El juez federal de Esquel, Guido Otranto, procesó a nueve ambientalistas por los confusos incidentes del 13 de marzo en la visita del presidente Alberto Fernández a la Comarca Andina. Los acusa del delito de daño agravado. Las asambleas ambientales de la provincia habían denunciado públicamente que hubo policías infiltrados y patotas de la UOCRA. Un intento por avanzar en la criminalización de los que luchan contra la megaminería.
Viernes 4 de junio de 2021 13:03
En marzo pasado, el presidente Alberto Fernández visitó Chubut para recorrer las zonas afectadas por el incendio forestal. Cuando la comitiva oficial se retiraba de un centro cultural en Lago Puelo, hubo confusos incidentes alrededor de la camioneta en la que se trasladaba al jefe del Estado y a sus acompañantes. Casi tres meses después de los hechos, el juez federal de Esquel, Guido Otranto, procesó a nueve personas por los delitos de daño agravado por ser ejecutado sobre un bien de uso público y estorbar a un funcionario público en el cumplimiento de actos propios de sus funciones.
Los procesados por el juez Otranto son: Guillermo Ramírez, Daniela Flacquier, Lucía Maddalena, A.G.C., Sol Basurto Muñoz, Julieta Gutiérrez Muñoz, Andrea Millañanco, Horacio Florentín y Jorge Vitelli. Les imputan el delito de daño agravado por ser ejecutado sobre un bien de uso público y estorbar a un funcionario público en el cumplimiento de actos propios de sus funciones. Les trabó un embargo hasta alcanzar la suma de $500 mil y se dispuso la prohibición para salir del país. En la resolución, explica que los trabajos de reparación de la camioneta Mercedes Benz Sprinter, que pertenece a una flota de Administración de Parques Nacionales (APN), tuvieron un costo de $424.600.
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Recordemos que durante la visita de Fernández a Lago Puelo, en marzo pasado, los hechos por los que Otranto procesa a los ambientalistas fueron más que dudosos incidentes. Estos abrieron una dura discusión entre el gobernador Mariano Arcioni, el ministro de seguridad Federico Massoni, y el gobierno nacional, a través del Ministro del Interior, Wado de Pedro, o el diputado nacional por Chubut, Santiago Igon, entre otros, que se cruzaron fuertes acusaciones sobre la responsabilidad de los hechos.
Ese 13 de marzo pudo verse a la patota de la UOCRA empujar y violentar a quiénes concentraron para decirle al presidente que el agua vale más que el oro y no a la megaminería en la provincia. Así también, las asambleas ambientales de la provincia denunciaron públicamente que hubo infiltrados de la policía, así como una fuerte cacería donde el gobernador Arcioni y su ministro Massoni detuvieron y montaron un show como parte de la campaña de criminalización a quiénes luchan en la provincia contra la megaminería.
El propio ministro Massoni reconoció días después en conferencia de prensa que actuaron policías de civil, infiltrados en la movilización que se desarrollaba en la Comarca Andina, es decir, que el gobierno de Arcioni realiza espionaje ilegal para luego procesar y criminalizar a los que luchan.
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La crisis política que se abrió tras estos confusos incidentes entre el gobierno provincial y el gobierno nacional, aliados en el frente de Todos, no llegó a profundizarse por los acuerdos profundos que sostienen en impulsar la megaminería y el pago de la deuda externa provincial y nacional.
Como decía en La Izquierda Diario una maestra de Lago Puelo “le decimos a Arcioni, a Fernandez y a todos los gobiernos, que aunque nos amenacen, nos persigan, nos apresen o inventen campañas para desprestigiar nuestra justa pelea, nosotres seguiremos peleando. Porque no peleamos solo por nosotres sino por el futuro de todes”.
