Recientemente se publicó una compilación de investigaciones sobre el Operativo Independencia, coordinada por Santiago Garaño y Ana Concha Bocanegra. Los más de 30 textos indagan sobre este “ensayo general” del genocidio que comenzó el 5 de febrero de 1975 con un decreto secreto de María Estela Martínez de Perón para la ocupación militar de Tucumán, desarrollando propósitos y prácticas contra la insurgencia obrera y popular que luego se generalizarían en todo el país con el golpe del 24 de marzo de 1976.

Tras el decreto secreto de Martínez de Perón, la ocupación militar se inició el 9 de febrero de 1975, primero bajo la comandancia de Acdel Vilas y luego, en noviembre de 1975, por Antonio Domingo Bussi. En las palabras preliminares de Operativo Independencia: geografías, actores y tramas (Edunt, 2022, 470 p.) [1] los compiladores Garaño y Concha Bocanegra señalan que el libro muestra cómo el Operativo Independencia (OI, de aquí en más) buscó “disciplinar a la población tucumana e imponer un nuevo modo de dominación y control social en el Noroeste argentino, basado en el terror ejercido desde las Fuerzas Armadas y de Seguridad” (p. 20-21).

Por la extensión y variedad de las investigaciones, comentaremos brevemente estos trabajos a partir de los núcleos temáticos propuestos por los compiladores.

¿Por qué Tucumán?

La primera parte se ocupa de los años previos al OI, con la configuración del escenario político y social radicalizado, intentando responder a la pregunta de más arriba. A modo orientativo, Javier Ignacio Carreras Baldrés ubica, a través de una serie de mapas, los escenarios de la zonificación militar que implicó el OI. Luego, Santiago Garaño analiza las etapas del OI a la luz de la noción de “teatro de operaciones”. Si bien es parte de la terminología militar, para el investigador “una de las claves de ese «teatro de operaciones» se basó en un complejo juego de mostrar y ocultar” (p. 38). Así distingue entre una faceta secreta, oculta y negada (los secuestros, los Centros Clandestinos de Detención, la desaparición) y otra que exhibía, mostraba y espectacularizaba con acciones de propaganda. Por último, Garaño advierte sobre la conclusión de Acdel Vilas en su diario, donde señala que el verdadero “foco” era San Miguel de Tucumán y no en el monte.

De aquellos años de protesta y radicalización se ocupa Silvina Nassif, quien da cuenta de la década entre la crisis que derivó en el cierre de los ingenios en 1966 y el OI. Frente a la crisis de sobreproducción de la agroindustria azucarera, en 1966 la FOTIA había mostrado un alto grado de organización en su primer congreso de delegados seccionales, que reunió a unos 600 trabajadores de 55 seccionales de una federación de 100.000 afiliados en tiempos de zafra. Si bien la dirección era hegemonizada por el peronismo, había tendencias de izquierda como los comunistas o trotskistas con considerable influencia. La lucha contra el cierre de los ingenios tuvo resultados dispares pero de conjunto fue un durísimo golpe a los azucareros, que los posicionó, junto al movimiento estudiantil solidario, tempranamente en la oposición a la dictadura de Onganía. En la década del 70 tendrá lugar una recomposición subjetiva y, en septiembre de 1974, las bases de la FOTIA van a su última gran huelga enfrentando el Pacto Social instaurado por Perón. El secuestro, el asesinato y la desaparición de dirigentes y activistas prueba que el OI tuvo como uno de sus principales objetivos aplastar a las organizaciones obreras.

