A casi un año de la masacre de Ayotzinapa, el informe presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI) es un duro golpe al relato de “verdad histórica” construido por el presidente mexicano Peña Nieto sobre los acontecimientos de la noche de Iguala. Presentamos aquí la opinión de historiador y militante mexicano Manuel Aguilar Mora.
Jueves 17 de septiembre de 2015
Fotografía: EFE
A menos de un mes que se cumpla el primer aniversario de la noche de Iguala, la del asesinato de seis personas (incluidos tres estudiantes) y la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, un golpe mediático vuelve a poner en la primera plana de los medios de comunicación lo sucedido en esa infausta noche.
Para el presidente Peña Nieto las conclusiones de las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI) sobre los asesinatos y las desapariciones ocurridas esa noche presentadas públicamente el pasado 6 de septiembre, representan un tremendo golpe a la credibilidad de su gobierno: la pretendida “verdad histórica” sobre el caso del ex procurador de la República Jesús Murillo Karam que según él cerraba prácticamente el mismo fue hecha añicos con el rosario de conclusiones de dicho grupo. La tristemente célebre “verdad histórica” del gobierno de peña Nieto resultó ser una “mentira histórica”.
Una de esas devastadoras conclusiones en especial retumbó fuerte en la opinión pública: los 43 de Ayotzinapa no fueron quemados en el basurero de Cocula como dijo en noviembre pasado el muy cansado Murillo Karam. Por tanto la exigencia de su búsqueda se potencia un año después de su desaparición y el grito de “vivos se los llevaron, vivos los queremos” será aun más ensordecedor para el gobierno priista.
La estrategia gubernamental de tratar que este caso que se ha convertido en el peor escollo entre tantos problemas que enfrenta esta administración, apenas a la mitad de su sexenio, fuera “superado” y desplazado a un segundo plano, ha fracasado rotundamente. Las informaciones son cada vez más numerosas sobre los actos que se preparan en todo el país desde la península de Baja California hasta la de Yucatán, actos de todo tipo de protestas a realizarse el próximo 26 de septiembre, cuando se cumpla el primer aniversario de la desaparición de los 43 normalistas, día que se ha bautizado como el de “la indignación nacional”, actos que culminarán con la que se espera será una gigantesca manifestación en la ciudad de México que se iniciará a las 12.00 horas. desde la residencia presidencial de Los Pinos y culminará horas después en el Zócalo.
La lucha por la aparición de los 43 se hace más actual, más vigente y definirá aún más profundamente le amplia y creciente oposición popular al gobierno priista que se encuentra prácticamente atorado y cuyas camarillas han comenzado sus pugnas internas para definir precozmente quien será el sucesor de Peña Nieto. Seguramente también en las actos de las protestas del 26 de septiembre muchos gritos de ¡Fuera Peña! se oirán fuertemente en las calles.
Las conclusiones del GIEI no son sorprendentes. Desde noviembre pasado muchas investigaciones, destacando las que aparecieron desde octubre mismo en la revista Proceso, habían señalado las innumerables incongruencias, omisiones e inconsistencias de las argumentaciones expuestas por Murillo en sus explicaciones de lo que llamó la “verdad histórica”.
Por ejemplo, la inverosímil teoría de la incineración en un predio selvático en una noche lluviosa de 43 cadáveres cuya pira debería haber producido una columna de humo de decenas de metros que nunca se vio en los alrededores y que para mantenerla se hubieran necesitado enormes cantidades de llantas y materiales inflamables que los albañiles, que resultaron ser los supuestos ejecutantes y cuyas “confesiones” fueron arrancadas con las torturas de la policía, jamás hubieran podido conseguir con sus exiguos recursos. El experto peruano que el GIEI llevó al tiradero de Cocula consideró que en el lugar no había señales de la supuesta gigantesca pira que para incinerar 43 cadáveres se hubieran necesitado, ni rastros de una hoguera de diez o más horas que seguramente hubiera dejado marcas en el predio cuyos alrededores necesariamente se habrían incendiado.
Igualmente señaló la presencia de un quinto camión ocupado por los estudiantes y ferozmente atacado por sus agresores cuya presencia señalada por testimonios ministeriales fue por completo soslayada en el informe de Murillo. En dicho camión podría estar cierta explicación de la ferocidad que se desató contra los estudiantes pues se considera que el mismo era portador de droga con destino a Chicago.
Otro de los aspectos más polémicos que no deben gustarle nada a Peña Nieto y su gobierno son los pasajes donde el informe trata sobre el ejército. El texto va señalando lo que también ha sido ya una y otra vez mencionado por diversos autores y comentaristas, la presencia imposible de negar del ejército en los acontecimientos. Y, por tanto, una de las recomendaciones más comprometedoras para Peña Nieto es la demanda del GIEI de permitir la apertura de las instalaciones del cuartel localizado en Iguala y el cuestionamiento de los militares involucrados en los incidentes de la noche de Iguala.
