Santa Fe. Norma Castaño denunció un atentado contra su hija

Fotografía: Guillermo Di Salvatore - El Litoral

Norma Castaño, testigo clave en el juicio al ex Jefe de la policía de Santa Fe Hugo Tognoli, denunció esta mañana un atentado contra su hija. En declaraciones a los medios de prensa afirmó que el martes por la noche una camioneta se cruzó en el camino del auto a bordo del cual iba su hija junto a su familia e intentaron embestirlos.

"Se acercaron primero con las luces apagadas y después las prendieron y se les tiraron encima", relató y destacó que quien conducía el auto en el que iba su hija reaccionó a tiempo y evitó el choque.

Lamentablemente la agresión no sorprende. Uno de los policías que está siendo juzgado junto a Tognoli y que está acusado de amenazar a Castaño, sigue en funciones.

Al respecto, reiteramos parte de la nota que publicamos en la edición de hoy en La Izquierda Diario donde justamente denunciábamos la vulnerabilidad de los testigos como Norma Castaño frente a las causas que involucran a miembros de la policía con el delito y el gatillo fácil.

¿Quién protege a Norma Castaño?

El testimonio de Norma Castaño será clave porque apunta a la vinculación directa de la policía con el narcotráfico y también a la complicidad política por parte de los gobiernos de Binner y Bonfatti. Pero la revelación de que Otaduy sigue en funciones es un dato escalofriante. ¿Quién protege a los testigos y, en particular, a Norma Castaño si el policía que la amenazó sigue en funciones?

"Me amenazaron de muerte varias veces; si me pasa algo la culpa es de Tognoli y Mendoza", dijo Norma Castaño en declaraciones tomadas por la Agencia Télam.

La pregunta se vuelve más grave si consideramos que uno de los abogados defensores en la causa Tognoli fue abogado de uno de los genocidas imputados en la causa Brusa, como reveló ayer La Izquierda Diario. En la causa Brusa declaró Silvia Suppo, que fue asesinada. El crimen de Suppo sigue impune. Su testimonio era clave para que se reconozcan como delitos de lesa humanidad las violaciones y abusos en centros clandestinos y apuntaba duramente a la policía santafesina.

Medidas urgentes deben tomarse para ofrecer una protección integral a los testigos en las causas contra el narcotráfico y la policía. Protección que, por supuesto, no puede depender de la policía. La apertura de todos los archivos de las comisarías es una medida elemental. Allí existe toda la documentación necesaria para juzgar a todos los responsables sin necesidad de que los testigos se expongan.

Es preciso discutir la implementación de otra medida urgente, que desde la izquierda se exigió que se implemente en los juicios contra los genocidas: en toda causa contra un miembro de las fuerzas represivas por vinculación con el delito o por gatillo fácil, debe implementarse la inversión de la carga de la prueba. Habida cuenta de la extendida y más que demostrada complicidad policial con el narcotráfico y las redes de trata y considerando que en Santa Fe mueren más personas por gatillo fácil que en situación de robo, no puede depender de las víctimas demostrar la culpabilidad. En este caso los acusados son parte del poder del Estado y tienen a su disposición enormes recursos para destruir y plantar evidencia, amenazar y silenciar testigos, realizar pactos de impunidad. Y si todo esto falla, pagar los abogados más caros, defensores de narcos y barrabravas comoAndrés Ravinovich, “el abogado del diablo” que defiende a Tognoli. Que sean los acusados los que demuestren su inocencia y no las víctimas desprotegidas las que tengan que mover cielo y tierra y exponer su vida para demostrar la culpabilidad".