Río Negro. Nuevos testimonios en el juicio por Rafael Nahuel: racismo, contradicciones y tapas de Clarín

Esta semana terminaron de declarar los testigos pertenecientes a las fuerzas represivas federales en el juicio oral y público contra cinco miembros del grupo Albatros de Prefectura acusados del homicidio del joven mapuche Rafael Nahuel, ocurrido el 25 de noviembre de 2017 en Villa Mascardi, Río Negro. Las audiencias están a cargo de los jueces Alejandro Silva, Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava del Tribunal Oral Criminal de General Roca.

Los acusados de “homicidio agravado cometido en exceso de legítima defensa” son los prefectos Sergio Cavia, Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio García. El primero en calidad de autor y el resto de partícipes necesarios. El juicio arrancó el martes 15 de agosto en los Tribunales Federales de General Roca y las audiencias se desarrollan los martes y miércoles.

Como ya detalló este diario, al asesinato de Nahuel a manos de agentes del Estado se le suma un juicio en el que los representantes del Poder Judicial se esmeraron de sobra para demostrar que la criminalización de las poblaciones originarias, particularmente mapuche en la Patagonia, es una razón de Estado. De este Estado capitalista.

El juicio por el crimen de Rafael es un digno muestrario de que, más allá de los discursos y los matices entre las diversas gestiones, el común denominador de los funcionarios políticos es la defensa acérrima de los intereses de los terratenientes y el empresariado (extractivistas, del turismo, del agro). El crimen fue durante el gobierno de Macri y el gobierno de les Fernández no aportó nada para el esclarecimiento. La participación en el juicio como querellante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación no eclipsa la presencia de Aníbal Fernández en el Ministerio de Seguridad, eterna garantía de la máxima impunidad posible.

Desfile de uniformes

Entre la tercera y la sexta audiencia del juicio pasaron ante los jueces del TOC de Roca una decena de testigos pertenecientes a las fuerzas federales que actuaron aquellos días en la lof Lifken Winkul Mapu de Villa Mascardi.

El martes 22 el primero en declarar fue el subprefecto Pablo Berra, quien aquel sábado tuvo a su cargo la coordinación de los prefectos que debían “custodiar” el predio de Parques Nacionales. Dijo que aquel sábado dispuso que dos grupos ingresaran al territorio, pero curiosamente dijo no recordar quiénes conformaban esos grupos ni con qué armas actuaron.

Pese a contradecirse en varios puntos respecto a lo que había declarado en la instrucción de la causa, Berra insistió en que hubo un enfrentamiento armado. Pero lo dice en base al relato que le transmitieron los prefectos que atacaron. No por haber visto ni oído nada.

Luego declaró Eric Blanco, ayudante de primera de Prefectura, quien esa tarde estuvo lejos del lugar de los hechos. Dijo que los protocolos prohíben el uso de armas letales cuando se está persiguiendo a alguien. Los mismos albatros asesinos reconocieron que persiguieron a tiros al grupo de jóvenes y las pericias determinaron que en ese raid descargaron no menos de 130 balazos.

Los tres prefectos que siguieron también hablaron de un “enfrentamiento”, pese a que ninguno fue testigo presencial de los hechos. El suboficial Francisco Lezcano, el chofer de los Albatros Daniel Colliard y el suboficial Diego Brest buscaron reproducir el relato pergeñado entonces por el Ministerio de Seguridad. Pero Brest entró en contradicciones respecto a su primera declaración testimonial. Según dijo ante el Tribunal, él nunca escuchó tiros.

Brest también contó que, como casi todos, se había sumado voluntariamente al operativo en Villa Mascardi y que, antes de viajar a Bariloche desde la localidad bonaerense de San Fernando (cuando el desalojo ya se había realizado) entre sus compañeros circulaba la información de que iban “a sacar a los indios mapuche”. Un relato compatible con la actitud de los albatros la tarde del sábado 25, cuando ingresaron armados hasta los dientes al predio violando los límites de una orden judicial.

El Turco contra los mapuche

En la audiencia de este martes declararon cuatro prefectos y un federal. El testimonio más novedoso lo dio el prefecto mayor Julio César Mostafá, el albatro que organizó las operaciones de esa “fuerza de elite”, primero con cuarenta prefectos (durante el desalojo) y luego dejando a veinte “custodiando” el predio con el subprefecto Berra como responsable.

Mostafá confesó que, antes del ingreso al predio el sábado 25, ellos no habían realizado ningún tipo de inteligencia y que, por el contrario, casi toda la “planificación” se hizo en base a los prejuicios construidos a partir de la “información” de algunos diarios.

