A principios de semana, diputados de la oposición presentaron un proyecto de ley para que la minería entre en cuarentena y funcione con servicios mínimos. Esto debido al gran foco de contagios en las regiones mineras. Pero, algo que no plantea el proyecto más allá de prohibir los despidos, es que no se aseguran las condiciones para los cientos de miles de trabajadores ligados directos o indirectamente a la minería. Los servicios no esenciales como la minería deben paralizar por el bien de la salud y la vida de las familias trabajadoras, pero garantizando todas las condiciones de las y los trabajadores, porque recursos existen. Por lo que la necesidad de un paro regional que garantice todas las condiciones de las familias trabajadoras frente a la pandemia es una tarea de primer orden.
Martín López Trabajador del Litio
Viernes 24 de julio de 2020
El proyecto presentado por los parlamentarios de la región de Antofagasta y O’Higgins, Catalina Pérez (RD), Raúl Soto (PPD), Marcela Hernando (PR), Pablo Vidal (RD), Juan Luis Castro (PS) y Esteban Velásquez (FRVS), contempla que la minería entre en cuarentena por 14 días, cuando se trate de empresas que superen los 50 trabajadores por faena, y el establecimiento de servicios mínimos durante ese período, el cual no puede superar el 45% de la dotación regular. Esto debido al nivel de contagio por COVID-19 que ha alcanzado en las regiones mineras como Antofagasta, O’Higgins y Tarapacá.
A la vez, el proyecto contempla que dicha paralización no puede ser usada como excusa para despedir a las y los trabajadores, anulando la posibilidad del despido por causa mayor o por necesidad de la empresa.
La medida de paralizar la minería es una necesidad dado el alto nivel de contagios, que empeora y profundiza la crisis sanitaria en las regiones como Antofagasta, la cual tiene una de las mayores tasas de incidencia acumulada por 100 mil habitantes según casos confirmados. Lo que no es coincidencia ante los ritmos de la producción minera que no ha cesado un solo día desde el comienzo de la pandemia, en que el 30 a 40% de los casos activos por COVID-19, estarían asociados a trabajadoras y trabajadores estatales y privados de la minería.
Ahora bien, esto debe ser asegurando a plenitud las condiciones de vida, familiares y económicas, de las y los trabajadores ligados directa o indirectamente a la minería, las cuales no pueden sólo reducirse a prohibir los despidos o a una cuarentena formal que dure 14 días, porque en momentos de crisis económica son cientos de miles de familias las que deben sobrevivir.
¿Es posible asegurar estas condiciones? ¿Es suficiente la medida de servicios mínimos que no sobrepasen el 45% de la dotación, cuando existen grandes mineras con más de 10 mil trabajadores? ¿Existen los recursos para enfrentar esta situación?
Una minería manchada con la salud y vida de los trabajadores
El Financial Times, en una columna publicada hace un par de días, decía que Antofagasta ganará más de lo habitual con el repunte brusco de los precios del cobre del 37% de su valor más bajo en el mes de marzo. A la vez, que la región se encuentra bien posicionada debido al nuevo enfoque desde Beijing (China) ligado a los proyectos de infraestructura, el cual ha impulsado la demanda del metal rojo, en un marco internacional donde el principal competidor de Chile, Perú, ha visto disminuida la producción de cobre en un 40% producto de la pandemia.
Esto, a la vez responde al celebrado aumento de la producción cuprífera “chilena”-la gran mayoría en manos de empresas transnacionales- la cual ha crecido en 1,2% los cinco primeros meses de este año alcanzando las 2,4 millones de toneladas, mientras el resto de la actividad económica en el país va en decrecimiento.
Reflejo de esto último son los números publicados por Minera Escondida operada por el grupo anglo-australiano BHP, quienes a principios de semana indicaban que la producción de cobre aumentó un 4% en el año fiscal (julio 2019-junio 2020), el equivalente a 1 millón 185 mil toneladas.
