Aunque aún hace falta la discusión en el Senado, la imposición de esta nueva corporación es una realidad. La disputa, según ha declarado el mismo Andrés Manuel López Obrador, tiene su epicentro en la incorporación o rechazo de un artículo transitorio que permite la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
La Izquierda Diario México @LaIzqDiarioMX
Viernes 18 de enero de 2019 01:41
Aunque aún hace falta la discusión en el Senado, la imposición de esta nueva corporación es una realidad. La disputa, según ha declarado el mismo Andrés Manuel López Obrador, tiene su epicentro en la incorporación o rechazo de un artículo transitorio que permite la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
En conferencia de prensa, López Obrador llamó a los senadores a retomar temas descartados por la Cámara de Diputados, en particular sobre la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. "Eso tiene que quedar claro", recalcó el Presidente, "queremos que se reincorpore ese transitorio, entre otras cosas".
El artículo al que se refirió AMLO es el quinto transitorio del proyecto de Guardia Nacional, el cual crea un régimen "de excepción" que permitiría a las Fuerzas Armadas participar en tareas de seguridad pública, funciones que les están prohibidas por el artículo 129 de la Constitución mexicana en tiempos de paz.
Según la propuesta presentada por la administración de AMLO, "los miembros de la policía militar y naval adscritos a la Guardia Nacional quedan exceptuados de la prohibición" contemplada en el mencionado artículo.
La participación de las Fuerzas Armadas en tareas de entrenamiento, organización y ejecución de estrategias de seguridad pública es lo que provocó que esta propuesta de AMLO fuera comparada con el proyecto de Ley de Seguridad Interior, desechada hacia finales de 2018 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Criticada por las consecuencias que, en materia de libertades y garantías individuales, tendría dotar con más facultades a las repudiadas Fuerzas Armadas, la Ley de Seguridad Interior está presente, en esencia, en la nueva corporación de López Obrador. Mientras la primera implicaba únicamente blindar legalmente a estas instituciones, la segunda se presentó como la creación de una "nueva" fuerza, "respetuosa" de los Derechos Humanos por medio de capacitación y bajo la conducción de un mando civil. Sin embargo, las concesiones a las Fuerzas Armadas se mantuvieron e inclusive, se profundizaron.
El intento por apaciguar las críticas asignando un "mando civil" a la Guardia Nacional no es ningún alivio. No hace falta sino mirar a la Policía Federal que, aún con mando civil, es responsable de numerosos casos de tortura y crímenes como Nochixtlán.
Para diferenciarse de su malograda antecesora, la propuesta de Obrador contempla incorporar en la reforma su evaluación y posible disolución al término de tres años de operaciones. Sin embargo, fracasó en hacer que su discurso de "abrazos, no balazos" coincidiera con las propuestas de la administración obradorista en materia de seguridad. Ésta, en los hechos, busca ampliar las facultades de las Fuerzas Armadas, responsables en gran medida de la crisis de violencia y descomposición social exacerbadas en México durante los últimos doce años.
El grado de libertades avaladas legalmente para las Fuerzas Armadas está relacionado directamente con el tema que en realidad preocupa al Ejecutivo sobre el controvertido artículo quinto transitorio, y es en manos de quién queda el control de esta nueva corporación.
De acuerdo a lo propuesto en el Plan Nacional de Paz y Seguridad de Obrador, la Guardia Nacional estaría conformada por elementos del Ejército y la Marina, así como de la Policía Federal. La corporación quedaría adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional, encabezada, desde luego, por un militar a las órdenes del Comandante en Jefe, es decir, López Obrador.
El artículo quinto transitorio, desechado por los diputados, postergaba la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad Pública por cinco años, periodo en el cual estaría a cargo de la Sedena.
Los términos en que la Cámara de diputados aprobaron en lo general el proyecto para la creación de la Guardia Nacional, sin embargo, asestan un revés a la estructura propuesta por el Jefe del Ejecutivo, al rechazar que se postergue por cinco años la adscripción de la nueva corporación a la Secretaría de Seguridad Pública y, por ende, desplazar en el mando a la Sedena.
La decisión de Tatiana Clouthier, diputada del partido Morena de AMLO, de abstenerse en la votación del proyecto y haber presentado una enmienda que ratificaba las reservas por brindar más poder a las Fuerzas Armadas, es sumamente significativa. A pesar de que el no haber votado en contra demuestra que las reservas se debieron más a la forma que al fondo, este gesto de quien fuera coordinadora de campaña de AMLO y en medio de una oleada de cuestionamientos y reclamos por parte de organizaciones defensoras de DDHH no ha pasado desapercibido.
Son al menos trece los artículos constitucionales que, en su momento, Morena ha propuesto modificar para legalizar la actuación militar en tareas de seguridad. Los estándares internacionales de organismos como la ONU o la OEA, de los que México es miembro, establecen a sus integrantes la seguridad pública corresponde a civiles y son otro elemento que tendrá que sortear el gobierno de López Obrador para desplegar una estrategia que busca la permanente militarización del país, que ha costado hasta ahora cientos de miles de desapariciones forzadas, ejecuciones, torturas, incremento exponencial de la violencia patriarcal y desplazamientos forzados.
