Los proyectos en debate sobre el derecho al aborto. La objeción de conciencia y sus vínculos con la ley de “libertad religiosa” que defiende el ex funcionario de la dictadura, y actual Secretario de Culto, Santiago de Estrada, en nombre de Cambiemos. Maniobras para impedir el pleno acceso al derecho.
Sol Bajar @Sol_Bajar
Sábado 21 de abril de 2018
Esta semana, en el marco de las audiencias públicas que se realizan en el Congreso, trascendió que existen negociaciones “informales” sobre el proyecto que presentó en marzo de este año la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, que cuenta con más de 70 firmas de diputados y diputadas de los distintos bloques. La noticia salió a la luz tras la interpelación que realizó al presidente de la Comisión de Legislación General, Daniel Lipovetszky, la diputada Nathalia González Seligra (PTS/FIT), quien cuestionó duramente las maniobras del oficialismo para trabar el debate.
El contenido de esas negociaciones y quiénes son sus protagonistas es algo que el presidente de esa Comisión, con primera competencia en este tema, quiere guardar bajo llaves. Cuenta con el apoyo de todos los partidos de la oposición mayoritaria, que respondieron con silencio a tan elocuentes declaraciones. La alianza con el Vaticano y con el Papa Bergoglio, repleta de “pactos informales” que atraviesan a todos los bloques, a excepción del Frente de Izquierda, también por esta vía mete la cola en el debate.
Según trascendió esta semana, esas negociaciones tendientes a promover un dictamen que no incomode a la jerarquía de la Iglesia, tienen lugar en simultáneo a la negociación que reabrió el gobierno de Cambiemos para promover una nueva ley de "libertad religiosa", consensuada con distintos cultos. Los rumores que circulan en la Cámara baja apuntan a que el oficialismo buscaría regular por esa vía la llamada "objeción de conciencia", para que pueda utilizarse como recurso ante una hipotética convocatoria al servicio militar, ante la realización de tratamientos médicos -como la práctica del aborto- y ante el trabajo en días festivos o de descanso religioso. Este proyecto, que tiene giro a la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto que preside la macrista Cornelia Schmidt Liermann, ya despierta un fuerte rechazo.
Un mandato de la jerarquía de la Iglesia
Desde el inicio de las audiencias convocadas para tratar el proyecto de legalización del aborto, distintos abogados, médicos y psicólogos de la Universidad Católica Argentina (UCA), así como otros representantes de organizaciones vinculadas a la jerarquía de la Iglesia, han insistido en hablar de la “objeción” que deberían interponer los profesionales de las instituciones públicas ante la solicitud de un aborto.
Como ya mostraron otras experiencias, esta figura limita y hasta impide el acceso de las mujeres a la interrupción legal del embarazo (ILE). Así, en el caso más reciente, Chile, la publicación del Protocolo de Objeción de Conciencia del Ministerio de Salud –en febrero de este año- ya instaló un nuevo obstáculo para la práctica en tres causales: de 971 obstetras de la red pública, 306 se declararon objetores. Como sucede también en Uruguay, quienes más sufren las consecuencias de este impedimento son las mujeres más jóvenes y pobres, que muchas veces no cuentan con los recursos suficientes para viajar largas distancias, hasta regiones y hospitales que sí garanticen el derecho, o para pagar las altas cifras que cuesta realizarlo de manera clandestina.
Aunque esas experiencias demuestran que la “objeción” puede limitar enormemente el acceso a la ILE, algunos de los proyectos que deberán debatir las comisiones de Legislación General, Legislación Penal, Salud Pública y Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, contemplan su inclusión en una ley que regule el derecho al aborto.
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Así, mientras el proyecto de la Campaña dispone que cada establecimiento garantice la realización de la práctica, sin dar lugar a dilaciones, otras iniciativas en debate abren la puerta a este recurso que limita y en muchos casos hasta impide el acceso al derecho. Aunque tienen sus matices, tal parece ser el caso de los textos presentados por los diputados Daniel Filmus (FPV), Mayra Mendoza (FPV), María Teresita Villavicencio (Evolución Radical), Daniel Lipovetzky (PRO) y Facundo Suarez Lastra (UCR), que regulan expresamente la objeción de conciencia individual y en algunos casos la prohíben a nivel institucional.
