Miércoles 21 de enero de 2015
En poco más de un mes se cumplirán dos años del asesinato del dirigente sindical Juan Pablo Jiménez, que fue muerto de un disparo en la cabeza mientras se encontraba al interior de la empresa AZETA. La Justicia determinó que sí es válida la tesis de la “bala loca”. El menor de 16 años acusado de haber disparado, llevaba dos años declarando inocencia. Sin embargo, en la audiencia del 15 de enero, el menor se declaró culpable de haber disparado la bala, que según el Ministerio Público, habría salido desde la población La Legua. El proyectil habría recorrido más de un kilómetro para luego impactar en la sien izquierda del dirigente sindical.
La justicia impide que su familia y cercanos, pudiesen presentar las pruebas de peritajes que tienen. Nuevamente se deja impune el asesinato de un trabajador.
La empresa AZETA hoy quebrada, fue una de las tantas subcontratistas que trabajan para las grandes compañías de servicio, como Telefónica, Claro, Aguas Andinas y en este caso Entel y Chilectra. Ser trabajador subcontratado es sinónimo de trabajo precario. Los bajos salarios, condiciones de inseguridad y cero protección social, es la tónica en de las empresas subcontratistas. Juan Pablo bien lo sabía, pues era férreo defensor de los derechos de los trabajadores. Ejemplo de eso fue la unificación a través de la Federación de Sindicatos de AZETA del cual él era el presidente, encabezando denuncias contra el subcontrato y las pésimas condiciones de seguridad.
Una vez más la justica termina ocultando el homicidio de un obrero, también pasó lo mismo con Rodrigo Cisternas, si bien la justicia es ciega, sorda y muda al parecer si tiene clase social, y no es precisamente de la clase obrera.
