Educación. Ministros de educación posan para la foto #NiUnaMenos

A seis años de sancionar la ley, están proponiendo garantizar aspectos básicos como la escolarización de niños y adolescentes que se vean afectados por un cambio de residencia debido a una situación de violencia o la inclusión de contenidos mínimos en la temática de violencia contra las mujeres. Son varias las leyes involucradas que están sancionadas, pero no se aplican, o no se reglamentan, empezando por la Ley 26.485 contra la violencia de género, que votó el Congreso nacional en 2009 y que ni siquiera tiene asignados los fondos necesarios.

La foto en si misma choca ante la realidad. En Argentina, como en el mundo, las mujeres son las más pobres. Se habla de una generación “ni ni”, de jóvenes que ni estudia ni trabaja, pero lo que no se dice es que por ejemplo, del total en la provincia de Buenos Aires, el 75% son mujeres.

La violencia se expresa en diferentes formas, y si de educación hablamos, una deuda más que pendiente de la década ha sido la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral: abordar los estereotipos y educar contra toda forma de violencia es una aspiración de toda la docencia desde el Nivel Inicial. El Estado sigue negando la aplicación de esta legislación, otorgando a las iglesias poder pedagógico y de veto sobre los contenidos escolares.

Según la ley, se debe garantizar: “la inclusión de los contenidos mínimos curriculares de la perspectiva de género, el ejercicio de la tolerancia, el respeto y la libertad en las relaciones interpersonales, la igualdad entre los géneros, la democratización de las relaciones familiares, la vigencia de los derechos humanos y la deslegitimación de modelos violentos de resolución de conflictos”. Esto no se garantiza.

Según las declaraciones de Sileoni, se busca la aplicación del artículo 11 de la Ley de Protección Integral de la Mujer, que entiende por violencia contra las mujeres “toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal”. Pero en la realidad, es el propio ministerio que desde hace años desvaloriza el trabajo de miles de educadoras en todo el país, no sólo con ataques verbales, o en los discursos de Cristina Fernández, sino que las condiciones laborales que imponen significan un verdadero maltrato: salarios que no alcanzan, edificios en condiciones deplorables, retraso en los pagos, recorte de derechos, etc.

El titular de la cartera educativa anunció que los días 25 y 26 de junio próximos se realizarán Jornadas contra la Violencia de Género y el Femicidio, donde habrá paneles con especialistas y talleres para que directivos, docentes y alumnos compartan sus experiencias sobre el tema. “Las leyes por su sola vigencia no ordenan el mundo, porque hay prejuicios milenarios que son difíciles de desterrar”, afirmó.

Pero en las escuelas, la tarea docente, y por mandato social, está mayoritariamente ocupada por mujeres. No sólo maestras, profesoras, preceptoras y auxiliares. Las escuelas congregan madres, alumnas, hermanas, primas, hijas, que se hacen cargo de la tarea de crianza, cuidado, educación de niños, niñas, adolescentes e incluso adultos. Embarazo de adolescentes, queridos o no queridos, madres golpeadas, “noviazgos violentos”, compañeras que sufren violencia, niños y niñas en riesgo, niñas que desaparecen y eran alumnas de una escuela, las vivencias cotidianas de la violencia en las escuelas requieren de algo más que una foto y de leyes.

La Ley de Educación Sexual Integral, ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes o la ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar las violencias Contra las Mujeres, toda esa legislación existe. Lo que no hay es voluntad política de desarrollar medidas básicas, no sólo de su reglamentación y ejecución sino también de enfrentar la incumbencia de la Iglesia en la educación, que en provincias como la oficialista Salta, impuso la religión como materia obligatoria.

Las docentes a lo largo y ancho del país saldremos a decir “NiunaMenos. Ni una menos por femicidio, ni una menos por violencia de género, ni una menos por trata.

Porque ya hemos visto lo que han hecho y porque sabemos lo que no hacen, no les creemos. Por eso nos queremos organizar para pelear por todos nuestros derechos.