LUCHA NORMALISTA. Normalistas y organizaciones de Guerrero toman caseta en Zinapécuaro

A menos de un mes de haberse cumplido 6 años de la desaparición de los 43 normalistas Ayotzinapa y sin encontrar respuesta de parte de las autoridades, que prometieron resolver este caso (además de la deuda histórica que se tiene con las normales rurales de conjunto), más de 250 normalistas y organizaciones indígenas de los estados de Guerrero y Morelos mantienen la manifestación que ya lleva casi una semana, ahora agravada por el asesinato de uno de los jóvenes manifestantes por parte de un automovilista.

Esta manifestación, ocurrida a inicios de semana, se suma a las existentes por parte de normalistas del estado de Michoacán, quienes mantienen la toma de las vías férreas de la comunidad de Caltzontzin, en la entrada del municipio de Uruapan, de la cual hemos dado cuenta en este diario.

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Si bien hasta el momento no se conoce con claridad cuáles son las demandas de estos movimientos que mantienen la toma de la caseta, es evidente el abandono en el que se encuentran tanto las comunidades pobres de Guerrero como los propios normalistas de Ayotzinapa, condición que se aceleró con el avance de la pandemia y que se agravará con las implicaciones que tendrá en el próximo presupuesto de egresos el rectoret del 95% a las normales públicas del país.

De la pobreza a la represión por manifestarse

Las huelgas, paros, plantones, marchas y demás formas de manifestarse no son producto de la casualidad, ni mucho menos del azar, éstas son ocasionadas por las condiciones de miseria, explotación y desesperación de las comunidades más pobres del país, que si bien ya existían desde antes de esta pandemia, es evidente que ahora se aceleraron, mientras que el gobierno de la 4t ha mantenido la política de blindarse con el aumento del presupuesto a las fuerzas armadas y a gastos de seguridad nacional en detrimento del conjunto del gasto social.

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Esta política de abandono se traduce en expresiones de justas demandas por la solución a los problemas que aquejan a la población, particularmente a la más pobre. Hablando de estados como Guerrero, Michoacán, Chiapas o Oaxaca, donde se concentra la mayor población en situación de extrema pobreza, es donde más afecta esta política, donde los gobiernos locales y federal actúan coordinadamente para reprimir a quienes levantan la voz, como fue el caso del desalojo de las vías férreas, tomadas por normalistas y docentes en la comunidad de Caltzontzin hace unas semanas.

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Por eso es que las y los docentes de la agrupación Nuestra Clase consideramos que, ante la reiterada cerrazón de los gobiernos por escuchar las demandas de estudiantes, trabajadores y comunidades, es necesaria la movilización, la coordinación entre las luchas y la unidad no sólo para “solicitar” sino para imponer nuestras demandas, exigiendo la liberación de los presos políticos y más presupuesto a educación y salud, sobre la base del no pago de la deuda externa e impuestos progresivos a las grandes fortunas.