Pese a que lo disfracen, el pacto social sostiene las ventajas impositivas otorgadas a los empresarios durante el gobierno macrista. Además se preservan los recortes del gasto público como la suspensión del IFE a 187 mil jujeños y las paritarias miserables.

Gastón Remy Economista, docente en la Facultad de Cs. Económicas de la UNJu. Diputado provincial del PTS - FITU en Jujuy, Argentina.
Viernes 4 de diciembre de 2020 22:00
El primero en estampar su firma en el pacto fiscal que regirá en 2021 fue el gobernador, Gerardo Morales. Acusó “problemas de agenda” para no estar junto a los 21 gobernadores que siguieron los protocolos de la procesión frente al Presidente firmando al unísono.
Algunos señalan que Morales prefirió evitar la foto que dejó afuera al jefe de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, quien tuvo un revés a partir de la aprobación en el Congreso del recorte en la coparticipación con el fin de financiar a la Policía bonaerense. Los diputado nacionales de Morales, se ausentaron ayer al momento de votar el proyecto enviado por el Frente de Todos.
El presidente Fernández en el acto junto a los gobernadores intento explicar que no se trata de un nuevo ajuste sobre las cuentas públicas, intentando desmarcarse del pacto fiscal 2017 firmado por los gobernadores y Macri. Así aclaró que cuando hablaba de "responsabilidad" no lo hacía con el sentido que le dieron "años atrás", cuando "la responsabilidad significaba ajustar".
Sin embargo, la realidad demuestra lo contrario. El presupuesto 2021 del Estado nacional trae fuertes recortes en el gasto social, en salud, en educación, en las universidades, junto con la eliminación del IFE que en provincias como Jujuy cobraba el 25% de la población (187 mil personas).
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Pero el ajuste también lo aplica el gobernador, Gerardo Morales, quien otorgó una paritaria este año del 10% en dos cuotas, lo cual implica una pérdida en promedio del 18% del poder adquisitivo de los salarios de los empleados estatales y municipales.
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Respecto al pacto fiscal que acaban de firmar se prórroga hasta el 31 de diciembre de 2021, la suspensión de la rebaja de las alícuotas de ingresos brutos que recaudan las provincias y estaba pautada por el pacto fiscal 2017. Los avances en beneficios fiscales a grandes empresarios que recibieron recortes en el ingresos brutos hasta 2019 inclusive se mantienen.
En un cálculo estimado con algunos de los principales actores económicos de la provincia en 2019, con estos beneficios de rebajas sobre ingresos brutos, el Estado provinciales dejó de recaudar cerca de 900 millones de pesos. Visto de otra manera, el Estado dejó de recaudar esta suma para dejarla en manos de unos poco empresarios.
A su vez, las mineras que por Ley desde 2001 no pagan ingresos brutos, se ahorraron una suma cercana a los 726 millones de pesos, si consideramos las exportaciones del año pasado de este sector que explota los minerales de la provincia. O sea, el Estado se privó de estos recursos.
Como con Macri, ahora con Alberto Fernández, sigue a los pies de los gobiernos que implementan ajustes sobre el pueblo trabajador, benefician a los grandes empresarios, todo en nombre de que las cuentas cierren de acuerdo a lo que ordena el FMI. Hay que enfrentarlos con la fuerza de la clase trabajadora en las calles.

Gastón Remy
Economista, docente en la Facultad de Cs. Económicas de la UNJu. Diputado provincial del PTS - FITU en Jujuy, Argentina.