Pero a la vez que los grandes empresarios de la minería celebran, son miles las familias trabajadoras de la minería que se han encontrado arriesgando su salud y vida, son miles los contagiados que colapsan el hospital. Hoy los empresarios cargan con la responsabilidad de más de 5 mil mineros contagiados y 12 muertos, con su punto más crítico en CODELCO que ha cobrado 9 de estas vidas. No es casual que la región de Antofagasta que concentra 52% de la producción nacional de cobre, y que Calama, una de las comunas de la región que concentra una de las mayores concentraciones de la industria minera tenga una tasa de positividad entre el 50% y el 80%.
Un paro regional para imponer el cese de la minería y los servicios no esenciales hasta un real control de la crisis sanitaria ¡Que la crisis la paguen los capitalistas!
Algo que lamentablemente no toca el proyecto de los parlamentarios de oposición en la región, es que se sigue planteando una cuarentena a la altura de las ganancias de los empresarios. Y es que primero que todo, un paralización parcial de 14 días no garantiza un control real de la expansión de la pandemia, son insuficientes los 14 días para volver a producir cantidades récord de cobre. Segundo, no asegura de conjunto las condiciones de las y los trabajadores ligados directa e indirectamente a la minería-que según datos entregados por el presidente del Consejo Minero a El Mostrador durante abril-quienes alcanzarían aproximadamente un total de 900 mil trabajadores a nivel nacional tomando los servicios ligados a la industria minera.
Los recursos existen para garantizar la condiciones de estas miles de familias. Si tomamos los datos entregados por Minera Escondida más arriba, y calculando un valor promedio de la libra del cobre a US$2,4, además el valor del costo de producción, estaríamos hablando de más de 5 mil 900 millones de dólares. Si existiera un impuesto extraordinario del 20% a las grandes mineras, sólo con lo que Escondida ha saqueado durante el último año se podrían recaudar US$1.200 millones, lo que equivaldría a 1.845.600 salarios de emergencia de $500 mil pesos, o dicho de otro modo para garantizar salarios de emergencia a una densidad poblacional tres veces la región de Antofagasta en un mes, siendo Minera Escondida sólo una de las más de 50 grandes mineras que sólo existen en esta región, por lo que incluso se podrían garantizar los sueldos íntegros de las y los trabajadores mineros, como también de aquellos de las industrias ligadas a la minería o un verdadero Plan de Emergencia para enfrentar la crisis socio sanitaria.
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Pero, sabemos que los grandes empresarios respaldados por un Gobierno que juega bajo sus intereses-los mismos que se oponen al retiro del 10% del fondo de pensiones- no entregarán parte de las riquezas que generamos y que van a sus bolsillos fácilmente.
Para esto es necesario exigir a las direcciones de los grandes sindicatos mineros, federaciones, confederaciones y a la CUT, impulsar asambleas de base para levantar un plan que conduzca hacia un paro regional por el cese real de la minería y los servicios no esenciales, que garantice el sueldo íntegro de las y los trabajadores, que apunte a poner las riquezas al servicio de un plan de emergencia que plantee la prohibición de despidos y suspensiones, un salario de emergencia para desempleados y trabajadores informales, como también poner los recursos de la gran minería al servicio de fortalecer un sistema de salud público que responda a la altura de la compleja situación de contagios y muertes, porque nuestras vidas valen más que sus ganancias, que esta crisis la paguen los capitalistas.
Por último, las abismales cifras que muestra la minería en producción y ganancias, versus las actuales condiciones que atraviesan miles de familias trabajadoras quienes nos encontramos pagando los costos de la actual crisis sanitaria y económica, hace a la necesidad de poner en cuestión con la fuerza de la rebelión de octubre al Chile neoliberal heredado de la dictadura, el Chile de los 30 años que entregó nuestras principales riquezas a un pequeño grupo de empresarios privilegiados nacionales y extranjeros. Recuperar los recursos naturales gestionado por las y los trabajadores para poner las riquezas al servicio de las necesidades del pueblo trabajador y pobre, es una tarea fundamental, pero esta sólo se podrá llevar delante de la mano de la organización de la clase trabajadora, las poblaciones y la juventud, retomando la necesidad de una huelga general que logre imponer una verdadera Asamblea Constituyente Libre y Soberana, donde seamos los millones que nos movilizamos en octubre quienes decidamos sobre el destino del país.
