Cornejo consiguió la aprobación legislativa del acuerdo con Nación que implica un nuevo endeudamiento. Mirá de que se trata.
Enrique Jasid @EnriqueJasid
Jueves 16 de junio de 2016
La legislatura provincial dio el visto bueno para el acuerdo sobre la devolución del 15% de coparticipación retenido por la Nación con el aval de la UCR, el FPV, Libres del Sur, FR, PRO y PD. El FIT lo rechazó.
Recordemos que desde la privatización de las jubilaciones y el Pacto Fiscal de 1992, las provincias cedían el 15% de lo que les correspondía por copartipación para poder sostener el financiamiento de la ANSES que competía con las famosas AFJP.
Esta cesión se sostuvo a través de distintos pactos fiscales con las provincias y disposiciones legislativas hasta Diciembre de 2010. Luego la prórroga se hizo a través de decretos de CFK, lo cual fue objetado judicialmente por varias provincias entre ellas Córdoba, Santa Fé y San Luis que obtuvieron un fallo favorable hacia fines de 2015 donde se ordenaba reintegrar el 15% indebidamente retenido. Tras esto, la presidenta emitió un nuevo decreto mediante el cual resolvía devolver dicho monto a todas las provincias y de un solo pago, el cual fue vetado por el nuevo presidente Mauricio Macri dando apertura a la negociación con las provincias para la firma del acuerdo en cuestión que será parte de la famosa “Ley Omnibus” en el Congreso y necesita ratificación legislativa de las provincias y municipios.
¿Qué dice el acuerdo?
Los funcionarios nacionales sostuvieron que no podía devolverse todo junto, por lo que año a año se irá devolviendo un 3% hasta llegar al 15% en 2020. Es decir que en 2016 se retendrá el 12%; en 2017 el 9%, en 2018 el 6%, en 2019 el 3% y finalmente en 2020 no habría retención de copartipaciones. Judicialmente las provincias podrán reclamar el 15% correspondiente al período 2011-2015.
El 3% que recupera la provincia este año equivale a alrededor de $600 millones de pesos. La verborragia con la que se ha presentado los beneficios de este acuerdo contrasta con las millonarias pérdidas que ha tenido Mendoza producto de medidas nacionales y provinciales a favor del capital concentrado. Por ejemplo la devaluación le implico a Mendoza un crecimiento en $1400 millones de la deuda ya que el 40% se encontraba en dólares; la quita de retenciones a la vitivinicultura unos $500 millones; la baja en la soja unos $130 millones y la rebaja de Ingresos Brutos a YPF unos $500 millones.
El Ministro Kerchner dijo que es la primera vez que se hace “un pacto fiscal a favor de las provincias”, aunque parece no haber visto la situación de conjunto o no quiere que la veamos.
El mismo acta establece la posibilidad de tomar crédito, lo cual implicará un nuevo aumento del ya histórico nivel de deuda de la provincia. Este año serán $1200 millones (equivalente al 6%) y en 2017, 2018 y 2019 lo equivalente a un 3% (que variara en pesos absolutos según la masa coparticipable). Se pagará recién a partir de 2020 a una tasa del 15%, y es saldado con la cesión de recursos coparticipables. Para lograr el aval legislativo, a nivel provincial el Poder Ejecutivo acordó con los intendentes de distintos signos políticos repartir entre los municipios la devolución y el crédito pudiendo usarse tanto para obra pública como gastos corrientes.
El trasfondo del acuerdo
Una de las cuestiones que dejó expuesta la ratificación es el continuo poder de presión que tienen los intendentes justicialistas sobre sus legisladores. Con los caciques negoció Cornejo y fueron ellos quienes a pesar de la negativa de sus diputados y senadores hicieron los llamados antes de la sesión para que den su visto bueno. El destino de recursos unió en esta oportunidad a los enfrentados hermanos Félix con los pertenecientes al Sector Azul en el marco de una creciente fricción interna que puede terminar en la división de los bloques.
Por fuera de las internas provinciales, Cornejo tendrá su ratificación aprobada para viajar a Buenos Aires y mostrar sus buenos oficios al Presidente Macri que espera el tratamiento de la ley ómnibus en el Congreso.
Como bien denunció Noelia Barbeito del FIT, esta ley de la cual es parte el acuerdo, contiene el blanqueo de capitales, la nueva estafa a los jubilados, y otras disposiciones impositivas. Es decir que la aprobación nacional depende también de aprobar toda una serie de medidas que nuevamente beneficiarán a los grupos económicos.
Entre lo más grave se encuentra el desfinanciamiento de la ANSES, ya que el 15% que se irá devolviendo progresivamente, corresponde a fondos del sistema previsional. Esta política de ahogo presupuestario va a tono con las fuertes intensiones de habilitar la venta de acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad abriendo el paso a la nueva privatización y a la suba de edad jubilatoria. Así la caja de la ANSES será nuevamente un motín que usará a su antojo el poder ejecutivo, como lo hiciera CFK para pagar entre otras cosas la deuda externa con fondos tan buitres como el Club de París.
Herencia neoliberal
La provincia de Mendoza está en los niveles más bajos de ingresos por coparticipación con $9000 per capita, solo por sobre Buenos Aires y la Capital Federal.
Esta desigualdad no es necesariamente con otras provincias, sino que parte de que el grueso de los recursos se recauda para la Nación mientras que los servicios básicos como Salud y Educación están descentralizados y deben mantenerlos las provincias. Este esquema ha llevado a un gran deterioro de los mismos. Incluso varias provincias siguen teniendo su propia caja de jubilaciones.
En la misma sintonía vale remarcar la necesidad de terminar con un sistema regresivo de impuestos donde la mayor carga la tiene el pueblo trabajador, y cobrar impuestos progresivos a las grandes fortunas y la renta financiera como medida urgente para invertir en sistemas centralizados de Salud, Educación y Obra pública.
