Nacional. Mendoza: el gobernador Cornejo ataca el derecho de huelga

Arrancó la discusión salarial para los docentes del país y la provincia. Las declaraciones y gestos del gobierno no parecen mostrar buena voluntad de avanzar sobre las condiciones de trabajo y el salario de miles de docentes. Desde el gobierno dicen: “Y si una parte no cumple, la otra no está obligada a hacerlo…”.

¿Pero quién no cumple cuando se paga uno de los salarios más bajos del país, en un gremio que de por si recibe bajos salarios? ¿Quién no cumple cuando no se paga a término o directamente no se paga? ¿Quién no cumple cuando el ofrecimiento está muy por debajo de la ya disparada inflación, aumento de precios, tarifazos, aumento del boleto, etc?

Lejos de vivir y conocer la realidad de un trabajador, los funcionarios atacan el bolsillo obrero. Esta realidad impone la necesidad de organizar ya la lucha, y no sólo por nuestro salario, si no contra los miles de despidos que hay en curso. ¡Ante los ataques el método de defensa es la huelga!

Pero para CAMBIEMOS no "Queda garantizado a los gremios, el derecho de huelga" como lo establece el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Pero tiene antecedentes de los cuáles agarrarse. Fue en 1963, durante el gobierno de facto de Tomás Guido que se discutió “legalmente” que si los trabajadores hacen paro, no cobran. Con la Constitución en la mano se establecía un flagrante ataque al derecho a huelga, distinguiendo huelgas legales de ilegales, según los reclamos. Desde entonces quien determina si la huelga es lícita o no en su petición es la patronal y su justicia.

Desde el gobierno de la UCR/PRO, antes de empezar las negociaciones, quieren marcar la cancha poniendo en cuestión el legítimo derecho a la huelga. Si bien toda legislación, se dice, es susceptible de reglamentación, esta no debería “alterar su espíritu”. Claro está que la Constitución Nacional no precisa la definición de huelga, ni de protesta, ni de petición. En esto arman un espacio de libre interpretación. Pero ¿qué es la huelga? En principio un derecho elemental de los trabajadores para defenderse de los ataques del capital.

Antiobreros de pura cepa: organicemos la resistencia

Por eso, desde la Constitución peronista del ’49, momento en que estuvo planteado el asunto ya se excluyó el derecho de huelga de la nueva legislación. Desde entonces hay una negación a darle rango constitucional. Esta nueva amenaza extorsiva es un claro y poco “popular” ataque a la libertad sindical y al derecho a huelga. Pero lamentablemente goza de antecedentes como ya dijimos arriba. No sólo durante el gobierno de facto de Tomás Guido, si no durante gestiones peronistas y radicales en la provincia.

Este tipo de amenazas y presiones no se puede dejar pasar. El responsable de que no haya o no clases es el Gobierno que quiere que los docentes trabajen por salarios de miseria y sin condiciones para la enseñanza-aprendizaje. Los sindicatos deberían llamar a organizarse para garantizar el elemental derecho a la protesta, que parta de la unidad de todos los trabajadores en lucha, para pelear por el salario, para que no pasen los despidos, empezando por el Casino.

Hay que preparar las asambleas al regreso a las escuelas y discutir cómo organizamos nuestra pelea. En primer lugar la directiva del SUTE tiene que poner todos los recursos de nuestro sindicato a disposición de los trabajadores, para que no se quiebre la pelea por los descuentos. Los y las legisladores del FIT vienen demostrando que estar del lado de los trabajadores es hacer aportes concretos a sus luchas y es así que no sólo cobran como nosotros si no que vienen aportando miles de pesos a luchas de todo el país: ¡contamos con ellos! De la misma forma deberían hacer diputados y senadores de la oposición. Si el gobierno quiere golpearnos el salario, los trabajadores tenemos décadas de aprendizaje: fondo de huelga para que ninguna lucha no se quiebre.