Emilio Crenzel contextualiza y describe los levantamientos populares conocidos como el Tucumanazo (noviembre de 1970) y el Quintazo (junio de 1972), quedando sin abordar los combates callejeros de mayo de 1969 y la pueblada de Villa Quinteros en el mismo año, importantes para entender el ciclo. El investigador señala que si bien se inscriben en el ciclo abierto por el Cordobazo, es una continuación de la confrontación inaugurada en 1966. Por esa razón señala que en comparativa con la provincia mediterránea, el movimiento estudiantil tuvo mayor peso que los obreros industriales afectados por la derrota del cierre de los ingenios. En nuestra visión este elemento es insoslayable pero también es clave problematizar el rol de las direcciones, como la cúpula dialoguista que encabezaba Basualdo en la FOTIA o las trabas que impuso la CGT local para evitar que una huelga provincial coincidiera con el auge del Quintazo. A su vez, es necesario profundizar el rol que tuvieron nuevos sectores que se radicalizaron como los metalúrgicos, textiles y del citrus.

La cuestión de la guerrilla es abordada por Marcos Taire en un texto sobre la Compañía de Monte instaurada por el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y su brazo armado, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). La Compañía operó desde inicios de 1974, con su primera aparición en mayo con el copamiento de Acheral y los meses siguientes realizó tres acciones de propaganda armada. Un fallido asalto en Catamarca y la posterior masacre en manos del Ejército, en agosto, marcaron el inicio del declive de la Compañía de Monte. Esto se expresó en el aislamiento del PRT ante la huelga de FOTIA durante septiembre, mientras se enfrascaba en acciones de represalias contra el Ejército. El ataque al capitán Viola, donde murió una hija del militar, fue definitorio en el camino errático de la Compañía, siendo utilizado por el Ejército para presionar por mayor injerencia en la represión. Taire señala que tanto durante los operativos de 1974 y como en el OI no hubo combates, a lo sumo escaramuzas producto del cruce casual. Tras un intento frustrado contra Vilas y de la apertura fallida de otro frente en El Cadillal, la Compañía se disolvió formalmente en octubre de 1975. La presencia de la guerrilla puede resultar un tema incómodo en algunas lecturas que buscan contrarrestar los discursos del OI como una “guerra”, sin embargo Taire equilibra la lectura con un racconto de las acciones del PRT-ERP y el vasto despliegue del Ejército y el resto de las fuerzas, quienes nunca tuvieron intenciones de ingresar al monte. Para comprender mejor el destino del PRT-ERP es necesaria una evaluación de su estrategia guerrillera, de la cual plantearemos algunos elementos más abajo.

Cerrando la sección, Constanza Cattaneo y Bruno Salvatore tratan la violencia hacia las mujeres, a partir de testimonios e investigaciones arqueológicas en la Base Militar de Santa Lucía. Los crímenes de violencia sexual a manos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad formaron parte del disciplinamiento para quebrar el tejido social de los pueblos, crímenes característicos de una ocupación militar que muchas veces no llegan a ser juzgados.

Actores de la represión

La segunda parte se adentra en diferentes aspectos organizativos del Ejército y también el papel desempeñado en el OI por los empresarios, la Iglesia católica, la Justicia Federal y los medios de comunicación.

Esteban Pontoriero analiza el decreto secreto firmado por Martínez de Perón que da inicio al OI, con la conocida expresión de “neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán”. El historiador sitúa al decreto dentro de la legislación represiva que desde 1955 refleja las ideas contrainsurgentes del Ejército. En el caso del decreto, esto se refleja en el uso de la palabra «aniquilar», término militar para referirse al exterminio físico del enemigo. Pontoriero acota que los militares no hubiesen podido imponer “sus ideas y encarar la ’lucha antisubversiva’ si hubieran carecido del apoyo político que solo las máximas autoridades del gobierno les podían otorgar” (p. 95).

