El 6 de julio de 1976, en un operativo del Ejército, la policía provincial, la Federal y el Servicio Penitenciario, once presos políticos fueron acribillados en el paraje Palomitas, de Salta. A 40 años, organismos de DDHH convocan a movilizarse.
Matías Mustafá Corresponsal Salta
Miércoles 6 de julio de 2016 09:34
La semana pasada desde La Izquierda Diario conmemorábamos a estudiantes y trabajadores desaparecidos de la UNSa durante la intervención federal de la provincia, por medio de una nota realizada en dos entregas (acá y acá) . En esta oportunidad acercamos a los lectores una entrega sobre la Masacre de Palomitas.
Hace 40 años, el 6 de julio de 1976, en un operativo montado por el Ejército, la policía provincial, la Federal y el Servicio Penitenciario, 11 presos políticos fueron sacados del penal de Villa Las Rosas para ser acribillados en el paraje Palomitas, en la localidad de Güemes. En ese mismo operativo fueron asesinados tres mujeres y dos hombres presos políticos del penal de Jujuy.
El ataque fue perpetrado a menos de una semana de la explosión de una bomba en la Superintendencia de la Policía Federal en Buenos Aires, atentado que fue atribuido a Montoneros y que los represores utilizaron para fraguar una serie de ataques que en siete días registró 95 muertos en todo el país.
Alberto Sabransky de profesión médico; Rodolfo Usinger que era ingeniero electrónico; María Amaru Luque y Georgina Droz, que era docente en la UNSa, militaban en Montoneros. Roberto Oglietti, estudiante de la facultad de Ciencias Naturales de la UNSa; Evangelina Botta, de profesión psicóloga; José Povolo y Benjamín Ávila, que trabajaban como comerciantes; María del Carmen Alonso, arquitecta y familiar del ex gobernador desaparecido Miguel Ragone; y la docente Celia Leonard, eran parte del ERP. Pablo Outes era un ex diputado radical.
La Masacre de Palomitas fue un capítulo más de la escalada represiva contra militantes y activistas, trabajadores en su mayoría, que se desataba en esa época a lo largo y ancho de todo el país. Fue parte del genocidio que llevaron adelante militares junto a empresarios nacionales y extranjeros, con la complicidad de sectores de la iglesia, ante el ciclo de levantamientos obreros y populares abierto con el Cordobazo en el `69.
Dos semanas después de la Masacre de Palomitas, la patronal del Ingenio Ledesma, de la localidad jujeña Libertador General San Martín, llevó adelante un operativo que se conoció como “Apagón de Ledesma”. Con la decisión firme de Pedro Blaquier, quien por estos días sigue gozando de impunidad, las fuerzas del Ejército, la policía de la provincia de Jujuy y la Gendarmería, secuestraron y torturaron a 400 trabajadores, familiares y militantes populares, 33 de los cuales permanecen desaparecidos.
En el caso de la Masacre de Palomitas, recién en el año 2010 fueron juzgados tres altos mandos del ejército que tuvieron responsabilidades directas. Pero aún hoy un personaje que tuvo un papel destacado y por demás macabro en la desaparición de Miguel Ragone y Palomitas, y que se encargó de que no prosperasen numerosas investigaciones requeridas por las denuncias y habeas corpus presentados por familiares de víctimas de la dictadura, continúa impune, gozando de prisión domiciliaria. Es el caso del ex Juez Federal Ricardo Lona.