No es noticia la “confluencia” entre terratenientes y empresarios de la Patagonia con las líneas editoriales de Clarín, La Nación y otros medios al momento de criminalizar a las comunidades originarias que cuestionan sus negocios. Lo que sorprende es que los propios servidores de esa alianza confiesen sin tapujos quiénes son sus mandantes.

“Uno sabe que esas cosas son así, pero no pensábamos que lo iban a decir de ese modo tan explícito en el juicio”, sentencia el abogado Ezequiel Palavecino, miembro de la ADPH de Bariloche y uno de los patrocinantes de la familia de Nahuel.

Interrogado por las partes durante el juicio, Mostafá fue explicando detalles. “Las preguntas que se le hacían eran para entender la lógica de cómo toman las decisiones, pero él fue yendo por una línea en la que terminó confirmando que tomaron decisiones de cómo planificar el operativo por las tapas del diario Clarín, que así entendían qué era lo que tenían que ir a hacer, por las ramificaciones de la RAM y lo que hacían los mapuche en Chile”, dice Palavecino.

Tal como lo recrea el cronista Santiago Rey en la agencia Télam, el prefecto mayor declaró por Zoom, desde su casa y uniformado. Habló del supuesto actuar de la llamada Resistencia Ancestral Mapuche, la RAM a la que supuestamente combatieron en esa oportunidad. Y reconoció que sabe lo que la RAM hace en Chile por lo que cuentan los diarios.

Sebastián Feudal, otro de los abogados de la APDH y la familia de Rafael, le preguntó a Mostafá si conoce “algunas características de las comunidades mapuche”. El tipo respondió: “Sólo lo que se había visto en los medios de comunicación. Lo que había pasado en Chile. Sabíamos que el desalojo era en Bariloche, en apoyo a la Policía Federal y que iba a haber algún tipo de agresión. Sabía que en Chile había habido quemas de viviendas, ese tipo de cosas, bloqueo de rutas, lo que salió en los medios de comunicación”.

“¿Qué vio o escuchó de cómo fue ocupado el predio?”, le repreguntó Feudal. “Vi por los medios que habían ocupado unos días antes, en Clarín . Y, después, cuando recibí la orden, me acordé lo que había visto”, confesó el prefecto mayor.

Feudal insistió: “¿Qué más sabe de esa organización?”. Y Mostafá reiteró que todo lo que sabe lo leyó “en los medios, bloqueo de rutas en Chile, quemado de algunas fincas, nada más”.

Si bien las explicaciones del jerarca de Prefectura pueden parecer rayanas con la estupidez, en verdad pueden ser parte de un libreto muy bien armado. Sin embargo, la confesión de parte no deja de sorprender. Mostafá organizó el operativo de acuerdo a las valoraciones y conceptos divulgados por medios de comunicación que llevan décadas lanzando todo tipo de operaciones políticas y fake news. “¿Tomó esa determinación en base a los medios?”, le preguntó incrédulo Feudal. “Si se quiere, sí”, espetó Mostafá.

Ruata, experto en maniobras

Después declaró otro jerarca de Prefectura, que también tuvo una actuación más que sospechosa en el caso de Santiago Maldonado. Se trata de Leandro Ruata, entonces jefe de la delegación Bariloche de la fuerza federal, quien llegó al lugar de los hechos dos horas después del (inexistente) “enfrentamiento” en el que murió Nahuel.

Cuando declaró en 2017, durante la instrucción del caso, Ruata dijo que no había escuchado detonaciones de arma de fuego. Se correspondía con el hecho de que cuando llegó los hecho ya habían terminado. Sin embargo este martes dijo lo contrario, que cuando llegó sí escuchó “disparos que provenían de la montaña”.

Cuando Mariano Przybylski, el abogado de la Secretaría de Derechos Humanos (la otra querella), le leyó a Ruata una parte de su declaración inicial, sin inmutarse el prefecto dijo: “Es cierto, me debo haber equivocado ahora. Lo que escuché eran voces, no detonaciones. Voces o gritos, no sé precisar de quién”. ¿Confundirse voces o gritos con tiros? Ay, Ruata.

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La relación de este jefe de Prefectura con el caso Maldonado tampoco lo ubica en un lugar muy honorable. Él es quien, en coordinación con el juez federal de Rawson Gustavo Lleral, organizó el rastrillaje en el Río Chubut del 17 de octubre de 2017, cuando terminó encontrándose el cuerpo de Santiago. El “detalle” es que Ruata ya había organizado rastrillajes previos en el mismo río al menos dos veces. Rastrillajes con resultados negativos en un cauce de agua cuya profundidad en esa época del año no supera el metro. Ay, Ruata.