Por su parte, Verónica Almada da cuenta de los vericuetos sobre la documentación y los archivos del Ejército. Por su carácter secreto y clandestino, muchas de las actuaciones del OI no fueron registradas, a lo que se suman la destrucción de pruebas o la imposibilidad de acceso. Sin embargo, en diferentes documentos se pueden encontrar rastros del andamiaje represivo, reconstruirlo y a su vez servir como elemento probatorio. Otro enfoque sobre la estructura represiva lo da Santiago Garaño con el rol y la experiencia de los soldados conscriptos. El Ejército buscaba inducir en ellos un sentimiento de unidad en la ’guerra antisubversiva’ pero el traslado a Tucumán significó mayores experiencias de maltrato y vejaciones, las cuales se intensificaban para los conscriptos considerados ’subversivos’ o indisciplinados.

La participación eclesiástica es analizada por Lucas Bilbao y Ariel Lede, quienes trabajaron con los diarios de Víctor Bonamín, obispo y provicario castrense. En aquel documento se registran las solicitudes de las autoridades militares de “apoyo logístico espiritual” para justificar la tortura, el asesinato y la desaparición. El propio Bonamin habla de “problemas de conciencia en nuestros oficiales” (citado en p. 131) y relata cómo Bussi lo hizo partícipe del interrogatorio de un detenido.

La relación entre los empresarios azucareros y la represión es analizada por Victoria Basualdo y Silvia Nassif a partir de los ingenios Concepción y La Fronterita. Las autoras señalan que el empresariado durante el OI no tuvo una actitud de mero acompañamiento sino que tenían “un peso y una lógica propia” por lo que recurren al concepto de “responsabilidad empresarial” (p. 139). En nuestra opinión, este concepto es relevante para acentuar al empresariado aunque hay que advertir que considerar al empresariado como un actor más entre tantos otros puede dificultar la comprensión de los objetivos políticos y económicos de la clase dominante con el OI y la dictadura. Respecto a los casos del Concepción y La Fronterita, las autoras identifican elementos comunes: cesión de espacios de las empresas a las FFAA para la detención o tortura de trabajadores; pedido de detención por parte de directivos (la mayoría de la primera plana de las Comisiones Directivas fueron secuestradas); uso de vehículos de los ingenios en operativos de secuestros; suministro de personal para el señalamiento de obreros que debían ser secuestrados; secuestros de trabajadores en los establecimientos (p. 140-141). En contraposición obtuvieron grandes beneficios económicos. Sobre el empresariado hay un manto de impunidad hasta la actualidad, nacionalmente son contados los procesados y condenados.

El rol de la Justicia Federal es explorado por Francisco Bolsi a partir del rol del magistrado Manlio Tulio Martínez en la “masacre de la calle Azcuénaga” donde policías y militares ejecutaron a cinco militantes de Montoneros y presentaron el hecho como un enfrentamiento. Martínez se apersonó en el lugar para “constatar” el enfrentamiento fraguado y como parte de una investigación luego fue detenido el dueño de la casa, quien fue llevado a un CCD y torturado. Tras 1983, Martínez fue reafirmado como magistrado y fue docente de la UNT hasta jubilarse. En 2015 se convirtió en el primer juez federal en ser condenado por delitos de lesa humanidad. Dos años después, se aceptó un recurso para revisar la condena a 16 años de prisión y que Martínez quede en libertad hasta que se dicte una nueva condena, cuestión que hasta el momento no sucedió.

Micaela Iturralde analiza el tratamiento del OI en el diario Clarín y los modos discursivos empleados para legitimar la intervención militar. “La consideración sobre el carácter ensayístico de la experiencia represiva tucumana debe extenderse también a los modos de comunicación y narración periodística”, concluye la autora (p. 167).

