En un hecho histórico para familiares de mujeres asesinadas en México, el máximo tribunal de justicia del país resolvió que el caso de Mariana Lima Buendía sea reabierto e investigado por las autoridades, como probable feminicidio y no como suicidio. A pesar del fallo de la corte, el asesino de Mariana continúa en libertad y bajo el cargo de agente judicial en el Estado de México.
Miércoles 15 de abril de 2015
El 28 de junio de 2010, Mariana Lima Buendía de 29 años y abogada egresada de la UNAM, fue encontrada sin vida en el interior de su hogar, en el municipio de Chimalhuacán, estado de México. Su asesino y esposo: el agente judicial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), Julio César Hernández Ballinas.
La PGJEM encubrió a Hernández Ballinas, realizando una deficiente investigación en donde se argumenta la causa de muerte de Mariana por un supuesto suicidio y el cierre del caso. Esto a pesar de las declaraciones de su madre, sobre antecedentes de violencia doméstica y amenazas de muerte por parte de su esposo, así como una serie de irregularidades y alteraciones durante el proceso.
En un hecho histórico para familiares de mujeres asesinadas en México, el pasado 25 de marzo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió con carácter “urgente” que el caso de Mariana Lima sea reabierto e investigado por el gobierno de Eruviel Ávila, como probable feminicidio y no como suicidio.
Sin embargo y a pesar del fallo de la suprema corte, la PGJEM no ha retirado de su cargo ni abierto un proceso legal contra Hernández Ballinas; ni brindado protección a la madre de Mariana; ni abierto una nueva investigación con perspectiva de género y de derechos humanos.
El estado de México: bastión de la violencia contra las mujeres
Las diferentes administraciones de la entidad mexiquense se han caracterizado por ignorar y menospreciar los casos de feminicidio y desapariciones de mujeres. Durante la administración de Enrique Peña Nieto (2005- 2011), el estado mexiquense se consolidó como uno de los bastiones del feminicidio y la violencia misógina a nivel nacional. Según datos del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF), de 2005 a 2010 ocurrieron 922 casos y de marzo de 2011 a diciembre de 2012, otros 563 casos en el Estado de México.
Al tiempo en que el fenómeno de la desaparición forzada, el feminicidio y las redes de trata se han disparado alarmantemente, para la actual administración encabezada por Eruviel Ávila “hay cosas más graves que atender”, por ejemplo, la militarización del estado. El abuso, persecución y violencia contra campesinos, trabajadores y luchadores sociales ha sido una constante por parte de las autoridades mexiquenses; así como el uso sistemático de la tortura sexual contra mujeres con el objetivo de quebrar sus luchas y para disciplinarlas políticamente, como sucedió en 2006 en Atenco, y como lo denunciaron el mes pasado indígenas otomíes del municipio de Nicolás Romero.
El aumento de la violencia y el feminicidio en el estado, no se explican sin la gran colaboración entre los gobiernos, las fuerzas armadas y las grandes empresas nacionales y extranjeras. En uno de los estados con mayor intercambio comercial con Estados Unidos, el auge de diferentes sectores de la industria y principalmente el desarrollo de la Industria Manufacturera de Exportación (IME), ha sumergido a miles de trabajadoras y trabajadores mexiquenses en la pobreza, violencia y precarización laboral, con tal de garantizar ganancias millonarias para los empresarios.
Contra el feminicidio y la impunidad: #JusticiaParaMariana
En este contexto es que, frente al asesinato de su hija Mariana Lima Buendía en manos del agente judicial Hernández Ballinas, Irinea Buendía de 62 años, se ha convertido en un referente histórico de lucha contra el feminicidio y la impunidad en México. Desde 2010, Irinea ha buscado incansablemente justicia para su hija, confluyendo con organizaciones feministas y civiles, así como con figuras como Norma Andrade, fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa y luchadora incansable contra el feminicidio en México.
Los familiares de las víctimas tienen que cargar no sólo con el dolor de haber perdido a sus hijas, sino que se enfrentan con gobiernos y funcionarios corruptos y misóginos, para quienes la vida de una mujer pobre o trabajadora, simplemente no vale nada. Además de garantizar la impunidad en los casos de mujeres asesinadas y solapar a los asesinos y cómplices, las autoridades estatales se dedican a hostigar y amenazar a las madres y familiares que buscan a sus hijas desaparecidas.
Las madres de Juárez y el estado de México, son un ejemplo de lucha incansable contra el cáncer social del feminicidio y la violencia contra las mujeres. A sus nombres se suman los de otras mujeres como la activista Marisela Escobedo y la poetisa Susana Chávez, cuyas vidas les fueron arrebatadas en la búsqueda de justicia y por la vida de las mujeres.
¡Ni una asesinada, ni desaparecida más!
El desarrollo de las redes de trata y el feminicidio en el estado de México, se enmarca en la espeluznante cifra de 2 mujeres desaparecidas en el estado mexiquense y 7 mujeres asesinadas a diario en todo el país. Las cifras siguen aumentando de manera alarmante, sin que esto cause preocupación alguna en los gobiernos estatal y federal.
El caso de los 43 normalistas de Ayoztinapa mostró que para luchar por la aparición con vida de todas las mujeres secuestradas por las redes de trata, así como por justicia para las víctimas y sus familiares, es necesario conformar Comisiones Independientes integradas por familiares de las víctimas, activistas contra el feminicidio, investigadores y defensores de los Derechos Humanos.
