Aborto Legal Ya. #NoFueILE: crónica de la ilegalidad y vulneración de derechos en Jujuy

El Gobierno de Jujuy intentó, nuevamente, hacer de la Provincia un laboratorio de medidas regresivas, esta vez atacando un derecho vigente desde 1921. Quisieron mostrar que "salvaron las dos vidas", como exige la Iglesia. Un experimento perverso que terminó con una niña vulnerada y un recién nacido que falleció ayer, como toda la evidencia científica indicaba que sucedería.

La tortura de la niña sanpedreña sólo buscaba mostrar el poder patriarcal de Estado y la Iglesia sobre las vidas y cuerpos de las mujeres. No les interesa la vida.

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Hace sólo un par de meses en Tucumán, provincia que gobernada por el PJ del ex ministro de Salud de Cristina Kirchner, Juan Manzur, se ha convertido en uno de los bastiones del oscurantismo medieval, legisladores de todos los bloques patronales quisieron avanzar en un proyecto para prohibir los abortos no punibles previstos en las causales del Artículo 86 del Código Penal. Intento que fue frenado por el movimiento de mujeres.

El Gobierno de Gerardo Morales y el Estado provincial en su conjunto lo hizo de facto, avasallando todos los derechos de una niña de 12 años víctima de abuso sexual, utilizándola como incubadora, para sentar un precedente contra el derecho a la interrupción legal del embarazo.

Luego de violar toda legislación vigente, se sintieron con impunidad de pedir una nueva legislación que contemple esta actuación aberrante.

Fuera de la Ley

Como denunciaron desde el movimiento de mujeres y hemos mostrado en este medio, en un ataque de feudalismo extremo, el Estado y el Gobierno de Jujuy actuaron completamente fuera de la Ley. Desconocieron el pedido expreso de una niña víctima de violación y su familia a la interrupción legal del embarazo, prevista en el Artículo 86 del Código Penal, regulada por el fallo F.A.L. de la Corte Suprema de Nación al que adhirió la Provincia -sin restricciones- en 2012, y violaron el Protocolo para la atención de embarazos en menores de 15 años promovido por UNICEF al que el Ministerio de Salud adhirió en abril de 2018.

Es ilegal que se haya dado difusión pública al pedido de aborto no punible, información del tiempo gestacional y sobre el procedimiento de atención de la niña sanpedreña, violando la confidencialidad de la historia clínica. Es ilegal que el director del Hospital Paterson de San Pedro, Marcelo Villa, y el cuerpo médico hayan denegado la ILE, derivado a la Justicia primero y luego al Hospital Materno Infantil dilatando deliberadamente el tiempo de acceso a un derecho vigente. Es ilegal que permitan el ingreso y acercamiento a la niña y su familia de grupos fundamentalistas, entre ellos la diputada nacional de la UCR-Cambiemos Gabriela Burgos; quienes, a través del cuerpo médico, tuvieron acceso a conocer hasta el sexo del feto.

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Pero la aberración jurídica no se detiene allí. Luego de dilatar, manipular y revictimizar a la niña durante una semana, le ofrecieron la cesárea como única opción violando el Artículo 59 del Código Civil y Comercial, asegurando en contra de toda evidencia médico-legal que se estaba cumpliendo con la ILE, cuando lo que querían -como admitieron después Gerardo Morales y su cavernario ministro de salud- era “salvar las dos vidas”, tal y como exigió la Iglesia Católica a través de un comunicado del Obispo de Jujuy.

Gerardo Morales miente: No fue ILE

Los propios hechos terminaron demostrando la gran farsa montada por el gobernador Gerardo Morales, quien aseguró en notas periodísticas y su propia cuenta de twitter que se había dado cumplimiento a lo determinado en por los protocolos y leyes vigentes, siendo que de haber existido Interrupción Legal del Embarazo no habría existido la posibilidad de considerar “madre” a una niña víctima de abuso sexual ni “bebé” al feto que se vio obligada a contener en su cuerpo. No hay dudas de que lo que se le practicó a la niña, violando su decisión explícita así como la de su madre, fue un parto y que las organizaciones de mujeres que así lo denunciaron desde un inicio bajo el hashtag #CesareaNoEsILE, estaban en lo cierto.

