Según investigadores y especialistas en estudios de seguridad nacional, con la pandemia ha habido un incremento en la actividad de los cárteles y en la confrontación entre los mismos, esto se da de manera paralela al aumento en las cifras de violencia en México.
La Izquierda Diario México @LaIzqDiarioMX
Martes 7 de julio de 2020
La pandemia obligó a los cárteles a buscar rutas alternas para el tráfico de drogas, esto a su vez ha generado mayor conflicto entre los mismos, según un informe del Real Instituto Elcano.
Este gremio ilegal se ha visto afectado por la alta disminución del turismo así como por el cierre de fronteras que ha dificultado la importación de componentes, como la hoja de coca, y la exportación de drogas. Un ejemplo de esto es el Cártel de Sinaloa, el cual obtiene componentes químicos de la heroína importados de China, donde los consiguen a bajo precio.
En dicho informe, los investigadores señalaban que Quintana Roo es una “ruta muy importante de tránsito de drogas y otras mercancías hacia Estados Unidos. Esta actividad va a seguir haciendo atractivo para el crimen organizado el control de sus territorios.”
Según el informe del instituto español, titulado ¿Cómo afecta el SARS-CoV2 a los mercados de metanfetaminas?, la violencia provocada por el crimen organizado en México puede agravarse con la pandemia, esto por el grado de penetración en el Estado, la impunidad ante el narco y el aumento de la presencia de las Fuerzas Armadas.
Sumado a esto las políticas permisivas del gobierno de la 4T hacia las empresas, han dejado a más de 12 mil personas en la desocupación, esto puede reflejarse en que miles entren a las filas del narcotráfico al no encontrar alternativa laboral, pues los planes asistenciales del gobierno son altamente limitados y con las perspectivas de crisis económica, terminarán por agotarse.
Las consecuencias ya se comenzaron a ver desde hace meses. El 7 de junio fue el día más violento registrado en la historia del país con 117 homicidios; Chihuahua y el Estado de México fueron las entidades con más casos, 11 cada uno.
En las últimas semanas aconteció el intento de atentado al Secretario de Seguridad de la CDMX y además de han reportado altos picos de violencia en municipios de Guanajuato como Irapuato con tres ataques a anexos ilegales en tan sólo un mes. En zonas de estados como Guerrero, los cárteles han impuesto toques de queda.
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Pero el tráfico de drogas es sólo una parte del comercio de los cárteles mexicanos. Según Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se han registrado mil 831 operaciones “inusuales” de los cárteles como La Unión Tepito y el Cartel de Santa Rosa Lima, de estos 1,058 fueron por trata de personas, 62 por corrupción de menores y 49 por tráfico de órganos. Tan sólo estos dos cárteles operan en la Ciudad y el Estado de México, Guerrero, Nuevo León, Oaxaca, Veracruz y Guanajuato.
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No es casual entonces que la violencia no haya cesado durante la cuarentena, si no incrementado. Si entendemos el contexto de fondo, las medidas de los gobiernos que pretenden combatir la violencia hacia la mujer y la violencia en general son sumamente impotentes, pues muchas de ellas contemplan un aumento de las fuerzas armadas y policía, mismas que están coludidas con el narco.
Según algunos funcionarios y analistas, el incremento en la actividad del crimen organizado y de la violencia en el país, se debe a que el ejército está enfocado en atender el sector salud así como a los contagios de policías.
Pero de los 90,000 elementos de la Guardia Nacional sólo 4,700 están destinados a hospitales. Además está comprobado que mayor presencia de militares no implica una reducción de la actividad de cárteles ni mucho menos en homicidios y feminicidios, sino todo lo contrario.
Las políticas para fortalecer el actuar de las fuerzas represivas del Estado, desde la guerra contra el narco, Rápidos y Furiosos, la Alerta de Violencia de Género y ahora la Guardia Nacional, no sólo han sido completamente ineficaces para enfrentar al crimen organizado y la violencia derivada de su actuar, sino que han cumplido el objetivo contrario.
López Obrador llegó al gobierno diciendo que iba a desmilitarizar el país, terminar con la mal llamada guerra contra el narco y que no combatiría “el fuego con más fuego”, pero a dos años de su gestión ha seguido los pasos de los gobiernos del PRI y el PAN y los ha perfeccionado, continuando así con la subordinación a los mandatos de la Casa Blanca, la primera interesada en convertir a los militares mexicanos en su Border Patrol.
La única manera de combatir realmente al narcotráfico es legalizando las drogas, que si bien no es lo único con lo que comercian, si implica un porcentaje importante de sus millonarios ingresos. Son millones de campesinos y jóvenes explotados por los capos del narco pues este no es un sector regularizado por el Estado. Es éste el que debe monopolizar el comercio de las drogas, mismo que debe funcionar bajo control de sus trabajadores y así evitar que sean unos cuantos los que se sigan enriqueciendo a costa de millones.
A su vez es urgente que todos los sectores afectados por las políticas de militarización -que irónicamente no es el narco-, como los pueblos indígenas, defensores de la tierra, los jóvenes criminalizados por consumir o por simplemente ser jóvenes y pobres, los trabajadores, las mujeres y la diversidad sexual, nos organicemos para imponer la inmediata desmilitarización del país. Las fuerzas armadas no combaten al narco están coludidos con él, por lo contrario funcionan para reprimir al pueblo pobre y trabajador.
