Entrevista. Nicolás Gandini: “La energía debería ser un derecho esencial, es vital para el desarrollo humano”

Tras confirmar una primera suba del gas en mayo que será de entre 6 % y 7 % en promedio para los usuarios residenciales y de 4 % para pequeñas y medianas empresas. Sigue la disputa entre el Gobierno nacional y las empresas eléctricas por las subas en las tarifas de la luz. Mientras la inflación acumula una suba de 13 % en el primer trimestre de año, nuevas aumentos de tarifarias retroalimentarían esta preocupante dinámica inflacionaria.

Desdolarizar tarifas y una nueva ley de hidrocarburos, fueron algunos anuncios de Alberto Fernández. En esta segunda parte de la entrevista realizada al especialista en energía Nicolás Gandini, director del sitio Econojournal, nos adentramos a pensar problemas más estructurales que atraviesan el sistema energético nacional. Ante la crisis actual ¿el acceso a los servicios públicos debería ser un derecho esencial?

Te puede interesar: Nicolás Gandini: “El Estado nacional está yendo a subsidiar en forma directa a Edenor y Edesur”

El presidente dijo que quiere “desdolarizar las tarifas”. ¿Qué se sabe de este proyecto?

Sobre el proyecto de desdolarización definitiva de tarifas que planteo el presidente en la apertura de sesiones ordinarias, se conoce muy poco. Fuentes cercanas a los funcionarios de energía no dan cuenta que exista un texto acabado o medianamente trabajado dentro del gobierno para avanzar en esa dirección. Hoy diría que se parece más aun anuncio de carácter político que a un proyecto en sí mismo.

Hubo algún borrador dando vuelta que preveía la pesificación de algunos contratos en dólares, que son los famosos contratos de compra-venta de energía, los PPA (por sus siglas en inglés) que firmó Cammesa para algunos proyectos de generación de energía eléctrica, como proyectos renovables o termoeléctricos. Se firmaron durante la gestión de Mauricio Macri y también bajo los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, son contratos que están expresados en dólares a 10 o 15 años, y todavía están vigentes. Los que firmó Macri se extienden más en el tiempo. Una de las versiones de esta “desdolarización definitiva” es que esos contratos que están expresados en dólares se pesifiquen. No veo todavía un grado de avance tal que permita presuponer que eso va a ser así.

Te puede interesar: De Alfonsín a Macri, los servicios públicos convertidos en negocio

Como especialista en el sector, ¿cuáles son los puntos que debería contener una ley de hidrocarburos que se proponga sentar las bases para la soberanía energética?

Sobre la base de un proyecto de ley de hidrocarburos que el Gobierno anunció que está discutiendo y qué hay algún borrador dando vuelta entre YPF, el ministerio de Economía y la secretaría de Energía, hay varias cuestiones.

Lo fundamental es determinar cuáles son los objetivos que persigue, es decir, ver qué pasa con la inversión en Vaca Muerta o en la exploración y producción de hidrocarburos, que son el corazón de valor del sistema. Distinto sería si el país tiene un sistema de energía robusto, si puede poner en valor los recursos que tienen el subsuelo. La Argentina tiene muchos recursos, pero eso hoy no sucede. Hoy el desafío es materializar la explotación para que genere algún valor para la sociedad en su conjunto. La realidad es que cuando uno analiza la inversión, esta no es creciente, sino que muestra una meseta decreciente tanto en Vaca Muerta como en otras cuencas del país.

El primer objetivo de un proyecto de ley de hidrocarburos debería contemplar si se puede viabilizar una mayor inversión en esos yacimientos. Si no motoriza un crecimiento importante de la inversión, no tiene ningún sentido. Y eso implica negociar o discutir una agenda con los actores que están en el sector de Upstream, YPF y Pan American Energy (PAE), que son las dos mayores empresas del país, y otras productoras. También con las internacionales como Shell, ExxonMobil, Equinor, Chevron, Total, Wintershall Dea, que son empresas que tienen activos en el país y tienen amesetada su inversión. Discutir una agenda que permita que esas empresas incrementen fuertemente su inversión y sobre todo que traigan Capex (capital expenditure) de afuera.

¿Cuál es el problema hoy? Lo que está pasando es que las empresas reinvierten en la Argentina el flujo que genera el negocio ya instalado en el país. Por ejemplo, si se producen 5 millones de metros cúbicos de gas por día, se venden en el mercado, y se reciben N cantidad de pesos. Como no podés sacar los dólares del país, esa plata que ganas la reinvertís, es decir, existe una reinversión del flujo. Pero eso no permite incrementar la producción. Para que eso suceda, la empresa debería decirle a su casa matriz: a mi flujo necesito agregarle N cantidad de millones de dólares por año de inversión para pasar pasar de producir 5 MMm3/día a producir, por ejemplo, 8 o 9 MMm3/día. La clave es que las casas matrices de las petroleras autoricen ese incremento de la inversión, pero eso hoy no está a la vista. Al contrario.

Una Ley de este tipo debería plantearse un fuerte salto en la inversión porque los niveles actuales no permiten tener mayor robustez en cuanto abastecimiento local. De hecho, hoy la tendencia es a importar más energía durante el invierno. Probablemente no se pueda dejar de importar energía durante los meses de frío, porque por una cuestión estacional la demanda crece muchísimo por tres o cuatro meses, y no tiene sentido producir un yacimiento todo el año a 160 MMm3/día a nivel país, si después en el verano vas a consumir 120 MMm3/día, a no ser que se genere un mercado de exportación para colocar esos 40 MMm3/día que te sobran cuando esa calor. Si no, deberías cerrar los pozos excedentes y es una explotación ineficiente del yacimiento en términos técnico-productivos.

