Panorama Económico. Nubarrones sobre la economía y el acuerdo social con los “miserables”

El Gobierno lanzaría en las próximas semanas el Consejo Económico y Social, una mesa integrada por sindicatos, empresarios, organizaciones sociales, iglesias, entre otros para acordar precios, salarios, endeudamiento, etc.

Alberto Fernández en un mensaje que grabó para la convención Pro Textil 2020 afirmó que "tenía el propósito de que el Consejo Económico y Social sea aprobado por ley para empezar a ponerlo en marcha, pero me parece que se puede dilatar mucho en el tiempo y entonces estoy pensando en ponerlo en marcha rápidamente".

El anuncio del mandatario no incluyó detalles sobre quiénes integrarán el Consejo. Hace meses se mencionó al exministro de economía Roberto Lavagna para liderar la mesa, también sería integrado por la Unión Industrial Argentina, la CGT, y la CTA.

En junio se postergó la creación del Consejo, pero en medio de la negociación con el Fondo el presidente adelantaría su anuncio. El Gobierno pretende que el acuerdo con el organismo tenga el apoyo de la oposición. El comunicado del FMI sobre su visita en Argentina señaló que “el equipo acogió positivamente la intención de las autoridades de solicitar un programa bajo el Servicio Ampliado del FMI (SAF o EFF por sus siglas en ingles) así como su intención de respaldarlo con un amplio consenso político y social”. Un acuerdo social para avanzar con el ajuste y descargar la crisis sobre la clase trabajadora.

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En tanto, el ministro Guzmán continúa con las reuniones con los dueños del país. El viernes pasado empresarios, agrupados en la Asociación Empresaria Argentina (AEA) se reunieron con la misión del FMI y el titular del Palacio de Hacienda. Esta semana hubo un encuentro con la cúpula de la Unión Industrial Argentina, entre los que participaron Daniel Funes del Rioja, Miguel Acevedo, entre otros. El reclamo empresarial que se repite es la “preocupación” por la brecha cambiaria, la presión tributaria (altos impuestos) y la queja por el impuesto a las grandes fortunas. Las patronales reciben un trato preferencial de parte del Gobierno, con medidas que los beneficia como la reducción temporal de las retenciones, acuerdos para recortar salarios, las petroleras podrán acceder a los dólares para girar divisas al exterior, etc.

En cambio, para las grandes mayorías solo empeoran sus condiciones de vida, con salarios atrasados, sin un Ingreso Familiar de Emergencia, jubilaciones de miseria, y sin el derecho a una vivienda. Fue falsa la promesa de Fernández de "empezar por los últimos para llegar a todos".

Un rebote opaco

Esta semana el Indec publicó el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de septiembre que mostró una desaceleración en el nivel de caída interanual respecto de los meses previos (el derrumbe fue 6,9 %) y una leve mejora en la medición desestacionalizada (1,9 %) con respecto a agosto.

¿Se recupera la economía? Los especialistas anticipan una recuperación débil. La elevada inflación, y la brecha cambiaria, que no eliminó el escenario de una devaluación, son factores que inciden en una economía anémica. Además, el contexto internacional tampoco es alentador. El FMI en un informe elaborado para el G20 la semana pasada sostuvo que la actividad económica mundial se recuperó desde junio, pero por los rebrotes de la pandemia “hay indicios de que la recuperación puede estar perdiendo impulso”. También advirtió que “es probable que la crisis deje cicatrices profundas y desiguales”.

El informe de Política Monetaria del Banco Central reconoce que en Argentina “la velocidad a la que el Producto logre volver al nivel previo a la pandemia dependerá de una serie de factores tanto internos como externos, no exentos de riesgos” y señala como factores la evolución de la pandemia, la volatilidad financiera y a “la incertidumbre asociada a una coyuntura de escasez de divisas”.

En tanto, el director de Analytica, Rodrigo Alvarez, explicó al sitio Infobae que prevé una “recuperación muy lenta” y añadió que “vemos más inflación y mayor suba del dólar y, en consecuencia, menos reactivación, con lo cual vemos un proceso de tracción de la economía muy lento”.

Guido Lorenzo, de la consultora LCG afirmó que “después de la fuerte caída de marzo y abril, la economía empezó a recuperarse fuerte, pero luego ese proceso se desaceleró y ahora detectamos que se está frenando. Argentina va a tener que transitar varios años hasta volver a los niveles pre pandemia”.

La inflación del mes de octubre fue la más alta del año. Según estiman consultoras privadas, en noviembre habrá un aumento cercano al 3,5 % mensual y 4 % aproximado para diciembre. La suba de precios significa un fuerte golpe al poder adquisitivo de los salarios, que ya perdieron en la era Macri (más del 20 %) y este año tendrán una nueva caída. Las paritarias negociadas este año profundizan el deterioro porque los ajustes son inferiores a la inflación que se calcula este año.

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La pelea por recuperar la pérdida salarial es lo que viene sucediendo en algunos sectores de trabajadores. Ante un aumento de salarios, los empresarios buscan resguardar sus ganancias subiendo los precios. Esta es una pulseada abierta y seguramente el Consejo Económico y Social buscará torcer el brazo a favor de las patronales con la complicidad de los dirigentes sindicales.

En este sentido, el informe del BCRA destaca “la importancia de diseñar acuerdos que permitan contener el potencial “conflicto distributivo” y coordinar expectativas, de manera de inducir un sendero de precios y salarios compatible con la estabilidad de precios”. Una vez más el Gobierno y las patronales apuntan contra el salario. Marx demostró hace varios años que la suba de salarios no genera inflación, los aumentos de salarios quitan una cuota de la ganancia que quiere embolsar el capitalista y por este motivo las patronales quieren trasladar esta pérdida al incrementar los precios. La sed de los miserables por ganar más no se sacia.

Es necesario un salario mínimo equivalente a la canasta de consumos mínimos estimada en $ 76.500 en octubre, por la Junta Interna de Ate Indec, la actualización automática de los salarios en función de la inflación, y la defensa de los puestos de trabajo.

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