Este 11 y 12 de octubre se llevará a cabo la Segunda Conferencia para la Prosperidad y la Seguridad en Centroamérica. México y Estados Unidos serán los países anfitriones.
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Jueves 11 de octubre de 2018 18:53
México y Estados Unidos serán los países anfitriones de la Segunda Conferencia para la Prosperidad y la Seguridad en Centroamérica, que se realizará este 11 y 12 de octubre en Washington, EE.UU. Este encuentro contará con la presencia de los presidentes de Guatemala, Jimmy Morales, Honduras, Juan Orlando Hernández y el vicepresidente de El Salvador, Óscar Ortiz.
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Por parte de Estados Unidos, serán el vicepresidente Michael Pence, el secretario de Estado Michael Pompeo y la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen quienes encabecen este encuentro. En representación de México acudirán el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray y el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete.
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Según informó el Departamento de Estado estadounidense, en esta Conferencia se revisará el "progreso" de los proyectos conjuntos de los gobiernos del llamado "Triángulo Norte" en distintos temas que son factores que impulsan la inmigración ilegal. El "combate" al crimen organizado y las pandillas, así como temas de seguridad local y regional, serán otros de los puntos a abordar.
El 11 de octubre la jornada estará dedicada a la discusión de proyectos en torno a "oportunidades económicas", infraestructura, integración económica y mercados energéticos. El 12, esta cumbre abordará el tema de "cooperación" en materia de seguridad. La jornada estará centrada en inmigración ilegal, crimen organizado y pandillas, así como seguridad regional y ciudadana.
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Injerencia imperialista, expoliación y racismo
Estados Unidos ha recurrido a su conocida retórica de seguridad para justificar su injerencia en el rumbo de las políticas internas de otros países. Argumentando un presunto compromiso con el fomento de un "hemisferio occidental fuerte, vibrante, próspero y seguro", Estados Unidos adelantó también que "ayudaría a brindar mayores oportunidades económicas". Esta promesa nunca ha venido sin un tratado o acuerdo de por medio y sí ha implicado la profundización de los lazos de subordinación sobre otros países.
Esta cumbre se celebra a un mes de que la administración de Donald Trump declarara como una "crisis humanitaria y de seguridad" el aumento de migración centroamericana hacia el norte del Río Bravo. Echando mano de la fórmula racista y criminalizadora que pretende tildar de contrabandistas y traficantes a los miles de trabajadores internacionales que cruzan su frontera, el gobierno de Estados Unidos busca hacer creer que este aumento de casi 40% en el flujo migratorio se debe a los matices a la plena aplicación de la política de "tolerancia cero". Estos ajustes forzados no han significado, sin embargo, cambios sustanciales en las condiciones inhumanas en las que el gobierno estadounidense mantiene retenidos por miles a hombre, mujeres y niños.
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A dos semanas de unas elecciones clave para Trump, no puede descartarse que su gobierno busque llegar mejor posicionado a través de nuevos acuerdos internacionales en materia de migración y seguridad regional (que implica también su estrategia militar, comercial y política), considerando que es precisamente la cuestión migrante uno de los temas que han sido centrales para su administración.
México, por su parte, no tiene mejores credenciales en la materia. El Programa Frontera Sur, impuesto sobre la frontera con Guatemala con el beneplácito de ambos gobiernos, fue por la vía de los hechos una política de persecución, encarcelamiento y deportación masiva de migrantes. Esta tarea recibió del gobierno de Estados Unidos, a través de la Iniciativa Mérida, más de 100 millones de dólares.
Huyendo de la pobreza, la violencia y la persecución política, desde 2007 hasta la fecha, más de 1 millón 400 mil centroamericanos fueron detenidos a su paso por México. Dentro de nuestras fronteras, miles de migrantes quedan a merced de la violencia, la corrupción y la impunidad.
Nada bueno podemos esperar de esta Cumbre los millones de trabajadores, mujeres y jóvenes que enfrentamos día con día los costos de la injerencia yanki, expresada tanto en la imposición -gracias a la complicidad de gobiernos lacayos- de reformas y leyes antiobreras y antipopulares, como en el impulso de políticas como la misma "guerra contra el narco".
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