete en las labores al conjunto de la familia desnudando aún más lo bajo de estos salarios); complementan parte de su sueldo con el 18% que le corresponde de la cosecha.

Pero este año esta realidad es mucho peor aún para quienes sufrieron los daños por helada y granizo, que tuvo consecuencias más graves en el este y el sur provincial (donde mayormente se encuentran quienes trabajan bajo esta modalidad de contratación laboral); estas familias deberán subsistir solamente con la mensualidad que ni cubre la canasta de indigencia, ya que perdieron toda o gran parte de la cosecha.

En diciembre pasado, el gobierno provincial invitó a los contratistas autoconvocados de Mendoza a participar de una reunión en la cual se les prometió que mediante el programa “Recuperagro” se entregaría un subsidio directo a los contratistas afectados por contingencias climáticas, que sería de $34.740/mes (ajustable a inflación) durante 6 meses. Esperanzados, cientos de contratistas se ocuparon de hacer todos los trámites necesarios para recibir el bono, pero grande fue la desilusión cuando luego, muchos patrones les anunciaron que el bono debía tomarse como parte del pago de la mensualidad. Con ello los contratistas seguirán cobrando lo mismo; los magros $40.000 de la mensualidad; y los patrones sólo deberán abonar al trabajador los pocos pesos que le faltan para cubrir la mensualidad. Es decir que se le subsidia al productor el sueldo de su empleado y se deja completamente desamparado y sin atención al Contratistas que perdió el trabajo de un año por el granizo y/o la heladas.

Es por esto que los contratistas vienen peleando y demandando una recomposición salarial del 120%, necesaria para llevar la mensualidad a $6.800/ha, además de una cláusula gatillo para que la mensualidad no pierda contra la inflación. Exigen un salario acorde para no estar por debajo de la línea de la pobreza.

• Los trabajadores del turismo vitivinícola, extrema precariedad laboral y bajos sueldos

Mientras que Rodolfo Suarez declaraba para el diario Los Andes, en el marco de la inauguración del Espacio de Enoturismo de Bodega Anaia, que: “Con el enoturismo tenemos algo que hay que explotar porque es empleo genuino y crecimiento”, los propios empresarios del rubro se sinceraban sobre las pésimas condiciones laborales y la explotación que sufren los trabajadores del turismo de Mendoza ligados a las bodegas: “Si vos trabajas en alta demanda, donde gran parte de tu sueldo está en negro o donde no tenés los francos necesarios, vas a tener falta de trabajadores.” declaraba Alejandro Vigil para el mismo medio. Por su parte en la misma nota, Soledad Mayorga, responsable de Marketing y Comunicación de Bodega Andeluna decía: “Es difícil trabajar en hospitalidad porque tiene horarios que van un poco a contramano del resto, sin fines de semana disponibles o en horarios de tarde noche. Eso implica un esfuerzo mayor y no todo el mundo tiene la disponibilidad y las ganas de hacerlo. Es difícil poder encontrar esos perfiles y cuando los encontrás, el desafío es poder fidelizarlos. Al ser tan pocos los que están disponibles, capacitados y que cuentan con experiencia, puede que tengan muchas ofertas laborales y terminan yéndose”.

Lejos de la ficción de Suarez, que confunde y equipara en su lógica empresarial explotar trabajadores con explotación turística, en el turismo y la gastronomía de la provincia existe una de las tasas más alta de trabajo informal. Según la información de la DEIE (Dirección de estadísticas e investigaciones económicas) en un estudio realizado en el primer trimestre de 2022 reveló que llega al 65% la informalidad en trabajadores de hoteles y restaurantes. Datos que escandalizan cuando el propio gobierno de Suarez alardea de una Mendoza enriquecida por el turismo internacional, con más de 151 millones de dólares en sus arcas en 2022, y más de 3,5 millones de turistas que visitaron la provincia.

Otra de las realidades y demandas más acuciantes y sentidas de los trabajadores vitivinícolas es la de la posibilidad de tener su casa propia. Sus sueldos por debajo de la línea de la pobreza y el alto valor de los alquileres, les impide siquiera pensar en esa posibilidad. A su vez, el INV cedió un terreno conocido popularmente como “La Parcela del INV”, ubicado en la calle Tirasso, de Buena Nueva, departamento de Guaymallén. El terreno supera los 95.000 metros cuadrados, donde se prevé construir más de 500 viviendas que conformarán el barrio PROCREAR INV, pero la contradicción es que ninguna de esas viviendas serán para trabajadores vitivinícolas ya que ninguno de ellos puede acceder a los créditos del PROCREAR. Esto no puede seguir así, es urgente la implementación de una plan de viviendas destinado a la familias vitivinícolas, contratistas y el fomento del arraigo rural y la urbanización social progresiva de los barrios obreros.

Desde el Frente de Izquierda proponemos:

• Apoyo a la organización y la lucha por sus derechos de los trabajadores vitivinícolas y contratistas autoconvocados. Reapertura inmediata de paritarias y aumento de emergencia frente a la escalada de la inflación.

• Salario inicial igual a la canasta familiar para todos los obreros vitivinícolas.

• Contra la tercerización y el trabajo en negro. No a los cambios de convenio tipo Peñaflor que representan una reforma laboral de hecho, con pérdida de derechos y mayor flexibilización laboral.

• Contra los despidos en las bodegas, prohibición de despidos por 24 meses. Que no sean los trabajadores quienes paguen la crisis, sino los bodegueros que se enriquecieron durante todos estos años.

