Johana Morán, de 32 años, estaba internada en grave estado por un disparo de arma de fuego en la cabeza que le propinó su pareja. Decenas de mujeres se movilizaron, exigiendo Justicia.
Miércoles 1ro de julio de 2020 18:40
El fin de semana pasado, Johana Morán, de 32 años, ingresó al Hospital San Luis con un balazo cerca del ojo izquierdo efectuado por su pareja Gastón Heredia. Luego de haber permanecido 24 horas internada, el domingo falleció.
Desde el sábado, Heredia está detenido, habiendo sido procesado por "homicidio agravado por el vínculo, por mediar violencia de género, por alevosía y por el uso de arma de fuego".
La Secretaría de la Mujer del Gobierno provincial se ha desentendido del caso y de sus responsabilidades como organismo estatal, creado precisamente para proteger a las mujeres y evitar semejantes desenlaces trágicos, alegando que la víctima “no había denunciado violencia” y que este nuevo femicidio (solamente) “los angustia mucho”.
Conocida la noticia, decenas de mujeres se concentraron frente al Poder Judicial de la capital puntana para exigir Justicia. En la convocatoria también se reclamó Justicia por Florencia Magalí Morales (asesinada en una comisaría) y por Mónica Ramos (docente asesinada brutalmente en su domicilio, cuyo caso aún no ha sido esclarecido).
Otra de las demandas de la jornada fue la real aplicación de la conocida “Ley Micaela” (Ley Nacional N° 27.499, Ley Micaela de Capacitación Obligatoria en Género para todas las Personas que integran los Tres Poderes del Estado), aprobada por la Cámara de Diputados provincial el 27 de noviembre del año pasado. La mencionada ley insta a los tres poderes del Estado provincial a garantizar, promover y fortalecer los cursos y talleres de capacitación, brindando información, generando concientización y prevención de la violencia contra las mujeres.
La acción culminó con una movilización hacia la Plaza Pringles, llamando la atención de quienes circulaban por allí con cánticos que denunciaban la responsabilidad del Estado en los casos de violencia y abuso, y la falta de políticas públicas reales.
Este nuevo caso de femicidio demuestra, una vez más, que no se puede seguir tolerando la inactividad de las autoridades competentes, que consideran a la denuncia como la única herramienta para detectar casos de violencia. El aval de una sociedad machista, patriarcal, capitalista y conservadora por parte del Estado y de la casta política gobernante, oprime a las mujeres y coarta sus libertades y el derecho de vivir dignamente.