La ley también debería establecer algún tipo de mecanismo que le garantice a la empresa que invierte acá cobre un determinado precio del petróleo ligado al internacional. El petróleo es un commodity, vale lo mismo en todo el mundo, puede variar por calidad, por canasta de productos, por la lejanía de los centros de consumo, por costo de transporte. Pero por lo general el precio es el mismo, aunque en la Argentina como tiene hay una nominalidad de la economía que se mueve bastante por devaluación, inflación, en los últimos diez años esto no pasa. El petróleo hoy vale U$S 67 y en Argentina se paga U$S 53. Para que se pague a paridad de exportación, el precio del combustible debería aumentar bastante más que lo que ya lo hizo.

Te puede interesar: El peronismo extractivista

Y tiene que establecer un mecanismo que le certidumbre a cómo se van a fijar los precios en el mercado interno para que una empresa diga: al margen de que la economía Argentina está en una nominalidad que se corre todo el tiempo, algún mecanismo de garantía precio existe. Te guste o no, necesariamente hay que cumplir esta premisa porque dependés de empresas extranjeras. No hay muchos actores locales más que puedan participar de la producción de hidrocarburos, o que estén dispuestas a invertir a riesgo por posicionarse en el mercado petrolero. Sólo existen dos o tres jugadores, como el grupo Bulgheroni que controla Pan American Energy (PAE), el grupo Eurnekian controla Compañía General de Combustibles, más Techint que tiene su brazo petrolero con Tecpetrol.

También debería establecer algún régimen remisión de utilidades al exterior, de entrada y salida de capitales porque nadie va invertir si no sabe cuándo va poder sacar la plata. Es una condición que establece el sistema, no sólo en Argentina sino a nivel global.

Básicamente esos son los principales ejes que tiene que contener un proyecto de ley. Si no apunta a negociar con la industria un salto en la calidad de inversión, y en esa negociación no discuten el mecanismo establecimiento de precios y algún tipo de mecanismo de entrada y salida de divisas, será muy difícil que el proyecto funcione, más allá de lo que cada uno opine objetivamente, lamentablemente el sistema funciona así.

El acceso de los servicios energéticos ¿debería ser un derecho esencial, o primar la obtención de la ganancia de privados?

Sí, claramente deberían ser un derecho esencial, así como el acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, a la vida digna. El problema es cómo haces como Estado que tiene que administrar recursos económicos limitados, más en una crisis fea como esta, para priorizar la asignación de recursos hacia determinado lugar. Es decir, en un mundo ideal o con recursos cuantiosos del Estado sin duda que esa discusión tiene total sentido. Pero cuando hay recursos limitados o condiciones de borde muy marcadas, desde mi punto de vista, tenés que trazar cuales son las prioridades y cuáles no.

Al trazar esa línea podemos llegar a la conclusión, por ejemplo, que el servicio de gas natural que tenemos en los grandes centros urbanos, es un servicio más ligado a las clases medias que a los sectores populares. En los barrios de menores ingresos consumen más que nada garrafas. Aunque la Argentina es uno de los 5 países con mayor tendido de redes de gas natural -eso a nivel global es muy alto- cuando uno mira los barrios más carenciados la forma de utilizar gas es vía garrafas que cuesta muchísimo más caro.

Si me preguntas en término de justicia, en término de esencialidad, que conviene si subsidiar el gas natural por redes o el gas de garrafa, yo voy a estar a favor -en un contexto de condición de borde muy marcadas y muy apretadas- de subsidiar una garrafa y no al votante de clase media de un centro urbano. Entonces sí, sin duda debería ser un derecho esencial, como sociedad habría que discutir mucho más cómo deberíamos hacer como país para lograr que eso pase y de la forma más eficiente posible, que los subsidios sean justos en cuanto a su aplicación.

A veces se discute hasta dónde vale la pena subsidiar a los usuarios de la red de gas natural y después en los lugares que no tienen gas natural, que consumen GLP, se les cobra un costo de mercado o una tarifa regulada que después no se consigue, porque cuando vas a comprar al negocio no aplican ese precio de tarifa social. Esas son las discusiones que hay que dar. Los mismo pasa con la energía eléctrica que está aumentando en todo país, en muchas provincias la suba es de un 10, 15 hasta un 30 %, y sin embargo en el AMBA -que tiene los indicadores de ingreso más altos de la población- la tarifa va a estar bastante más atrasada de lo que está en otras partes del país.

Te puede interesar: Luz y gas: lucro capitalista versus derecho esencial

Ahí es donde uno plantea el término justicia o no. En términos conceptuales, teóricos, propositivos, está claro que para el desarrollo del ser humano la energía es algo vital y debería ser un derecho esencial que debería estar cubierto. Ahora el sistema funciona de forma tal que hay derechos que también son esenciales como la salud, como la educación y la vivienda, como la alimentación, y no se cumplen por la forma sistémica en que vivimos. Como se administran esas limitantes y esas condiciones borde, depende de la receta que aplique cada uno o cada proyecto político. Esa es la discusión que hay que dar.

Un debate impostergable

Avanzar en un sistema energético que anteponga los intereses sociales, frente a las ganancias de multinacionales, es un debate impostergable. El modelo extractivista de Vaca Muerta, basado en el fracking altamente contaminante, y trabajos precarios son cada vez más rechazados por la comunidad. Son años de saqueo de recursos y regalías a las petroleras, mientras los índices del pueblo de Neuquén empeoran, creciendo la pobreza y la indigencia.

Te puede interesar: Vaca Muerta: breve historia de un saqueo sin grieta