El gobierno responde con represión asesina a los disturbios por el hambre en el oriente del país. 33 detenidos, varios heridos y un asesinado en la represión de la GNB y policías regionales, es el saldo de ayer solo en Upata. El pueblo expresó su enojo denunciando en el mismo asfalto donde cayó el manifestante, y repudió el hecho en video difundido en redes.
Viernes 24 de abril de 2020
El miércoles 23 de abril estalló la ciudad de Upata en el estado Bolívar. La población se concentró en el mercado municipal protestando por los altos precios de los productos básicos. La rabia y la desesperación desembocaron en saqueos de varios comercios, como también sucedió el día anterior en Cumanacoa (Sucre), y ayer mismo en Punta de Mata (Monagas) y Guanare (Portuguesa).
La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la policía estadal y del municipio Piar reprimió al pueblo hambriento con armas de fuego. Denuncian también que se habría usado grupos parapoliciales, los mal llamados “colectivos”. Dejando un saldo oficial de 33 detenidos y varios heridos.
Pero lo que más impacto causó en el pueblo de Upata fue el brutal asesinato de Charlis Antonio Núñez Palma, de 29 años, quien recibió dos disparos en la cabeza a manos de la Policía de Piar.
Este hecho fue inmediatamente repudiado por los manifestantes, que escribieron en el asfalto donde cayó el fallecido “Murió por hambre / Polipiar”.
Los habitantes de Upata grabaron un video manifestando su enojo ante el hecho, difundido en redes sociales.
🔴 #ATENCIÓN Un hombre fue asesinado en medio de un saqueo a un negocio en la calle independencia de Upata. Testigos apuntan a la policía de Piar #23Abr https://t.co/6OuzxY3eyc pic.twitter.com/5TnJ3vuwdF
— NTN24 Venezuela (@NTN24ve) April 23, 2020
El gobernador del estado Bolívar, el mayor general (r) Justo Noguera, confirmó en horas de la noche el hecho, declarando que el funcionario había sido puesto a las órdenes del Ministerio Público, aunque sin revelar su identidad. Discrecionalidad que contrasta con la forma en que se expone la identidad de los acusados por delitos comunes en órganos oficiales del Estado y redes, o incluso a los acusados por “alteración del orden público” al manifestar.
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La fuerza con la que se reprime a las protestas por hambre y de sectores obreros y populares en lucha es parte de una política de Estado y no la mera arbitrariedad de funcionarios individuales. Esta se expresa también en las ejecuciones extrajudiciales a manos de la policía en los sectores populares, que suman más de 5000 muertes cada año.
Es necesaria la más grande organización de la clase obrera y los sectores populares para poner un freno a la catástrofe nacional. Luchemos por imponer comités barriales que, sin subordinarse al gobierno ni a los militares, que se hagan cargo de la distribución y fijación de los precios de los productos de la cesta básica, en alianza con los trabajadores de la industria alimentaria y afines. Discutamos un plan obrero y popular de emergencia de salida a la crisis
