Tras el desastre social en el norte, donde según cifras entregadas por la ONEMI ya van 26 muertos, 120 desaparecidos y 29.741 damnificados; el Gobierno decretó Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe en la III región, por lo que las FF.AA tienen el control de las localidades.
Martes 7 de abril de 2015
Para el ministro Burgos la presencia de estas en las calles “es un patrimonio”, sin embargo, esta institución manchada con sangre sigue siendo fuertemente cuestionada por los miles de crímenes de lesa humanidad que se mantienen impunes.
El Estado de Excepción fue establecido para la región de Atacama, sin embargo, tanto en esta como en la región de Antofagasta hay miles de integrantes de las FF.AA, Carabineros y PDI en las calles, supuestamente para resguardar el “orden”, evitar posibles saqueos a supermercados y locales comerciales, en general, para cuidar la propiedad privada. Son más de 6500 uniformados en ambas regiones, de estos 4500 son del Ejército, 892 de la Armada y 120 de la FACH. Para el ministro Jorge Burgos, la presencia de estas instituciones en las calles “es un patrimonio frente a situaciones de emergencia como esta”.
Burgos no sólo planteó sin reparos que estas instituciones son un “patrimonio” para todos los chilenos, sino que también aseguró que fueron momentos “complejos” los ocurridos durante la Dictadura Cívico-Militar, pero que “el desarrollo institucional de Chile durante los últimos 25 años, y el espacio que se ha ganado, de normalidad definitiva entre el mundo civil y las FF.AA., han contribuido a entender que, frente a eventos como el del norte, la presencia de FF.AA. en la calle (…) son una buena noticia”.
¿Pensará lo mismo la familia de David Riquelme Ruiz, quien fue asesinado el 10 de marzo de 2010, a pocos días del 27F, por integrantes de la Infantería de Marina? La situación era de “catástrofe natural”, “inseguridad” según el Gobierno, toque de queda, Estado de Emergencia decretado por las autoridades. Según información sobre este caso, Riquelme fue a comprar cigarros con un amigo, fueron detenidos por una patrulla de infantes de marina, golpeados duramente, esposados y llevados en una camioneta de dicha institución, hasta que las víctimas fueron dejadas en una cancha llamada “Los halcones”, en la población Triángulo (Cambio 21, 13 de marzo de 2015).
David, quien padecía de epilepsia, falleció debido a los constantes golpes, mientras que su amigo logró sobrevivir. Los infantes de marina estuvieron sólo tres meses en prisión preventiva, y actualmente están libres, demostrando una vez más la impunidad de la que gozan las FF.AA y del “orden”.
Hoy, cinco años después y en medio de un desastre social, donde las autoridades tienen directa responsabilidad (al igual que en el 27F), donde las cifras de muertos y desaparecidos cambian día a día, sin claridad absoluta, en medio de una tremenda crisis política que golpea al conjunto del régimen institucional, el ministro Burgos se atreve a asegurar que las FF.AA son un “patrimonio”, sin cuestionar nada de fondo, buscando relegitimar una institución fuertemente cuestionada por los miles de crímenes de lesa humanidad que siguen impunes. ¿No será que al Estado de Chile le interesa proteger su la propiedad privada, no será que se teme mayores cuestionamientos y manifestaciones sociales en las zonas afectadas?
Impunidad a vista y paciencia de los gobiernos de turno
Mientras Burgos intenta lavarle la cara a las FF.AA, de Carabineros y PDI, según últimos informes entregados por organizaciones de Derechos Humanos como Londres 38, el propio INDH, o instituciones educacionales como la Universidad Diego Portales (en su Laboratorio de Derechos Humanos); en Chile sólo existen 67 casos de ex agentes de seguridad de la dictadura de Pinochet que se encuentran cumpliendo penas de cárcel, 76 han sido simbólicamente “condenados”, mientras que siguen abiertas 350 causas por desapariciones, torturas, encierros ilegales o conspiraciones, que involucran a unos 700 militares y agentes civiles. Ya en el 2011 se estimó un total de 40 mil las víctimas de la Dictadura, 3.225 muertos o desaparecidos, mientras que el resto fueron encarcelados y torturados.
La impunidad permitida por todos los gobiernos post dictadura es descarada. No sólo porque los represores y asesinos están libres, sino también porque los que se encuentran “pagando condena” lo hacen en lujosas “cárceles vip”, tal como si estuviesen de vacaciones, con una serie de beneficios (amplios dormitorios, cocina, sala de estar, canchas de tenis, etc) que jamás se darían en las hacinadas y paupérrimas cárceles comunes de Chile. Es el caso de Manuel Contreras quien permanece cumpliendo una condena de 436 años de cárcel en el conocido Penal Cordillera, donde se le entregan múltiples favores o también es el caso del primer director de la CNI, Odlanier Mena, quien también está recluido en dicho establecimiento y al que incluso se le vio paseando en el Mall Parque Arauco.
Otros permanecen aún libres e impunes, incluso ejerciendo cargos públicos durante años como es el caso de Labbé, mientras miles de familias aún siguen luchando por verdad y castigo para los asesinos y torturadores de la dictadura, o como el caso de la familia de David Riquelme, actualmente exigiendo justicia por un crimen cometido hace ya cinco años. Con todos estos antecedentes concretos y con una institución que tiene una historia manchada con sangre, difícilmente la población va a volver a confiar en las FF.AA y menos relegitimarlas como sí lo quieren las autoridades del país.