Tramas de la represión

La tercera parte está abocada a los centros clandestinos de detención (CCD) y el circuito represivo. La “Escuelita de Famaillá” es descrita por Valeria Totongi y María Coronel, con la relevancia de ser el primer CCD. Ezequiel del Bel, Sofía Neder y Constanza Cattaneo abordan al Arsenal «Miguel de Azcuénaga», el principal CCD del Noroeste por el número de víctimas que pasaron por allí. Yendo a la capital, Guillermo Roberto Anachuri y Ana Isabel Vera Amate Pérez toman los CCD de la Jefatura de Policía de Tucumán y la Escuela de Educación Física. Perteneciente a la Universidad Nacional de Tucumán, en la Escuela de Educación Física estuvieron centenares de universitarios detenidos con grupos enteros que desaparecieron, como el cuerpo de delegados de Bioquímica. La relación entre el empresariado azucarero y la represión reaparece en los casos de los CCD Ingenio La Fronterita, reseñado por Gonzalo Conte, Valeria Durán y Juan Federico Houllé, y la Base Militar de Santa Lucía, investigada por Constanza Cattaneo.

La cuarta parte contiene textos que trazan algunos efectos del OI. Ilde Erlich toma apuntes sobre Tafí Viejo, su combativa tradición en los ferroviarios y la represión desplegada. María Gloria Colaneri y Juan Manuel de la Vega reconstruyen el proceso para hallar la fosa común clandestina «el Pozo de Vargas» y los trabajos de identificación de los restos de víctimas desaparecidas. Sobre los efectos en el sur, Victoria Daona indaga sobre cómo se encuadran las memorias de algunos pobladores de Monteros, que continúan reproduciendo elementos del discurso de la ’guerra contra la subversión’. Respecto a otras geografías, María Victoria Pierini narra cómo se estableció la represión sobre las comunidades indígenas del Valle y Amaicha, quienes venían de años de organización por sus territorios y enfrentando a terratenientes. Planteando una mirada regional, Luis Garay señala las conexiones entre la represión del OI y el aparato construido en Santiago del Estero por Carlos Juárez y Antonio Musa Azar.

La sección cierra con dos textos que cuestionan el imaginario desarrollado para justificar el OI. Diego Nemec repasa cómo fueron los pueblos rurales fundados por Bussi. Las localidades de Teniente Berdina, Sargento Moya, Capitán Cáceres y Soldado Maldonado fueron construidas como parte de la “acción cívica” del Ejército y con el múltiple fin de continuar la vigilancia de los trabajadores de la zona, disponer de mano de obra disciplinada por el control y el miedo (Teniente Berdina y Sargento Moya fueron construidos en terrenos donados por dos empresas azucareras) y a la vez una política estatal para buscar apoyo y adhesión. Los nombres de los pueblos fueron elegidos para homenajear a los «héroes caídos» del OI, imaginario rotundamente desmentido por el trabajo de Marcos Taire. El periodista repasa los diferentes casos de los “caídos en combate” para demostrar cómo se fraguaron enfrentamientos para encubrir muertes durante escaramuzas entre tropas del Ejército (como la muerte de Berdina y Maldonado), asesinatos del Ejército presentados como atentados de la guerrilla (un ajuste de cuentas interno con el subteniente Toledo Pimentel) y también hechos sin esclarecer (la caída de un avión con la plana mayor del III Cuerpo, previa al OI).

La lucha contra la impunidad

La quinta parte agrupa a textos que recorren episodios de la lucha por el juicio y castigo a los genocidas. La sección abre con un texto de Julia Vitar sobre los primeros pasos de los organismos de DDHH locales que tempranamente tuvieron que afrontar el surgimiento del bussismo como fuerza política. La disputa contra la versión de una “guerra” estuvo en los orígenes, al tiempo de recopilar los testimonios que dieron base del informe de la Comisión Bicameral local y de la CONADEP, aunque esta no se ocupó de los hechos del OI. Lo mismo sucedió con el Juicio a las Juntas. La ausencia del OI también se hizo notoria en las leyes de reparación patrimonial para las víctimas, tema del que se ocupa Alejandra G. Schwartz. El texto de Vitar también alcanza a los cambios tras la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, iniciándose un proceso de judicialización cuyo primer hito es la condena a perpetua a Bussi en 2008.

