El fin de semana pasado se publicó un video confirmando que las autoridades mexicanas torturaron a sospechosos detenidos por el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La Izquierda Diario México @LaIzqDiarioMX
Lunes 24 de junio de 2019
Al estallar el escándalo por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, de quienes aún no se sabe su paradero, se provocó una serie de movilizaciones masivas repudiando el hecho.
Esto causó que las autoridades mexicanas, encabezadas por la antigua Procuraduría General de la República, intentaran salir de la crisis política desatada entonces llevando a cabo una "investigación" para "esclarecer los hechos". Pero dicho proceso terminaría en el fraudulento veredicto de la "verdad histórica" emitido por Jesús Murillo Karam, cuya poca credibilidad le costaría el puesto como "procurador de justicia".
Desenmascarando una vez más el viejo estilo priísta de "hacer justicia", el pasado fin de semana fue publicado un video en el que una persona con la cara tapada recibe golpes y es interrogado por Carlos Gómez Arrieta, quien estuvo a cargo de la policía federal ministerial durante los primeros días de dicha investigación.
Esto deja en entredicho a aquellas instituciones de México que negaron en reiteradas ocasiones el uso de la tortura, a pesar de los distintos testimonios y las pruebas que organizaciones independientes y ONG’s presentaron.
En el video se aprecian intentos de asfixia con bolsa de plástico al detenido y la voz de Gómez Arrieta cuestionándolo.
Se corrobora no sólo la ya mencionada tortura, sino el encubrimiento que las instituciones del Estado en aquel entonces desplegaron con todo su poder en relación a las violaciones a derechos humanos y el entorpecimiento de las investigaciones independientes, lo cual fue denunciado tanto por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) al calor de la disputas con la PGR entre 2014 y 2017.
Instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) mostraron su inutilidad en la defensa de las víctimas porque solamente se encarga, a pesar de ser "órgano autónomo" del Estado, de emitir "recomendaciones" que pueden o no ser acatadas por las instituciones y funcionarios investigados.
Las investigaciones de la CNDH sostenían que "no había evidencia" de tortura a pesar de los testimonios de los mismos detenidos, lo cual el video nos confirma ahora. Gómez Arrieta además continuó en el paraestatal ocupando el segundo puesto más importante de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán desde 2015.
En ese sentido, organismos independientes de derechos humanos, como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Ceprodh), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan", Servicios y Asesoría para La Paz (Serapaz) y el Centro de Análisis e Investigación Fundar (CAI-Fundar) declararon:
"En respuesta a señalamientos como el de la ONU-DH, la PGR (hoy Fiscalía General de la República) negó haber construido la llamada ’verdad histórica’ con base en torturas y afirmó que solamente verificó vejaciones en dos casos. Empero, a más de cuatro años ni siquiera en esos dos casos aceptados se ha actuado legalmente contra los responsables. Esa inercia se ha sostenido incluso en el tránsito hacia la FGR, ya en esta administración.
Es que tras la victoria de López Obrador en la presidencia, se decretó la extinción de la PGR y su transformación en una fiscalía (FGR), algo que estas y otras organizaciones de derechos humanos habían estado exigiendo y popularizaron mediante el HT #FiscalíaQueSirva.
La idea alentaba la ilusión de una colaboración interdisciplinaria entre la FGR y diversas autoridades (del gobierno) y los organismos de DD.HH. (los llamados "organismos de la sociedad civil, OSCs", que es como se denominan jurídicamente las ONGs en México).
Sin embargo, las esperanzas de que bajo la presidencia de López Obrador hubieran cambios sustanciales en la aplicación de justicia se difuminan conforme pasan los días de su gobierno y vemos como las viejas promesas de su campaña electoral van quedando en el olvido.
Prueba de ello fue el burdo intento de imponer en los familiares de los miles de desaparecidos y víctimas de la delincuencia organizada su visión de "perdón sin olvido" para dejar en la impunidad a los responsables de los crímenes (incluyendo los crímenes de Estado como el de la desaparición de los normalistas Ayotzinapa) y en el total abandono jurídico a las victimas de ellos.
Si bien existe un sentimiento real de exigir justicia ante los agravios que el Estado mexicano ha causado históricamente contra su población, también es cierto que estos intentos de aparecer con mayor apertura y transparencia encauzan a las familias y ONGs en interminables laberintos de negociación y "diálogo" para aparentar que el Estado efectivamente cuida a la "sociedad civil".
Así como en los tiempos del PRI, bajo el gobierno actual tenemos que redoblar los esfuerzos y mantener la organización independiente de los partidos del régimen para impulsar la movilización en las calles hasta obtener justicia por nuestros caídos a manos del crimen organizado y la violencia del Estado.