• Plenos derechos e igualdad para las mujeres vitivinícolas. Mismas tareas y mismos sueldos para las trabajadoras de bodegas. Reconocimiento del trabajo invisibilizado en las fincas, para las trabajadoras de la familia contratista. Por sus derechos a jubilarse a los 57 años con total reconocimiento de sus años trabajados.

• Becas de estudio y de transportes para que los hijos e hijas de vitivinícolas puedan estudiar tanto para el nivel primario, secundario, terciario y universitario.

• Formalización para todos los trabajadores del turismo vitivinícola, con sueldos iguales a la canasta básica, y regímenes laborales que les permitan disponer de tiempo de estudio, formación y de ocio..

• Formalización laboral y plan intercosecha para todas las y los trabajadores de la cosecha de la uva. Registración y protección de todos los trabajadores temporarios, migrantes y estacionales. Por condiciones dignas y seguras de transporte, alojamiento y trabajo.

• Entrega de equipos de ropa, zapatos, herramientas, protector solar, agua fresca y baños en fincas y viñedos. Comisiones obreras de higiene y seguridad.

• Plan de viviendas para los trabajadores vitivinícolas y familias contratistas.

• Nacionalización de los grandes pulpos bodegueros, para la formación de un gran grupo de bodegas gestionadas y controladas por sus propios trabajadores y técnicos.

La producción vitivinícola, como hemos descrito más arriba, involucra a gran parte de la sociedad mendocina mostrando claramente el carácter socializado de su producción, pero además su desarrollo y forma de producción está íntimamente ligado a la utilización de uno de los recursos más necesarios y primordiales, que es el agua. La vitivinicultura está enraizada en la cultura mendocina, con sus fiestas,celebraciones y sus formas de trabajo.

Es por eso que no puede estar en manos de un pequeño grupo de grandes empresarios inescrupulosos que, con tal de hacer negocios, están llevando a la ruina y la pobreza de cientos de miles de trabajadores y que amenaza a la producción vitivinícola en sí.

La nacionalización de los principales grupos bodegueros, que concentran el 90% de las exportaciones y la mayor parte de la producción de vinos, redundaría en una gran cantidad de efectos positivos para la sociedad mendocina.

Así como los empresarios se reúnen en sus cámaras empresariales como son Bodegas de Argentina, la UVA o la COVIAR, donde desde allí definen cuales van a ser los sueldos de los trabajadores vitivinícolas, el precio de la uva y del vino, piensan maniobras de lobby para presionar al gobierno, y definen la orientación general de la industria dictada por, ante todo, el valor de sus negocios; los trabajadores vitivinícolas podrían organizar perfectamente la producción de estas grandes bodegas y definir allí, pero ahora según el criterio del beneficio común y el de las grandes mayorías, cuáles van a ser sus sueldos, cómo trabajar en conjunto con los pequeños productores, definir cómo y cuánto trabajar, pensar en planes de modernización y tecnificación para mejorar las labores y hacer más eficiente el riego y el cuidado del agua y el ambiente.

Los propios trabajadores vitivinícolas, quienes conocen mejor que nadie cómo son los trabajos en las bodegas y en las viñas, junto con técnicos e ingenieros, podrían conformar asambleas con representantes elegidos democráticamente, para poder definir la producción vitivinícola orientada ahora sí, para el interés social y de forma planificada.

En Mendoza existen una multiplicidad de instituciones y organismos desde donde se forman los miles de técnicos y especialistas del vino quienes pueden ser un soporte mucho más importante para la gestión de esta gran bodega nacionalizada, cómo son la Universidad de Cuyo en especial con su Facultad de Ciencias Agrarias (facultad que incluso tiene su propia bodega experimental y de formación académica para los estudiantes), el INTA, el INV, la UTN con su tecnicatura en enología y su educación técnica, sólo para nombrar los organismos más importantes. Todas estas instituciones y sus técnicos y estudiantes, orientadas a tales fines, podrían ser un enorme potenciador de la producción social.

Además los trabajadores mendocinos cuentan con el vasto conocimiento heredado generación tras generación, que constituyen el conjunto de las llamadas “labores culturales” en la vitivinicultura, que forman un cuerpo de conocimientos único arraigado y criado de generación en generación, en este sentido, único en el mundo para la elaboración vitivinícola que nos identifica (además de las características propias que brinda la naturaleza).

El avance en la ciencia y la técnica, de las comunicaciones en tiempo real, de los mecanismos de control y medición existentes, posibilitarían la perfecta coordinación de la producción planificada.

• Es necesario y de manera urgente evitar la continua pérdida de hectáreas productivas y puestos de trabajo que está provocando el cambio climático en conjunto con la crisis económica y la especulación de los grandes bodegueros. Créditos accesibles y precio sostén para pequeños productores. La creación de una empresa estatal de servicios y maquinaría técnica móvil, podría asistir fácilmente a los pequeños productores, y complementar y hacer más eficientes las labores y tareas en tales establecimientos, cómo ya ocurre pero de maner particular y descentralizada con los cientos de propietarios de equipos móviles de cosecha, embotellado, etiquetado, filtrado, etc. Al mismo tiempo, estas medidas podrían ir en favor de la tecnificación, con créditos especiales, para las mejoras en los sistemas de riego, pozos, y de protección al granizo, de estos viñedos.

• Plan de desarrollo técnico para cuidar y hacer más eficiente la utilización del agua en la industria vitivinícola. Créditos especiales para pequeños productores para la tecnificación a gran escala de viñedos, que permita su rescate. Por una vitivinicultura en armonía con el ambiente.

[Documental] Mendoza: la tierra, el sol y las manos que hacen el vino