Por medio de un comunicado, el gobierno representado por el Ministerio de Defensa se refirió a los hechos donde el monumento a los Héroes de Iquique en Valparaíso fue manchado con pintura, poniéndolo al mismo nivel que un ataque a un recinto militar y respaldando el uso de la violencia mientras mantiene silencio por caso AK - 47.
Domingo 23 de febrero de 2020
A través de un comunicado, el gobierno por intermedio del Ministerio de Defensa se refirió a los hechos ocurridos este sábado durante la tarde en el cual un grupo de manifestantes ingresó al monumento a los Héroes de Iquique, en la plaza Sotomayor de Valparaíso, y le arrojó pintura, como forma de protesta en el marco del estallido social.
En este comunicado el gobierno condena esta acción, pero además exalta una línea de represión y violencia al colocarla al mismo nivel que un ataque a un recinto militar, expresando lo siguiente: “las Fuerzas Armadas harán uso del derecho a la legítima defensa y todas las normas que las faculten para la protección de recintos militares y de los símbolos patrios bajo su custodia”.
Esto se puede interpretar como una verdadera amenaza si consideramos la controversia que se generó en torno al proyecto de ley que faculta la salida, aún sin mayores protocolos, de militares sin necesidad de decretar estado de emergencia, quienes ya estuvieron cuestionados por su vinculación a las muertes ocurridas en toques de queda durante las protestas de octubre del año pasado.
Además esto contrasta con el silencio que ha guardado el gobierno a la hora de condenar el caso AK-47, donde reconocidos empresarios pinochetistas ligados a Cecilia Morel, esposa del presidente Sebastián Piñera, se encuentran involucrados en el tráfico ilegal de armamento de guerra, que incluye el reconocido fusil soviético pero también un lanzacohetes, los cuales representan una verdadera amenaza y sin embargo no se les querella por Ley de Seguridad Interior del Estado.
A todas luces, estas declaraciones vienen a reafirmar la línea del gobierno de seguir ejerciendo sistemáticamente la violencia estatal contra quienes buscan mejores condiciones de vida y rechazan el legado de la Dictadura y la Transición, de cara a la entrada de marzo y el proceso de plebiscito para una nueva Constitución.
