Con 90 % de adhesión se suspendió la mesa de diálogo. El Gobierno convocó a un Consejo de Gabinete extraordinario que tratará el presupuesto 2017 y la huelga docente.
Viernes 22 de julio de 2016
Tras cinco días de paro y luego de que el jueves votaran la huelga por tiempo indefinido, casi 40 mil docentes de escuelas públicas agrupados en 17 gremios realizaron este viernes una nueva jornada de lucha, con marchas y piquetes en distintos puntos del país.
En la provincia de Los Santos cortaron el puente sobre el río La Villa. En la provincia de Veraguas cerraron los cuatro carriles de la vía Interamericana, y en Coilón marcharon por las calles de la ciudad.
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Mientras aumenta el respaldo de la comunidad a los docentes, el presidente Juan Carlos Varela convocó a un Consejo de Gabinete extraordinario para analizar el presupuesto 2017 que, en el marco de la huelga y la exigencia de los gremios de que se aumente el presupuesto educativo, tendrá que discutir la propuesta del magisterio y dar una nueva respuesta.
El miércoles 20 el Gobierno había ofrecido un bono a los maestros que retornaran a las aulas, propuesta que fue rechazada masivamente, y que repercutió en la decisión de extender la huelga por tiempo indeterminado. Los docentes denuncian persecución por parte del Gobierno que, a través del Ministerio de Educación, solicitó a la Contraloría una fiscalización a escala nacional de la asistencia a las escuelas para determinar quiénes están “incumpliendo con sus responsabilidades”.
El reclamo de los maestros se centra en la exigencia de que se destine el 6 % del PBI al presupuesto educativo, de acuerdo a la modificación de 1995 de la Ley Orgánica de Educación, que en su artículo 124 establece que "el gasto público en el sector educativo no será inferior al seis por ciento del producto interno bruto del año anterior". Además, los gremios reclaman que los municipios destinen el 20 % de presupuesto a la educación pública de primer nivel de enseñanza y 5 % a la educación física del primer y segundo nivel, según establece el artículo 127 de la misma ley.
Además, los docentes exigen que se dé cumplimiento a lo acordado en marzo de 2014, bajo el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli, que incluía el aumento salarial de 900 dólares en tres cuotas y el pago y actualización de todos los sueldos adeudados. Según datos del propio Ministerio de Educación, son ocho mil los maestros que esperan el pago de salarios adeudados.
La huelga docente refleja las fuertes desigualdades sociales de Panamá, un país con casi cuatro millones de habitantes que hace un mes inauguró la ampliación del canal que lleva su nombre, y que dará ganancias millonarias al gobierno de Varela y la Autoridad del Canal de Panamá, mientras el grueso de la población sigue viviendo en condiciones de pobreza. Como ejemplo, la inversión pública en educación en Panamá es una de las más bajas de la región, lo que significa que funcionan en todo el país 400 escuelas y mil “aulas rancho”, y el 65 % de las escuelas primarias están organizadas en “multigrados”.
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