Se trata de Vladimir Pizarro Baltras, ex militante de Renovación Nacional y ex funcionario de la Delegación Presidencial de Antofagasta durante el gobierno de Piñera, quien, a finales de octubre de 2021, fue detenido tras un control carretero policial. El objetivo era acreditar que se dedicaba al transporte de droga, cuestión que fue comprobada in situ. Casi un año después del hecho, fue condenado a 13 años de cárcel.
Jueves 22 de septiembre de 2022
A 13 años de cárcel fue condenado el ex militante de Renovación Nacional y ex funcionario de la Delegación Presidencial de Antofagasta durante el gobierno de Piñera, Vladimir Pizarro Baltras, quien cometió el delito de tráfico ilegal de estupefacientes, sumado al porte y tenencia ilegal de arma de fuego prohibida, con sus respectivas municiones.
El bullado caso se dio a conocer a finales de octubre de 2021 cuando, tras un control carretero policial, Pizarro fue detenido junto a otros sujetos que transportaban droga. De manera descarada, el entonces militante de la derecha y cercano a los círculos de la actual senadora RN Paulina Núñez, manejaba un vehículo que tenía logos del Gobierno, un método que utilizaba para evitar fiscalizaciones.
Al momento de ser fiscalizado, a Pizarro se le incautaron 22 kilos y 424 gramos de marihuana. Su detención remeció a la Delegación Presidencial de Antofagasta, en ese entonces liderada por el también RN Daniel Agusto.
El caso generó un amplio cuestionamiento, especialmente por la ligazón de partidos políticos tradicionales con redes de narcotráfico u otros delitos; esto, además, considerando el tránfugo episodio ocurrido en la comuna de San Ramón, Región Metropolitana, donde el alcalde de ese entonces y militante del Partido Socialista, Miguel Ángel Aguilera, tuvo que dejar el cargo tras establecerse la prisión preventiva en su contra por estar siendo investigado por los delitos de enriquecimiento ilícito; por más de $263 millones; cohecho, por $17 millones, y lavado de activos entre los años 2013 y 2017… Un caso emblemático de la “narcopolítica” y la corrupción en los partidos del régimen.
En este sentido, lo ocurrido en Antofagasta golpea, una vez más, a partidos de la derecha chilena y a reconocidas figuras como la actual senadora Paulina Núñez, quien fue cuestionada por los propios presidentes de los cuatros partidos oficialistas en el gobierno de Piñera, los que a través de una carta criticaron a la entonces diputada por ser responsable de "las decisiones de vinculaciones y desvinculaciones laborales del gobierno regional, que han pasado por el visto bueno de la parlamentaria de RN de la Región de Antofagasta". Los cuestionamientos también estuvieron dirigidos hacia Agusto por estar al mando de la DPR.
Hoy, el caso se cierra con una condena de 13 años de cárcel, que hasta el final tampoco se sabe si serán efectivas o no, considerando otros ejemplos que quedan en impunidad. Pizarro deberá, además, pagar una multa de 5 UTM como autor del delito consumado de receptación de vehículo motorizado. También deberá pagar otras 50 UTM, además de la suspensión de la licencia de conducir por dos años, debido al uso de placas de otro vehículo.
La agravante del caso es que su delito lo cometió siendo el supervisor de drones de seguridad de la DPR Antofagasta… Este cargo lo ejercía sin contar con un título profesional acorde a sus funciones, un elemento que también dejó pasar Núñez, quien fue apuntada como cercana a Pizarro. En su defensa, cuando se destapó el escándalo, la entonces diputada se subió al carro “de la lucha contra el narcotráfico y la corrupción”, presentando una querella “contra los miserables que resulten responsables”, junto al diputado José Miguel Castro. Encrispados se desmarcaron de los involucrados y manifestaron estar por la expulsión inmediata del ex funcionario.
Sin embargo, pese a la condena y a las acciones hipócritas realizadas por estos parlamentarios, continúa abierto el cuestionamiento a los partidos del régimen “y a la clase política”. No solo es este hecho, son casos anteriores como Penta, SQM, Caval, donde derecha y ex Concertación se vieron involucrados en financiamiento ilegal por parte de grandes empresas, demostrando el fuerte vínculo que existe entre estos partidos empresariales con los dueños del país. Algo que se puede también graficar con la bullada “ley Longueira” que involucró al dirigente UDI con el gran empresariado de este sector. En otra línea, hay casos como el de la ex alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, hoy en proceso de extradición tras ser condenada a cárcel efectiva por el delito de fraude al fisco. Otro caso que permanece en impunidad.
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Partidos de la derecha y de la ex Concertación han legislado durante años para los capitalistas nacionales y extranjeros, manteniendo y profundizando los pilares del modelo neoliberal, permitiendo el saqueo de los recursos naturales, votando leyes para beneficiar las ganancias de los grandes empresarios, siendo parte de hechos de corrupción y fraude, avalando medidas que mantienen la precarización laboral, entre muchos otros ataques propinados para mantener intacto “el Chile de los 30 años”. Son partidos compuestos por los dueños del país, financiados por la clase capitalista y, desde ya, dirigidos por políticos de la “élite”, de la clase burguesa del país.
Hoy, el gobierno de Boric y su conglomerado de Apruebo Dignidad- cuyas organizaciones crecieron a partir del supuesto de que serían “una alternativa al duopolio”, refiriéndose a los partidos de la derecha y ex Concertación- hacen alianza con estos mismos partidos para gobernar, dándoles cargos políticos clave en el Estado, como es el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, ahora en manos de la PPD Carolina Tohá- vinculada anteriormente al caso SQM-, o metiendo al PS en la Segpress con la bacheletista Ana Lya Uriarte. Esto, a la par que siguen la agenda securitaria impuesta por la derecha, dándole espacio a su agenda criminalizadora antimapuche y antiinmigrantes.
Ante la corrupción y lo podrido de los partidos de los 30 años, urge la necesidad de forjar una izquierda totalmente independiente de los empresarios, que no tenga ningún compromiso con este régimen de la dictadura, ni con los partidos que durante décadas han administrado este modelo capitalista y neoliberal, mantenido a través del saqueo de nuestros recursos naturales y la explotación de las grandes mayorías, mientras los dueños del país y sus políticos siguen robando nuestros derechos.