El martes completaron la lista de testigos los suboficiales de Prefectura Diego Sánchez e Ignacio Salinas y el miembro del Grupo de Operaciones Especiales Federales (GEOF) de la Federal, Matías Solá. Los dos primeros repitieron clichés de sus camaradas de armas, aunque dijeron no hacer escuchado disparos.

Des-inteligencias

Entre los testimonios de este miércoles se destaca el de Marcelo Sertic, otro miembro del grupo GEOF. En su relato contó que, durante dos días previos al desalojo del jueves 23 de noviembre, él y otros francotiradores de la Policía Federal hicieron tareas de inteligencia en el predio. Dijo que lograron determinar que los miembros de la comunidad no superaban la decena. Vale recordar que los albatros aseguraron que debieron defenderse descargando más de 130 tiros porque fueron atacados por “entre quince y veinte personas”.

El testigo también dijo que habían anticipado que la ejecución de la orden judicial de desalojo no revestiría peligro ya que “los jóvenes no tenían armas”. En efecto el desalojo, pese a la lógica resistencia de las familias, se hizo sin disparos. Tampoco los hubo en la persecución infructuosa a un puñado de jóvenes que se perdieron cerro arriba. Las personas detenidas eran mujeres y niñes.

Una vez consumado el desalojo el jueves 23, el Ministerio de Seguridad, cumpliendo órdenes del juez Gustavo Villanueva, dispuso que la custodia del predio quedara en manos del Grupo Albatros. No hay razones para pensar que esa “fuerza de elite” no contaba con toda la información de inteligencia de la Federal que tenía en su poder el secretario de Seguridad Pablo Noceti.

Sin embargo, los Albatros hoy aseguran que se guiaron por las tapas de diarios. Diarios interesados en una campaña criminalizadora basada en no pocas fake news.

La ruta de la verdad

Hasta el momento todos los testigos, miembros de las llamadas fuerzas “de seguridad”, fueron más bien testigos de contexto, no aportando información concreta y precisa sobre los hechos que derivaron en la muerte de Nahuel. “Explicaron protocolos o cómo se usan las armas, pero no estuvieron ahí”, dice el doctor Palavecino.

Por caso, hasta el momento no hay una sola prueba de la supuesta existencia de armas y disparos de parte de miembros de la comunidad mapuche contra los albatros. Ésta sigue siendo una idea de cabezas como las de Bullrich, Noceti, los prefectos y, claro, sus amigos mediáticos.

El martes y el miércoles que viene continúan las audiencias. Se viene la exposición de siete peritos y el análisis de diversos informes. Entre ellos, los relacionados a la autopsia del cuerpo de Rafa y los que determinaron qué la bala que tenía Nahuel en su cuerpo era una 9 milímetros y salió de una de las armas de los prefectos.

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En las últimas dos semanas la madre y el padre de Rafael, junto a sus abogados, se vieron imposibilitados de asistir presencialmente a las audiencias. Lo hicieron vía remota. Por las nevadas, esta semana no pudieron recorrer los 520 kilómetros que separan a Bariloche (donde, paradójicamente, se podría haber realizado el juicio) de General Roca.

La semana anterior, tampoco pudieron viajar. En ese caso, no les llegaron los pasajes prometidos por la Secretaría de Derechos Humanos dependiente del Ministerio de Justicia nacional que conduce el peronista rionegrino Martín Soria.

La falta de recursos y el hostigamiento cotidiano de parte de sectores reaccionarios rionegrinos generan en la familia Nahuel muchas limitaciones a la hora de afrontar el juicio con tranquilidad. A eso se suma el destrato y los obstáculos puestos por el Poder Judicial, fiel a su esencia racista y oprobiosa para con los pueblos originarios.

"Dicen que el Estado tiene recursos escasos para poder garantizar que un juicio así se haga de la mejor manera posible, pero no tienen problemas de recursos cuando se trata de desalojar. Para ese desalojo movilizaron no menos de 200 efectivos y sabían que no había más de diez personas en el predio", recuerda Palavecino. Lo mismo puede decirse del otro desalojo, el de octubre de 2022 a manos de las mismas fuerzas federales pero ahora bajo el mando del ministro Aníbal Fernández del Frente de Todos.

Para evitar complicaciones técnicas al momento de presenciar el debate a la distancia, la familia consiguió poder conectarse desde una sala de la Universidad Nacional de Río Negro, lo que al menos facilita que nada de lo que se diga y haga en el juicio quede fuera de su registro. Pero, como insisten desde la primera audiencia, quieren estar ahí y exigen que también lo estén los asesinos de Rafael, quienes con muchas menos complicaciones económicas y de movilidad prefieren escudarse detrás de una pantalla desde sus casas.