Lo anunciaron como un allanamiento y luego como notificación de una nueva causa en su contra. Estas medidas judiciales ocurren en medio de un fuerte ataque político del gobierno a la UNJu.
Viernes 28 de abril de 2017 14:46
En horas de la mañana el multimedio ultraoficialista Canal 2 en su portal web informó, “a partir de fuentes extrajudiciales”, que se habrían llevado a cabo “procedimientos” en una propiedad del barrio Alto Padilla de la capital jujeña, en donde reside actualmente el Rector de la Universidad, Rodolfo Tecchi, con “resultados negativos”.
La terminología policial del multimedio no es extraña ya que viene siendo uno de los principales portavoces de los operativos judiciales y policiales que dictamina el Gobierno contra sus opositores y, como parte, de su plan de criminalización de la protesta de los trabajadores y del pueblo pobre.
Horas más tarde el mismo multimedio corrigió su información y ahora se trataría de una causa por irregularidades en el manejo de los fondos públicos en base a las auditorías efectuadas por el Tribunal de Cuentas de la Provincia. Según informa Canal 2, “la fiscalía N°4 a cargo del Dr. Aldo Lozano tenía previsto realizar actuaciones durante esta semana con relación a la investigación”.
Durante toda la semana el radicalismo lanzó una fuerte embestida contra las autoridades de la UNJu y contra el conjunto de la comunidad universitaria. Fue a través de una solicitada de su bloque parlamentario y sistemáticas declaraciones de los diputados y funcionarios que acusaban al Rector de haber “roto las relaciones institucionales con el gobierno” y de pretender hacer de la universidad una “unidad básica” opositora.
También funcionarios de la Juventud Radical, que gozan de ingresos de privilegio, salieron a atacar a las autoridades universitarias, a la vez, que volvieron a estigmatizar a la juventud estudiantil por medio de una conferencia de prensa.
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En este marco, se inscribe la nueva causa que se suma a otra, denominada “sanguchitos”, que tiene como trasfondo una denuncia por corrupción iniciada contra el Rector años atrás y que fuera reactivada por la Justicia provincial con la asunción del nuevo gobierno el año pasado.
La causa “sanguchitos” había sido nuevamente dormida el año pasado luego de un acuerdo del rectorado con el gobierno provincial. Mientras duró esta sociedad política, las máximas autoridades de la UNJu guardaron un profundo silencio frente a la persecución a los opositores, a los sindicatos y ni hablar, ante la existencia de presos políticos en la provincia, hechos que tuvieron repercusión internacional. E incluso llegaron a firmar un convenio marco con el Instituto Universitario de Formación de la Policía Federal Argentina en presencia del mismo Gobernador Gerardo Morales.
Con la decisión de la Justicia de embestir contra la principal autoridad de la Universidad, vuelve a quedar al descubierto, el rol de los jueces como un órgano de poder completamente subordinado al partido de gobierno y puesto al servicio de la persecución política. Su modus operandi es el apriete con causas que se van generando una tras otra, las multas a los sindicatos o la detención lisa y llana.
La contracara de los allanamientos es la liberación de los policías que habían sido detenidos el lunes (24) por el accionar represivo en la Facultad de Ciencias Agrarias el pasado 13 de abril. Un hecho ilegal que violó la autonomía universitaria y que el gobierno tuvo que reconocer, finalmente por el escándalo político que generaron las imágenes de la policía reprimiendo y llevando detenidos de adentro de la Universidad a los estudiantes.
La pronta liberación de los policías detenidos y la campaña contra la universidad que lanzaron los diputados, junto a los allanamientos hoy día, dejan en claro que la política del régimen policíaco de Gerardo Morales y de su vice, el massista, Carlos Haquim, no se va a detener.
Más allá de la real pertenencia al PJ y sus distintas facciones de las autoridades de la UNJu, como de las conducciones de los Centros de Estudiantes, tal como asegura la UCR para tratar de naturalizar el atropello a la autonomía universitaria, la embestida trasciende las internas de poder en un año electoral.
En el ataque a la UNJu el gobierno provincial se juega darle un golpe a un sector de la sociedad que puede efectivamente expresar una oposición política y social al plan de ajuste y represión que vienen aplicando a pedido de los empresarios. Los discursos estigmatizantes contra la juventud son parte de esta política para debilitar y evitar que el movimiento estudiantil se pueda poner de pie y junto con los docentes, no docentes y trabajadores, lo cuestionen con toda su fuerza.
A esta altura, necesitamos una respuesta contundente en las calles con una movilización masiva e independiente de las autoridades universitarias y junto a los trabajadores. Los gremios, Centros de Estudiantes y la Federación Universitaria de Jujuy, tienen planteado entonces convocar asambleas para organizar la fuerza social que le puede parar la mano al gobierno y su avanzada persecutoria y represiva.
