A nueve meses de su anuncio, el anteproyecto de ley del Aborto de Gallardón está a punto de ser archivado ante la falta de consenso del PP. Las manifestaciones de mujeres extendidas por todo el Estado han puesto en jaque esta controvertida ley.
Cynthia Lub Barcelona | @LubCynthia
Martes 16 de septiembre de 2014
Finaliza el verano europeo y la promesa del Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de aprobar en el Congreso su controvertido anteproyecto de Ley del Aborto, parece lejos de cumplirse. Fuentes del Gobierno y del PP a través de El Mundo, han afirmado que la intención del Ejecutivo es paralizar el anteproyecto ante la falta de consenso interno abierto tras un "periodo de consultas". Mientras tanto, por la tarde del lunes, el Ministerio de Justicia afirmó que sigue adelante con su reforma de la ley del aborto, "trabajando en buscar el máximo consenso posible y ultimando la redacción del proyecto de ley ".
La polémica ley —votada por el Consejo de Ministros en diciembre 2013—, fue criticada por diferentes sectores dentro del Partido Popular. Así como también por un amplio movimiento de organizaciones de mujeres, feministas y organizaciones sociales y políticas que sin descanso se movilizaron en todo el Estado español.
El punto que más controversias genera es sobre si las anomalías en el feto son causa suficiente para abortar. El anteproyecto establecía que la mujer solo podría abortar en dos supuestos: violación y “grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada”. Desaparecía así el supuesto de malformación fetal, avalado por el Tribunal Constitucional en 1985. Según el nuevo supuesto, para poder abortar las mujeres debían alegar “grave peligro” físico o psicológico, debiendo ser constatado por dos médicos.
Dentro del PP fueron dos los sectores críticos. Por un lado, una minoría expresada por la vicepresidenta del Congreso, Celia Villalobos, quien en febrero de este año fue sancionada por votar a favor de la retirada de Ley. También otros ’barones’ autonómicos de Valencia, Extremadura y Castilla y León criticaron a la Ley como "más restrictiva" que la de 1985. Y por otro lado, la Conferencia Episcopal Española (CEE) junto a las Asociaciones Pro-Vida o Derecho a Vivir, que defienden prohibir el aborto en todos los casos, ya sea violación y peligro de vida para la madre.
Tras estos debates en el mes de junio Gallardón cambió su fórmula. Propuso que el aborto se practique no porque el feto sufra una enfermedad, sino porque la madre va a sufrir daño por ello. Se negó a hablar del "supuesto de aborto por malformación fetal" porque significaría una discriminación a tales fetos, incluso si estos son incompatibles con la vida. Incluso llegó a plantear que el síndrome de Down quedaría fuera de un supuesto de "malformación fetal", al ser una "discapacidad". Con este discurso intentaba calmar las aguas en la CEE, cuyo secretario Gil Tamayo había anunciado que "la cuestión de la malformación del feto no debe ser negociable en el ámbito parlamentario".
Sin embargo, lo que no pudo calmar fueron las movilizaciones en las calles. Un amplio movimiento organizaciones de mujeres, políticas y sociales se movilizaron contra el anteproyecto de Gallardón. En todo el Estado exigían el derecho al Aborto Libre y Gratuito y hasta la dimisión del Ministro, considerando a la nueva como un gran retroceso en este derecho.
Según datos del 2012, el Estado español registra 112 mil interrupciones voluntarias del embarazo al año. El 90% se realiza en las primeras doce semanas de embarazo; porcentaje estable de los últimos treinta años. Los casos de abortos por malformación del feto son apenas el 3% del total; unos 3.500 al año, de los que poco más de 300 son casos de anomalías incompatibles con la vida. Es decir que de aprobarse la Ley de Gallardón, la prohibición afectaría a la inmensa mayoría de mujeres que deciden interrumpir el embarazo, casi todas por causas ajenas a la malformación del feto o peligro de sus vidas.
Claves
20-12-2013. Se aprueba por El Consejo de Ministros un anteproyecto llamado Ley de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada. Se diseña un nuevo "sistema de plazos" —tiempo y condiciones en el que se puede interrumpir el embarazo— considerado más restrictivo que la despenalización de 1985; principalmente porque se descarta el supuesto por malformación del feto. Comienzan manifestaciones y todo tipo de protestas en todo el Estado.
11-02-2014. El PP respalda la Ley de Gallardón en bloque contra Congreso una proposición en el Congreso del PSOE que pedía su retirada; a pesar de la oposición dentro del PP como la de la diputada del Málaga, Celia Villalobos.
3-06-2014. El Consejo Fiscal apoya la ley por ocho votos a cuatro —muy críticos—. También exige sanciones a las mujeres que aborten. El Comité de Bioética anuncia su apoyo tras un informe en el que declara que "permitir el aborto durante las primeras 14 semanas de gestación, (...) supone una desprotección absoluta del ser humano". Continúan las movilizaciones durante el verano en todo el Estado, muchas de ellas reprimidas por la policía.
13-06-2014. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) apoya la Ley aunque cuestiona el supuesto de malformación.
21-07-2014. El ministro Gallardón anuncia que su proyecto sería aprobado en septiembre de este año.