Un verdadero mamarracho legal que no solo muestra evidencia de la imposición de la “moral cristiana”, sino que implica claras y graves responsabilidades internacionales al violar derechos contenidos y consagrados en los tratados internacionales de Derechos Humanos, como la Convención por los Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, así como las declaraciones y demás tratados incluidos por la propia constitución Argentina.

Responsabilidades que las organizaciones de mujeres han manifestado que llevarán hasta el final, porque frente a los dichos públicos del Gobierno Provincial y su Ministro de Salud de “sentar un precedente”, es justamente eso lo que se encuentra en disputa, quién marcará el rumbo de los derechos de las mujeres y las niñas.

Un experimento sobre el cuerpo de una niña que implicó ir contra su voluntad y violar todos los principios dispuestos por el propio Código Civil y Comercial además de los mencionados protocolos y el Código Penal. Lo que fue confirmado tras las declaraciones del director del Registro Civil de la provincia, Daniel Ferreyra, al afirmar que “la madre se negaba a realizar el trámite" razón por la cual no había podido ser inscripto el recién nacido. Madre forzada y un nacido cuya viabilidad había sido puesta en discusión por especialistas en la materia desde que se dio a conocer la noticia de la cesárea que el estado había decidido realizar.

#ILEyaEsDerecho vamos por el aborto legal, seguro y gratuito

La cesárea no fue ILE, y no fue para cuidar a la niña sanpedreña. Como denunció la especialista en tocoginecología y medicina legal, Stella Manzano, en su cuenta de Facebook fue “un ‘experimento’, para mostrar que a las 24 semanas pueden vivir los fetos en Argentina. Como verán, nosotras no mentimos”. Pero “esta vez se superaron, torturaron a la niña de 12 con la demora, el secuestro en el hospital, la cesárea innecesaria, y a la beba, sacándola tan prematuramente, o antes de la viabilidad, tal vez (nunca lo sabremos)”, aseguró Manzano en el mismo posteo al tomar conocimiento del deceso del recién nacido.

Aplicar la ILE hubiese evitado la agonía que el recién nacido padeció, además de la cadena de vejaciones a la que sometieron a una niña de 12 años víctima de un abuso sexual a la que el Estado impuso una maternidad forzada.

La única vida que había que preservar era la de la niña sanpedreña. Pero al Estado patriarcal, su gobierno y sus instituciones, en santa alianza con la Iglesia Católica, no les importa la vida. Mostraron las aberraciones a las que están dispuestos para disciplinar a mujeres y niñas. Con este “caso testigo”, según la expresión de Morales y su ministro de salud, sólo buscaban mostrar el poder patriarcal de Estado y la Iglesia sobre las vidas y cuerpos de las mujeres.

El movimiento de mujeres respondió desde anoche en las redes sociales repudiando este accionar aberrante, asegurando más que nunca que #AbortoLegalEsVida y pidiendo #SalvemosALasPibas, al tiempo que exigen la renuncia del Ministro de Salud, Gustavo Bouhid, en sintonía con lo resuelto por la asamblea del movimiento de mujeres de Jujuy el día de ayer, que convoca a una marcha nacional para el día 1 de febrero.

El caso de la niña sanpedreña demuestra que el Estado y la Iglesia no van a cesar en su intento de avanzar sobre nuestros derechos. Por eso, renueva los motivos para fortalecer nuestro movimiento, organizadas con asambleas como la que realizamos ayer en Jujuy, pero también llevando nuestra organización a los lugares de estudio y trabajo, impulsando comisiones de mujeres, exigiendo a nuestros centros de estudiantes y sindicatos que tomen nuestras demandas en sus manos. Confiando en nuestras propias fuerzas movilizadas de manera independiente de los partidos tradicionales que tienen profundos lazos con las Iglesias, y más que nunca, redoblar nuestra pelea por el derecho al aborto libre, legal, seguro y gratuito, y la separación de la Iglesia del Estado.

El 1 de febrero tenemos que ganar las calles en todo el país, tomando la convocatoria del movimiento de mujeres de Jujuy, para exigir el cumplimiento efectivo de la ILE, la renuncia del Gustavo Bouhid, y relanzar la pelea por educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir y la separación de la Iglesia del Estado.