Luisa Vianco relata el “juicio ético y popular” a Bussi realizado en 1995 ante la posibilidad de que llegara a la gobernación. Finalmente, Bussi fue electo gobernador, hecho que motivó diferentes intentos explicativos. Emilio Crenzel postula que lejos de ser una cuestión de olvidos sobre los años del OI, se trata de memorias enfrentadas. El investigador analiza el voto a Bussi distinguiendo entre un “votante orgánico” y un “votante intermitente”. El primero más de clase media de las ciudades, tradicionalmente antiperonista, que justificaba el OI; el segundo fue un votante más transversal, acercado por el desprestigio de los partidos tradicionales y el empobrecimiento. Para Crenzel, Bussi logró amalgamar esos diversos motivos aunque los crímenes de lesa humanidad cometidos funcionaron como una barrera infranqueable para quienes optaban por no votarlo.

Los últimos trabajos se refieren a diferentes juicios de lesa humanidad. Patricio Agustín Rovira se ocupa de una documentación recuperada de la Jefatura de Policía que probó el destino de un grupo de víctimas que pasaron por el CCD. Tina Gardella reconstruye la “Megacausa Jefatura II-Arsenales II” mientras que Ana Concha Bocanegra hace lo propio con la “Megacausa Operativo Independencia”. En los dos casos, las sentencias no cumplen lo reclamado por las querellas y la fiscalía, incluso llegando a absoluciones. Concha Bocanegra señala que en el juicio por el OI esto ocurrió por el contexto de un gobierno nacional macrista. Resta agregar que la tendencia continuó desde 2019. La compilación finaliza con un epílogo de Marta Rondoletto y con una selección de fotografías en donde funcionaron algunos CCD presentada por Cora Gamarnik y Andrea Josch Krotki.

A modo de conclusión

La publicación de Operativo Independencia: geografías, actores y tramas es un hecho auspicioso que permite tener una aproximación a las diferentes dimensiones del OI, las cuales se pueden profundizar con las investigaciones, algunas ya clásicas y otras en desarrollo, de los diferentes autores. De conjunto, la compilación desarma el relato de una “guerra contra la subversión” o de versiones recicladas de una “teoría de los dos demonios”. Un paso necesario para la re-politización de las víctimas, para una restitución como sujetos de transformación y protagonistas de un proceso de radicalización en los años 60 y 70.

En sentido de lo mencionado, y desde nuestra perspectiva, creemos que es necesario ahondar en los propósitos del OI, atendiendo a los planes de la burguesía frente al ascenso de masas obrero y popular, donde sectores comenzaban a romper con la conciliación y contención que representaba el peronismo. Estos elementos también tienen sus particularidades en relación a los tiempos locales, ampliamente presentes en la compilación, y los tiempos nacionales, con avanzadas reaccionarias, incluyendo a la Triple A, para derrotar a la vanguardia obrera con golpes aislados como en el Navarrazo en Córdoba (febrero de 1974) o en Villa Constitución, Santa Fe (marzo de 1975). Dar cuenta de un disciplinamiento para “imponer un nuevo modo de dominación y control social”, tomando la expresión de los compiladores señalada al inicio, sin mencionar los objetivos estratégicos a los cuales este “nuevo modo de dominación” sirve, termina en una explicación parcial del OI.

Los planes del poder burgués para transformar radicalmente la estructura económica y social del país en función de sus intereses tenía como condición sine qua non la derrota del ascenso obrero y popular. Por esta razón el despliegue de 5.000 efectivos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad en una ocupación que apostaba a destruir cualquier atisbo de la movilización. Como señala Ana Jemio, para la clase dominante “la destrucción de un modo de ser, y un modo de hacer de las clases populares que era a la vez, un efectivo freno a las necesidades del capital y la condición necesaria –aunque no suficiente– para el desarrollo de corrientes revolucionarias” [2]. Esto último es el sentido más profundo de los objetivos del OI.

