Esta semana se haría efectiva la intervención del gremio judicial. La Federación Judicial Argentina repudió la intervención y convocó a un estado de alerta y movilización nacional
Miércoles 19 de abril de 2017 12:05
El gobernador Cornejo, finalmente avanzará esta semana en la intervención del sindicato de los trabajadores y trabajadoras judiciales de Mendoza. La semana pasada, el Ministro de Trabajo Jorge Triaca, había avalado la intervención, designando a Hugo Parrino como “delegado normalizador”, quien entraría en funciones esta semana, consumando la intervención del gremio.
Por su parte, en un comunicado público, la Federación Judicial Argentina, rechazó la intervención del sindicato por parte del estado y convocó al estado de alerta y movilización nacional. En el comunicado, la FJA dice que: “Queda claramente expuesta la intención del Gobierno Nacional y su socio el Ejecutivo mendocino, de interferir en la vida institucional del Sindicato a partir de no lograr el disciplinamiento de las y los trabajadores judiciales que luchan por sus legítimos derechos”.
La intervención del sindicato se da luego de que el Ministerio de Trabajo anulara el año pasado las elecciones de los judiciales, donde Adriana Dominguez se impuso por sobre Sergio Mortarotti. Este último había presentado impuganciones al proceso eleccionario por no haberse respetado los plazos de la convocatoria a la junta electoral del sindicato y esto derivó en la anulación de las elecciones. Carlos Ordoñez, Secretario General del sindicato hasta las elecciones pasadas, informó que: “presentamos un pedido en la Cámara Nacional de Apelaciones, porque el ministerio nunca resolvió el recurso jerárquico que presentamos”.
Desde ese momento, el gremio se encuentra sin conducción sindical reconocida. Esto fue aprovechado por el gobernador Cornejo para imponer las paritarias de este año por decreto, ya que consideró “acéfalo” al sindicato. Ahora, avanza con la intervención del mismo, algo que es rechazado por el sindicato, quienes denuncian el intento de violar la libertad sindical y debilitar a los trabajadores y trabajadoras judiciales de la provincia.
