América Latina. Migraciones: la crisis económica mundial golpea duro a los países dependientes

Las restricciones propias de la pandemia aunadas a la contracción económica del imperialismo estadounidense –en el marco de la crisis internacional– han impactado a millones de personas en Latinoamérica; sin embargo, estos problemas son más profundos en los países más atrasados, cuyo flujo de migrantes se ha extendido en los últimos meses como parte de una tragedia que se avecina y que parece no finalizar, ni siquiera con las promesas de Biden para, supuestamente, mitigar la situación, frenar el muro fronterizo y establecer una política migratoria menos tormentosa, y cuyas medidas han sido criticadas por organizaciones de migrantes ya que, aunque cuestionan algunas de las acciones más xenófobas de Trump, mantienen las restricciones contra los migrantes.

El capitalismo viene generando una situación de gravedad económica producto de la recesión mundial, que produce más precariedad para los pueblos trabajadores de Latinoamérica, pero que se ha profundizado ahora con la pandemia y fenómenos naturales sin que los gobiernos –alineados al régimen yanqui– construyan alternativas con políticas integrales que permitan a la gente salvaguardarse del hambre, la miseria y la violencia.

Los países dependientes del continente, llevan décadas acordando ajustes económicos que no se reflejan en mejoras para la vida de la mayoría de las personas; a través de los acuerdos que plantean los gobiernos con los organismos internacionales como el FMI y el BM, ahondan adeudos multimillonarios creando crisis humanitarias impresionantes, con despojo de familias pobres, hambruna, violencia, precarización laboral, superexplotación, por decir algunos.

Estas deudas resultan impagables y, además, se descargan sobre la clase trabajadora, como en el caso de Guatemala al que el FMI destinó US$594 millones en asistencia de emergencia para contrarrestar el impacto económico y social derivado de la pandemia.

Los gobiernos han puesto de pretexto el posible contagio para impulsar medidas represivas con el uso de las fuerzas armadas contra los migrantes; pero, cabe destacar que no existe registro de la presencia de personal médico o del sector salud ni de protección civil o de derechos humanos en las caravanas, por ejemplo, mostrando que en realidad no les preocupan los infectados. Lo que sí garantizan es la política antimigratoria a como dé lugar que impida el paso de las caravanas hacia el "sueño americano", incluso montándolos en camiones como si fueran bultos y no humanos con peligro de contraer Covid-19.

Pese a que existen derechos humanos que protegen a las migraciones, los respectivos gobiernos, guatemalteco, hondureño y, también, el mexicano, mantienen los cuerpos represivos del Estado a modo de border patrol en sus propias fronteras; aunque esto lo terminamos pagando los pueblos de cada país, quienes también tenemos salarios precarios y vivimos hambre y violencia, ya que las autoridades usan el erario para darle mayor presupuesto a las instituciones militares y policíacas.

En lugar de eso, los impuestos deberían usarse, por ejemplo, para garantizar los derechos humanos de los pueblos en situación de violencia o hambre y que, en su defecto, las personas logren establecerse en el lugar donde puedan vivir en paz, con tranquilidad y con plenos derechos, donde puedan desarrollarse y que hoy por hoy tienen problemas de vulnerabilidad en la emigración y sin un tránsito seguro por el mundo.

Gobiernos sirvientes del imperialismo

Los gobiernos de dichos países dependientes están más preocupados por gastar los recursos del erario en pactos internacionales, como el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular o el Mercosur, pero sin que se usen, objetivamente, para acompañar a los migrantes en su paso por las fronteras o, mejor aún, con políticas que permitan mejorar las condiciones de vida en sus lugares de origen.

Tan sólo en Honduras se estima que existen 7 millones de habitantes en condición de pobreza y pobreza extrema, de acuerdo con el Foro Social de la Deuda Externa y el Desarrollo de Honduras (FOSDEH). Esto resulta muy grave si tomamos en consideración que el país tiene 9.6 millones de habitantes en total. Se estima que 860 mil hondureños perdieron su empleo ante el cierre de las empresas producto de la crisis pandémica y económica actual, agravado por el paso de los huracanes Eta e Iota, afectando a 600 mil personas más que caerán en pobreza, según cálculos del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI).

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Siguiendo esa misma política, a principios de enero, Guatemala se aseguró que los migrantes provenientes de Honduras no traspasaran sus fronteras. Ante estos eventos encontramos fuertes escenas de madres, niños y hombres huyendo por la desprotección en sus propios lugares de origen, que fueron dispersadas violentamente poco después, a macanazos y con gas lacrimógeno, por policías y militares en las fronteras impidiendo su paso.

De tal forma que cada gobierno dependiente abona a que los pueblos, empobrecidos por las mismas políticas neoliberales y endeudados con organismos bancarios internacionales, deban aguantar su propia miseria y no permitir la libertad a que las personas elijan dónde vivir, sirviendo particularmente a los intereses del gobierno estadounidense.

¡Libertad de tránsito para todos los migrantes!

Así como los gobiernos se organizan por arriba no sólo para acordar sus políticas internacionales –como pedir más recursos al FMI o al BM con el pretexto de mejorar las condiciones de vida de la población– sino también para impedir el paso de los migrantes usando las fuerzas represivas del Estado, de la misma manera resulta imperiosa la necesidad de crear un movimiento encabezado por la clase trabajadora, junto a los campesinos e indígenas pobres, jóvenes, el movimiento de mujeres, organizaciones de derechos humanos y democráticas, junto a los migrantes y en defensa de sus derechos.

Si los gobiernos han sido sirvientes de los dictados antimigrantes de la Casa Blanca, nuestros aliados están también del otro lado del Río Bravo: es la clase obrera multiétnica de Estados Unidos, junto a los millones que integran la comunidad latina y migrante, y a los millones de jóvenes y trabajadores que se movilizaron contra el racismo y la violencia policial.