Con una economía en detrimento y la profundización de recortes salariales, falta de empleo y una grave crisis alimentaria profundizada por la pandemia, miles de centroamericanos convocan a una nueva caravana rumbo a Estados Unidos.
Jueves 1ro de octubre de 2020
Más de tres mil hondureños convocaron desde redes sociales a una nueva caravana migrante, la primera desde que inició la pandemia y la segunda convocatoria de este año. Desde las 4:00 de la mañana de este jueves varios grupos de personas se concentraron en la Central Metropolitana, en San Pedro Sula con rumbo hacia Corinto, frontera entre Honduras y Guatemala, donde les esperaba un fuerte despliegue de militares y elementos de la policía nacional.
La gran mayoría de las personas que integran esta caravana rumbo a los Estados Unidos son personas jóvenes y menores de edad que cargan lo indispensable; mochilas y agua embotellada para un trayecto que además estará marcado por la crisis sanitaria.
Integrantes de diferentes organizaciones de Derechos Humanos han mencionado a medios de comunicación que esperan que se nutra con al menos 9 mil personas.
Esta nueva travesía responde a los graves problemas sociales que azotan a la gran mayoría de países centroamericanos, donde el desempleo y la pobreza se ven agravadas con la llegada de la pandemia. En el caso de Guatemala y Honduras los niveles de esta situación han llegado a expresarse de manera escandalosa con una fuerte crisis alimentaria; las promesas de los gobiernos de estos países para revertir la situación, no ha llegado.
En octubre de 2018, el gobierno de Honduras ofreció la creación de nuevas fuentes de empleo para brindar estabilidad a los retornados voluntarios. Sin embargo, los migrantes mencionan que, de 40 mil puestos de trabajo prometidos a los sectores vulnerables y con una fuerte tendencia a buscar la salida del país, “no se tienen nada”. Su salida es migrar aún conscientes de que las condiciones de su trayecto serán más hostiles y con mayores dificultades que lo habitual.
Cada una de las fronteras será aún más difícil de cruzar. Guatemala ha cerrado sus puertas radicalmente ante el peligro latente por la COVID-19 y en México el estreno de la Guardia Nacional se hizo carne para cientos de migrantes que fueron reprimidos dando apertura al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su política de subordinación ante Estados Unidos que, después de casi cuatro años de tener a Donald Trump a la cabeza de la Casa Blanca, ha desmantelado la tibia política de asilo sin la autorización del Congreso. Lo ha hecho vía decretos que van desde la fijación de nuevas interpretaciones de programas hasta el cambio de reglamentos para dificultar los procesos para miles de migrantes.
Para implementar su política migratoria de ’tolerancia cero’, el magnate ha ampliado los poderes discrecionales de los agentes de inmigración para negar beneficios y acelerar lo más posible las deportaciones. Lo anterior, se duplicó desde el pasado 18 de marzo cuando el gobierno estadounidense decidió cerrar las fronteras a causa de la pandemia por el coronavirus.
La brutalidad de tener que migrar se descarga sobre las mujeres
En este escenario se desenvuelve una grave violación a los derechos humanos, y es que en días recientes diferentes medios y reportajes periodísticos han develado la situación de las mujeres detenidas en los centros de detención de inmigrantes en Estados Unidos; enfrentan ser esterilizadas con o sin su consentimiento.
Se sabe que los casos de histerectomías, ligaduras de trompas y extirpaciones de ovarios sin el consentimiento de las mujeres, son parte inherente en la historia de Estados Unidos contra los derechos reproductivos y sexuales de mujeres indígenas, negras, latinas y pobres. La esterilización forzada ha sido un instrumento de control estatal de larga data que algunos medios incluso han comparado con los programas de esterilización eugenésica de la Alemania nazi.
Los migrantes que integran esta nueva caravana se enfrentarán a las medidas represivas de los gobiernos centroamericanos, al gobierno de López Obrador en México que no ha dudado en mostrar “mano dura” contra los migrantes desde el inicio de su gestión, haciendo latente la represión contra hombres, mujeres y niños por igual. En el contexto de la crisis por el coronavirus, los centros de detención son una alarma contra el abuso y la violación de los derechos humanos y la salud de los migrantes.