El informe del GIEI de casi 500 páginas está lleno de observaciones, puntualizaciones y recomendaciones que los expertos independientes hacen para que el gobierno mexicano reexamine nuevamente sus conclusiones, de hecho propone una nueva investigación sin afirmar claramente su rechazo a la investigación de la “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República (PGR). Pero ha bastado lo anterior para producir el estallido de una bomba mediática que ha obligado al gobierno a reconocer la necesidad de seguir investigando y a aceptar una nueva entrevista de los familiares y sus abogados con Peña Nieto el próximo 23 de septiembre.
Ante esta situación se ha desprendido como lógica la prorrogación del mandato de estancia del GIEI en México para continuar sus investigaciones. Otro resultado no muy grato para el gobierno.
La pregunta que se impone ¿por qué el gobierno de Peña Nieto ha debido aceptar en esta ocasión tal intervención de una parte externa en el caso de la noche de Iguala? Y otra que se desprende lógicamente ¿por qué la OEA, de quien depende CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), la cual a su vez patrocina al GIEI, ha puesto a uno de los gobiernos más importantes de la organización, aliado casi incondicional de Washington, en los apuros en que actualmente se encuentra ante un informe que da nuevos argumentos y bríos a la campaña por la aparición de los 43? La respuesta es la presión nacional e internacional tan impresionante que se ha desplegado en apoyo a los normalistas de Ayotzinapa, solidaridad que le llega también indirectamente a sus aliados más directos y cercanos, los maestros de la CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación)?
El caso de Ayotzinapa ha sido la punta del tempano. La cuestión de los desaparecidos en México es ya una problemática latinoamericana. Hoy el caso de los normalistas trasciende, pues en México hay miles de desaparecidos desde hace más de una década y no se había levantado un movimiento de la magnitud que hoy apreciamos. Esto lo han reconocido las organizaciones de los derechos humanos latinoamericanas.
La solidaridad que se ha desplegado con motivo de los acontecimientos de la noche de Iguala hoy se ha convertido en una poderosa presión internacional que el gobierno mexicano no puede soslayar tan fácilmente. Decenas de organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos humanos han solicitado a Peña Nieto que cumpla con las recomendaciones de la GIEI. Se han expresado en tal sentido las Abuelas de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales, ambos de Argentina; Oficina en Washington en Asuntos Latinoamericanos (WOLA); la Comisión de Paz y Justicia y la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, ambas de Colombia; la Asociación pro Derechos Humanos de Perú; el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela; la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos de Ecuador; la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay; el Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy de Estados Unidos y otras organizaciones parecidas de Bolivia, Costa Rica, Brasil, Honduras, Guatemala, Nicaragua y por supuesto México.
Estrictamente paralelo a estos acontecimientos en México, se producía en el país vecino del sur la gigantesca movilización popular, que culminó con la renuncia y el arresto de Otto Pérez Molina, ex presidente de Guatemala. Inmediatamente este hecho se ha traducido en la opinión popular a la realidad mexicana: ¿por qué en Guatemala y en México no? O de otra forma ¿qué tiene Guatemala que no tiene México? Obviamente a pesar de las similitudes muy grandes con Guatemala, las cuales en el sur y el sureste son muy evidentes, en lo sustancial México es un país muy diferente a su vecino sureño. Aquí el grito de ¡Fuera Peña! todavía tiene que llegar a las grandes masas de trabajadores para que tenga el eco que merece y la fuerza necesaria para hacerlo realidad y además, más que en Guatemala, aquí el sistema es claramente mucho más poderoso en su raigambre nacional (nacionalista) y social que la estructura del poder en Guatemala.
En Guatemala misma la operación de la destitución y detención carcelaria de Pérez Molina debe ser aleccionadora. Sin quitarle el mínimo mérito a la gran campaña popular que logró destituir a este ex militar genocida, no podemos dejar de tomar en cuenta que, en primer lugar la sentencia del 20 de mayo condenando Pérez Molina a 80 años de prisión que representa una conquista popular, ha sido revocada por el más alto tribunal de Guatemala, encontrándose hoy todavía la apelación contra tal nefasta decisión en pleno trámite. Igualmente debe entenderse que el genocida fue sentenciado por un fraude escandaloso y no se tomó judicialmente en cuenta para nada su pasado genocida.
Finalmente en la primera vuelta de las elecciones del 6 de septiembre para elegir al sucesor de Pérez Molina, el candidato ganador ha sido el “independiente” Jimmy Morales, un cómico de la televisión con vínculos directos con los grupos más reaccionaros y derechistas del país que en la segunda vuelta podría ser electo como el nuevo presidente de Guatemala.
Aquí en México la consigna ¡Fuera Peña! debe plantearse junto con un programa alternativo que tenga como meta la instauración de un gobierno de los obreros, campesinos e indígenas que sea el inicio de la lucha por la fundación de una nueva sociedad para evitar que a Peña Nieto lo sustituya otro priista o panista o incluso como se está prefigurando ya como una alternativa adecuada para los grupos capitalistas en el poder, por un “independiente” al estilo de Jimmy Morales.
(*) Manuel Aguilar Mora es historiador y profesor de la UACM, y militante de la Liga de Unidad Socialista (LUS) de México. Autor, entre otros de «El bonapartismo mexicano» y «El escándalo del Estado». El presente texto fue publicado originalmente en el boletín Correspondencia de Prensa
