Fracturas óseas mal soldadas, pulmonías graves tratadas como resfriados, enfermedades degenerativas como consecuencia de los hábitos laborales, no reconocidas, y un largo etc., no tienen prioridad médica sino económica.
Joe Molina Trabajador despedido de Panrico, Barcelona | @joemolina57
Miércoles 25 de enero de 2017
Una de las patas de la privatización de nuestra sanidad pública, que avanza implacable, consiste en los acuerdos llevadas a cabo entre el INSS (Instituo Nacional de la Seguridad Social) y las mutuas de accidente de trabajo privadas que, bajo criterios económicos, determinan quien está en condiciones de incorporarse a su puesto de trabajo, durante un accidente laboral o tras una enfermedad común.
En declaraciones efectuadas el pasado mes de diciembre, Antoni Comin, Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, reconocía que un 4% de los ingresos económicos eran fruto de anteponer criterios económicos a los asistenciales, es decir, que la administración autonómica catalana recibía estos últimos años más dinero en función a la duración de las bajas médicas y en cuanto a reconocimiento o no de situaciones de invalidez.
En lo que parece una sobredosis de honestidad, Comin ha reconocido lo que tantas veces se había negado por parte de la administración. En varias reuniones de los responsables del ICAM,( Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas) con PAICAM (Plataforma de Afectados por el ICAM), Colectivo Ronda y CGT siempre se negó la existencia de tales prioridades económicas.
Las altas médicas prematuras suponen un grave problema para el trabajador afectado, ya que ha de reincorporarse inmediatamente a su puesto de trabajo a pesar de no encontrarse recuperado totalmente de su enfermedad o accidente y hace difícil que pueda desempeñar correctamente su faena, con el consiguiente riesgo de recaída.
La consecuencia de no aceptar tal criterio médico es fulminante, pues supone una baja voluntaria que no da derecho a ninguna indemnización ni prestación de paro, lo cual obliga al trabajador a aceptar sea cual sea su estado físico. Por otro lado los procesos judiciales para impugnar esta situación pueden llegar a alargarse hasta 2 años.
De nuevo volvemos a echar en falta la voz de las direcciones sindicales mayoritarias, estaría bien oír y ver a Toxo y Álvarez asumir su papel de defensores de los derechos de los trabajadores, tomar el mando de la situación y amenazar a empresarios y administraciones con la movilización en las calles, en lugar de servir de apagafuegos ante cualquier intento de protesta.
En los próximos meses se ha de llevar a cabo la negociación del nuevo Convenio y el Conseller Comin ha mostrado su intención de que tales prácticas donde a los médicos se les exige conceder menos bajas o más cortas, no se repitan, pero resulta difícil imaginar que los criterios economicistas desaparezcan, lo que si está claro que la totalidad de movimientos sociales, colectivos en lucha y el sindicalismo de izquierdas estará ahí para recordárselo.
