Dos casos recientes de mujeres privadas de su libertad, que dieron a luz esposadas a la cama en los Hospitales de la provincia de Buenos Aires. Ante una multitudinaria movilización al grito de “Ni una menos”, el Estado muestra su verdadera cara siendo responsable, una vez más, de la violencia hacia las mujeres.
Celina Tidoni Abogada del CeProDH Rosario
Martes 9 de junio de 2015
La violencia institucional que condena a pobres de todo el país a vivir bajo estados inhumanos de detención, la vemos encarnada en dos recientes casos que conocimos. Uno es la historia de una joven que dio a luz a una bebé mientras su pie estaba amarrado a la cama con esposas, ante lo cual se denunció por torturas al Servicio Penitenciario Bonaerense y a las autoridades del Hospital San Martín de La Plata donde ocurrieron los hechos; lo mismo ocurrió, por la orden de los guardas, con una joven que se encuentra atada a una cama del Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora, y que bajo esas situación dio a luz hace dos meses; desde ese momento permanece en esas condiciones y sin recibir tratamientos acordes a su diagnóstico, un cuadro de sífilis y tuberculosis en fase de contagio, con pérdida de masa corporal y los pulmones comprometidos.
Desde la Comisión Provincial por la Memoria se realizó una presentación de Hábeas Corpus ante el grave estado de salud de la víctima, quién manifestó que antes de estar alojada en esa habitación la mantuvieron durante cuatro días en el pasillo de la planta baja del hospital, acostada en el piso sobre una manta y sujetada con grilletes de pies y manos a las patas de una camilla, a la vista de todas las personas que pasaban. Antes de esto recibió amenazas de la policía que ingresaba al hospital a amedrentarla, y que le habían propinado una golpiza durante su detención.
Pero este no es un caso aislado, como lo venimos reflejando en La Izquierda Diario. Son innumerables los casos de personas privadas de libertad que sufren violaciones a los derechos humanos. ¿Casualidad? Más bien dejan en claro la necesidad del Estado de mantener a raya al pueblo pobre, atestado en las cárceles de todo el país. Hoy vemos una faceta más de esta violencia institucional y es la connivencia de un sistema de Salud de clase, que viola sin cesar los tratados internacionales y toda normativa constitucional para disminuir a una persona a este estado inhumano.
La hipocresía de funcionarios, figurando mientras levantaban los carteles de Ni Una Menos, se perpetúa ante la violación sistemática de los derechos de las mujeres como en estos casos aberrantes.