Detrás del proyecto de “libertad religiosa”
No es un dato menor que en este marco haya trascendido la realización de una reunión, también de carácter “informal”, entre el Secretario de Culto Santiago de Estrada y “un grupo de legisladores de Cambiemos” (La Nación, 13/04/2018). Según afirmaron desde éste, el oficialismo comenzó a revisar allí el proyecto de “libertad religiosa” que envió en junio de 2017 el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, con el fin de regular entre otras, por primera vez en Argentina, la objeción de conciencia “individual”, “institucional” y “de ideario”. En próximas notas volveremos sobre ello.
Aunque este proyecto lleva la firma de Mauricio Macri, Marcos Peña, Germán Garavano y la ex ministra Susana Malcorra, quien lo defiende en los pasillos del Congreso es el actual secretario de Culto Santiago de Estrada, más conocido como “el obispo” por sus vínculos con Bergoglio y la jerarquía de la Iglesia.
Ex Decano de la facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina, la misma por la que hoy hablan muchos de los detractores del derecho al aborto en el Congreso, Santiago de Estrada fue funcionario de la dictadura cívico militar y ejerció cargos con Onganía, Videla, Viola, Galtieri y Bignone, hasta convertirse en embajador del Vaticano bajo el gobierno de Raúl Alfonsín, que lo protegió enviándolo a Roma. Estrada siguió con funciones bajo el gobierno de Carlos Menem, y luego de afiliarse al PJ y de ser parte de la lista de Cavallo, se convirtió en funcionario del macrismo y presidió durante dos períodos la legislatura porteña, hasta ser promovido a la Auditoría General de la Ciudad, desde donde impidió entre otras cosas el juicio político a Ibarra. Todo un camaleón del Opus Dei, como señalan algunas investigaciones.
Fuente: archivo del diario La Nación
Que un personaje como este sea parte de las “negociaciones informales” que reconoció esta semana Daniel Lipovetzsky, es más que preocupante. Para confirmarlo, está entre otras cosas el propio texto del proyecto de "libertad de culto" que envió el Poder Ejecutivo al Congreso. En su artículo 7, este proyecto establece que "toda persona tiene derecho a invocar un deber religioso relevante o una convicción religiosa o moral sustancial como razón para negarse a cumplir una obligación jurídica", al mismo tiempo que plantea que “las personas jurídicas” también podrán alegar la "objeción institucional o de ideario".
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Con este criterio, bajo el argumento de que va en contra de sus principios morales o religiosos, un médico podría negarse a practicar un aborto en un hospital, una maestra o maestro podrían negarse a dar clases sobre educación sexual integral en las escuelas, un juez podría negarse a casar a un matrimonio conformado por personas que tienen el mismo sexo. Además, como el proyecto también habilita la objeción de consciencia de carácter institucional, también podría suceder que una obra social se negara a brindar anticonceptivos, incluso teniendo -como en todos estos casos- la obligación de hacerlo.
La movilización en las calles, nuestra mejor herramienta
Las voces a favor de la legalización y la despenalización del aborto en las audiencias públicas del Congreso demostraron que el proyecto de la Campaña Nacional se debatirá en el parlamento pero se ganará en las calles, donde está planteado volver a hacer oír el reclamo de las miles de personas que el pasado 8 de marzo exigieron en todo el país que se garantice el derecho al aborto legal, seguro y gratuito y la inmediata separación de la Iglesia del Estado.
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Para avanzar en ese enorme desafío, para construir una gran movimiento de mujeres y conquistar nuestros derechos, desde Pan y Rosas y el PTS en el Frente de Izquierda nos organizamos junto a miles de mujeres, trabajadoras y jóvenes desde la perspectiva de un feminismo socialista. Sabemos que ningún gobierno nos regaló nada, que cada derecho que conquistamos fue producto de nuestra organización y nuestra lucha. Por eso llamamos a confiar sólo en nuestra propia fuerza y a tejer las más sólidas alianzas con nuestros compañeros de trabajo y estudio, para arrancar cada una nuestras postergadas demandas.