La cuestión del desarrollo de corrientes revolucionarias, mencionada por Jemio, lleva a la relación entre la lucha política y la lucha física en el plano de la estrategia. Esta relación se analiza exclusivamente sobre la experiencia del PRT-ERP, aunque no siempre se profundiza en la crítica. Por su concepción estratégica, el PRT-ERP apostó al establecimiento de un foco rural en Tucumán para el establecimiento de “zonas liberadas” en una guerra de “ejército contra ejército”. Pese a la convicción de sus militantes, esto condujo a la construcción de un aparato armado divorciado de los combates reales de la clase obrera, como en el caso de la huelga de la FOTIA ya mencionada [3].

En nuestra perspectiva, la relación entre lucha política y lucha física se puede abordar fructíferamente desde el enfoque transicional del problema de la autodefensa, que condensa los principales aportes del marxismo revolucionario. Los años previos al OI estuvieron signados por diferentes episodios con altos niveles de violencia que plantearon como tarea la autodefensa obrera y popular. En términos de enfrentamientos de masas, en el Tucumanazo y el Quintazo la policía provincial fue desbordada, con zonas controladas durante horas o días por los manifestantes en barricadas, quienes fueron derrotados sólo con la llegada del Ejército (Videla comandó la represión al Tucumanazo). El grado de enfrentamiento también lo marcó el asesinato de Hilda Guerrero de Molina durante una pueblada contra el cierre de los ingenios o del estudiante Víctor Villalba en el Quintazo. En diferentes procesos, los azucareros tuvieron enfrentamientos con la burocracia de algunos sindicatos y también con las fuerzas represivas en las huelgas. La represión a la huelga de 1974 se combinó con operativos “antiguerrilleros” y también la aparición de la Triple A (no es casualidad que uno de esos operativos fue comandado por Villar, jefe de la Triple A). Cada represión desplegada planteó la defensa de los sindicatos y las organizaciones obreras, lo que implicaba, de acuerdo al nivel de enfrentamiento, piquetes de huelga, destacamentos de autodefensa y hasta milicias frente a la agudización del conflicto. Los medios de la autodefensa aparecen ligados al desarrollo de la movilización, siendo tarea de un partido revolucionario el impulso de estos elementos, relacionado a otros problemas como los elementos ofensivos de la autodefensa, el armamento y la asimetría con las fuerzas represivas. Por su estrategia, el PRT-ERP descartó las tareas de la autodefensa mientras organizaciones trotskistas como el PST no las plantearon consecuentemente [4]. Indagar en este problema puede ser un aporte para el balance de la intervención de las corrientes de la izquierda revolucionaria.

Como otra hipótesis, la transformación de las condiciones económicas de la provincia es un elemento importante a explorar. Si bien en la primera parte se mencionan algunos cambios en la industria azucarera —como la mecanización en la cosecha, eliminando puestos de trabajo, o el aumento en los ritmos de producción de los ingenios—, un panorama general puede hacer foco en quienes se beneficiaron y los resultados para los sectores populares. Esto a su vez es otra vía para desarmar los discursos que aún en la actualidad identifican al OI como sinónimo de orden y tranquilidad.

Por otro lado, en la compilación queda vacante el papel desempeñado por la dirigencia del peronismo y del radicalismo, junto con las dirigencias sindicales. Sobre el movimiento obrero se da cuenta de los casos de dirigentes y activistas secuestrados y desaparecidos, aunque también hay dirigentes que colaboraron con el OI, empezando por los dirigentes de la CGT local. Son numerosas las declaraciones favorables al OI por parte de dirigentes del peronismo y el radicalismo [5] y si bien la situación se complejizó tras el golpe de marzo de 1976, no dejó de haber un grado de lazos, participación y continuidades que ayudan a entender cómo se configuró el régimen político tras 1983 y también la emergencia del bussismo.

Hechos estos comentarios críticos, esperamos que surjan intercambios, hipótesis e investigaciones para enriquecer la comprensión de un hecho clave en la historia de los sectores obreros y populares.