Este viernes Fernanda Raverta, titular de ANSES, aseguró estar evaluando un bono de fin de año para los jubilados. Tan solo un día antes, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, había sostenido la inexistencia de “esa posibilidad”. Las especulaciones alrededor de los ya miserables ingresos de los jubilados contrasta con la fuerte disposición del Gobierno en pagar miles de millones de dólares al FMI, a costa de ajustar a las grandes mayorías y jubilados.
Viernes 3 de diciembre de 2021 20:04
La titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta, afirmó este viernes que “se está evaluando un bono de fin de año para las y los jubilados”. Lo hizo durante una rueda de prensa con los medios locales que se acercaron a cubrir la inauguración de una nueva oficina de Anses en la ciudad de Miramar, provincia de Buenos Aires.
“Como lo venimos haciendo desde que asumimos como gobierno, seguimos pensando en cómo llegar, atender y asistir mejor a nuestros jubilados y, es por eso, que estamos evaluando la posibilidad de un bono de fin de año”, agregó en una suerte de discurso opuesto a la realidad de las medidas llevadas adelante por el Gobierno en lo que refiere a los haberes jubilatorios y la ley de movilidad.
Apenas un día antes, la vocera presidencial, Gabriela Cerruti había sostenido lo contrario de lo dicho este viernes por la titular de Anses. Fue durante su habitual conferencia de prensa semanal, ante la pregunta de la periodista Cecilia Camarano (Ámbito). Allí, la pregunta apuntó sobre si desde el Gobierno se estaba evaluando “implementar un bono de fin de año para sectores afectados de la sociedad, como los jubilados”. “No se está evaluando, no existe esa posibilidad en este momento” fue la escueta respuesta que dio Cerruti.
Te puede interesar: Cerruti: “No existe la posibilidad de dar un bono de fin de año a jubilados”
Te puede interesar: Cerruti: “No existe la posibilidad de dar un bono de fin de año a jubilados”
La contradicción en las respuestas sobre el tema por parte de ambas funcionarias llama la atención y deja algunas dudas sobre las causas, como la de una posible nueva expresión de las internas que existen al interior de la coalición gobernante. Pero lo que queda expuesto es con qué cuestiones el Gobierno se permite especular y con cuáles no.
Mientras desde el oficialismo se duda es dar o no un bono para los jubilados, que fueron ajustados a fines de 2020 con el cambio de movilidad jubilatoria, y que el 60 % de ellos cobra un haber mínimo de 25.922, es decir un ingreso de indigencia según Indec, en lo que el Gobierno no se contradice ni duda es en la disposición a acordar con el FMI para pagar un préstamo ilegal y fraudulento, que implicará un ajuste aún mayor que el ya puesto en marcha, sobre las mayorías trabajadoras, populares, los jubilados y las jubiladas.
Así lo reafirmó el Gobierno el pasado martes, cuando la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca, confirmó que en diciembre le pagará U$S 1.892 millones al Fondo por un nuevo vencimiento. El monto es equivalente a 2,6 millones de jubilaciones al nivel de la Canasta del Jubilado ($75.505 según el último dato publicado en octubre). También lo hizo este jueves el presidente Alberto Fernández durante las jornadas organizadas por la UIA, donde sostuvo que "debemos resolver el problema de la deuda”.
Te puede interesar: El Gobierno confirmó que en diciembre le pagará U$S 1.892 millones al Fondo
Te puede interesar: El Gobierno confirmó que en diciembre le pagará U$S 1.892 millones al Fondo
Los hechos desmienten lo dicho este viernes por Raverta cuando señaló que “como lo venimos haciendo desde que asumimos como gobierno, seguimos pensando en cómo llegar, atender y asistir mejor a nuestros jubilados”. El año pasado, con la suspensión de la fórmula anterior decidida por el Gobierno para aplicar un ajuste al “gasto” previsional, las subas a jubilados habían quedado en todos los casos por debajo de la inflación y también del aumento que habrían tenido en caso de haber seguido vigente la modalidad de actualizaciones que se había aprobado en 2017, la cual ya había representado también un ajuste a las y los jubilados durante el gobierno de Mauricio Macri.
Además de las cuestiones con las que el Gobierno se permite especular y aquellas en las que muestra una firme convicción, como afirmó unos meses atrás, el defensor de la tercera edad, Eugenio Semino: “Cualquier bono, cualquier asistencia ocasional, sea con el formato que sea, ofrecida a los jubilados y jubiladas de Argentina es una ratificación de su precarización y exclusión social. La mera existencia de ese tipo de asistencias confirma la pérdida de status que la persona jubilada viene sufriendo hace años”.
