Son por lo menos 20 los estudiantes detenidos durante el fin de semana pasado. El nuevo ataque del gobierno de Daniel Ortega contra el movimiento estudiantil mantiene en prisión a los jóvenes Byron Estrada, Luis Muñoz y Nahiroby Olivas, integrantes del Movimiento 19 de Abril de León; Luis Rugama, Yaritza Mairena y Víctor Obando, miembros de la Coordinadora Universitaria por la Justicia y la Democracia y Juan Pablo Alvarado, poblador de León.
Sábado 1ro de septiembre de 2018
Tras conocerse la detención ilegal, los pobladores de la ciudad de León y familiares de los jóvenes decidieron marchar hacia la delegación policial de León para exigir la liberación de los presos políticos, entre los que se encuentran algunos dirigentes estudiantiles, activistas feministas y de la diversidad sexual, así como dirigentes campesinos y personas afrodescendientes como los jóvenes Brandon Lovo Taylor y Glen Abrahan Slate.
A pesar de la mediación de la Iglesia católica, la población enardecida ha continuado la exigencia por la liberación de todas las y los presos políticos que llegan a sumar más de 700 en toda Nicaragua. El gobierno de Daniel Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo han orquestado una verdadera cacería contra la juventud, campesinos y mujeres que desde hace más de cuatro meses realizan movilizaciones multitudinarias a nivel nacional y que exigen su renuncia.
Los delitos que se les imputan son homicidio, incendio de un centro universitarios, secuestro, robo con intimidación, amenazas de muerte y terrorismo. Según la Policía, los estudiantes incendiaron el Centro Universitario de la Universidad Nacional (CUUN) de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-LEÓN), donde además resultó calcinado el estudiante Cristian Emilio Cadena.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y familiares señalan que dichas acusaciones son infundadas y son una muestra más del ataque del gobierno en su objetivo de querer acallar a los sectores descontentos por la represión desatada desde el pasado 19 de abril en contra de una reforma al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
Por tal razón, al menos 120 presos políticos han decidido iniciar una huelga de hambre, la cual ha sido anunciada por la Comisión Permanente de los Derechos Humanos (CPDH), y se trata de los detenidos en los últimos cuatro meses, provenientes de seis ciudades del país.
Marcos Carmona, secretario ejecutivo de la CPDH, aseguró que han recibido denuncias de familiares de los detenidos que aseguran que se están violando sus derechos humanos, ya que permaneces es espacios comunes con otros reos o que no les pasan el paquete alimenticio. Además de que no reciben un trato digno, sufren “una serie de abusos, que van en detrimento de la dignidad de las personas y violación de derechos humanos de los detenidos”.
“Los reos políticos de La Modelo que vivimos constantes amenazas iniciamos desde este momento una huelga indefinida […] hasta obtener nuestra justa liberación y agradecemos al pueblo nicaragüense por su apoyo”, expresan en una carta.
Los presos políticos, cuyas firmas acompañan la misiva, repudian el fallo contra los jóvenes Brandon Lovo y Glen Slate, inculpados por el asesinato del periodista Ángel Gahona “por un crimen que no cometieron”. El juez Ernesto Rodríguez condenó este jueves a 23 años y seis meses de prisión a Brandon Cristofer Lovo, como responsable del crimen del periodista Ángel Gahona, y a 12 años y seis meses a Glen Abrahamam Slate.
Mientras tanto, los presos políticos hacen hincapié en la importancia de mantener las protestas contra el gobierno de Ortega y distintas marchas y acciones se llevan a cabo de manera permanente –a pesar de las brigadas especiales de antimotines y de la policía– para exigir la inmediata liberación y denunciar las desapariciones forzadas en Nicaragua.
Así, los manifestantes conmemoraron el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que la Organización de Naciones Unidas (ONU) celebra cada 30 de agosto desde el año 2011. Vilma Núñez, directora ejecutiva del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), criticó la presencia de los antimotines durante las acciones, indicando que es una clara demuestra que el gobierno perdió las calles y que no ha logrado repeler la protesta social.
Cabe señalar, que los últimos meses se han visto signados por protestas del sector salud,entre médidos, enfermeras, laboratoristas, cirujanos, etc, que fueron despedidos injustamente por apoyar la movilización y atender a los heridos que eran reprimidos por Ortega y sus grupos de paramilitares; también la salida de diferentes periodistas hostigados que realizan su labor bajo amenazas de muerte; y finalmente trabajadores del sector educativo, quienes se han solidarizado con el movimiento estudiantil y universitario.
Hoy más que nunca es necesario avanzar en la unidad de estos sectores de manera organizada.
Frente a la represión y cualquier intento de desvío y contención de la movilización social, es fundamental impulsar un verdadero paro general impulsado por todos los sectores en lucha, encabezado por la clase trabajadora de Nicaragua y que salga con independencia de clase frente a las grandes cúpulas empresariales como el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), que ha mantenido un silencio cómplice ante la represión, mientras pretender garantizar la continuidad de la precarización para el conjunto de la población y el pueblo trabajador.
