Actualidad. Obra pública y corrupción en un día con pocos inocentes

Cuando parecía que la renuncia obligada de Prat-Gay ofrecía la última noticia fuerte del año, un nuevo episodio de acusaciones cruzadas entre Cambiemos, el kirchnerismo y el Poder Judicial vino a recordar que la podredumbre entrelazada del poder político y los grandes empresarios da mucha tela para cortar.

El juez federal Julián Ercolini pateó ayer el tablero de fin de año al procesar a la ex presidenta Cristina Kirchner por presunta asociación ilícita en la causa sobre direccionamiento de la obra pública. A la vez, embargó sus bienes por 10.000 millones de pesos.

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El tema cobró alto voltaje político de inmediato. No sólo por el hecho de apuntar contra una figura importante como Cristina Kirchner, sino también porque vuelve a poner en el centro del debate a la obra pública, tema que golpeó al kirchnerismo tras la detención de José López, pero que también es parte fundamental de la política económica del macrismo para intentar lograr la postergada reactivación económica.

De cara al año electoral, cada cual atiende su juego

Aunque los escándalos de corrupción en debate involucran miles de millones de pesos en un país donde la obra pública es más que necesaria para evitar inundaciones como las que ocurren en estos días, construir hospitales, escuelas, viviendas o caminos, en realidad al conjunto del régimen político el tema le importó nada más que de cara a los decisivos comicios del año que viene que perfilarán a los competidores para la presidencia en 2019.

Una de las primeras en reaccionar a la noticia fue la posible candidata en 2017 Elisa Carrió, quien consideró el procesamiento como un triunfo propio y señaló que “se empieza a hacer justicia, ésta es la causa por asociación ilícita que iniciamos con la Coalición Cívica – ARI en 2008”.

Ni lerdos ni perezosos, desde el espacio instalaron rápidamente el hashtag #LilitaTeníaRazón en las redes sociales. Cualquier parecido a una campaña electoral no es pura coincidencia.

Por su parte, y mientras Cristina Kirchner comenzaba a tirar “carpetazos” desde las redes sociales, el jefe del PJ Bonaerense, Fernando Espinoza vinculó el procesamiento de la ex presidenta a la "intención de algunos magistrados de influir en el proceso electoral del año próximo, acelerando algunas causas y frenando otras”.

A su vez, en un comunicado, el bloque del Frente para la Victoria en diputados que conduce Héctor Recalde señaló que “Ercolini es el mismo juez que sobreseyó a Magnetto, a la viuda de Noble y a Bartolomé Mitre en la causa de lesa humanidad por Papel Prensa. Es funcional al intento de ocultar la crisis política de Cambiemos, la incompetencia en materia de seguridad de su Gobierno, y las offshore viejas y las nuevas de Mauricio Macri"

También afirmó el comunicado del Frente para la Victoria que “si realmente les interesa saber si hubo corrupción en la obra pública, que tomen el proyecto presentado hace unos meses por nuestro bloque para auditar todas las obras públicas entre 2003 y 2015. Si no lo hacen, es porque tal vez no les convenga que quede claro quiénes y cómo ganaron en cada una". Se trata del mismo argumento que había utilizado Cristina Kirchner en su peor momento desde que dejó el gobierno, durante el escándalo de corrupción de su ex funcionario José López: si se hiciera una auditoría de toda la obra pública quedarían también al desnudo los amigos de Macri involucrados en el negocio.

Mientras todo esto sucedía, Sergio Massa y Margarita Stolbizer realizaban una conferencia de prensa con el objetivo de revalidar una agenda parlamentaria en conjunto que impulsarán durante el 2017 y destacar la necesidad de "construir una alternativa política" al frente Cambiemos. Sin embargo, atentos a lo que pasaba en el terreno judicial, rápidamente dispararon un slogan: "Argentina no puede discutir entre populismo con corrupción o ajuste neoliberal y que gobiernen sólo para los ricos. Tenemos la responsabilidad de construir una alternativa y liderarla".

La corrupción estructural en la obra pública

El régimen de los partidos capitalistas utiliza carpetazos y operaciones cruzadas en sus disputas políticas, pero no se propone avanzar sobre la corrupción en la obra pública que es estructural del sistema. Como había dicho este año Héctor Méndez, ex titular de la Unión Industrial Argentina, entre los empresarios a la obra pública le llamaban “Movicom, porque iba con el 15 adelante”, en referencia a las coimas que se pagan por estos negocios.

Si sobre la corrupción durante el kirchnerismo pocas dudas hay después del escándalo de su ex secretario de Obras Públicas José López, nada muy distinto cabe decir sobre el macrismo, familia que supo enriquecerse de la mano del Estado desde hace décadas y pasó de tener 7 empresas a 47 durante la última dictadura militar, años en los cuales también Domingo Cavallo estatizó la deuda del grupo.

Sin embargo, el macrismo no está “flojo de papeles” solo por su pasado sino también por su presente, y no sólo por los Panama Papers. Cuando el kirchnerismo propone auditar toda la obra pública sabe que es inaceptable para el macrismo, ya que podría investigarse a Ángelo Calcaterra, pariente de Macri que fuera socio de Lázaro Báez en al menos cinco grandes licitaciones, o quizás las asignaciones millonarias para el soterramiento del tren Sarmiento, donde fue beneficiado el mismo familiar, así como a la constructora Odebrecht, por estos días involucrada en un escándalo de corrupción mundial. Estos entre muchos otros negocios, donde también hay nombres como el de Nicolás Caputo. Ningún partido del régimen está dispuesto a ir a fondo.

Por eso desde la izquierda se plantea que solo desde una perspectiva anticapitalista se pueden plantear las únicas medidas que pueden acabar con la corrupción: terminar con el secreto bancario; abrir los libros de contabilidad de todas las empresas vinculadas a la obra pública para que sean investigadas por representantes elegidos por los trabajadores y especialistas de las universidades públicas nacionales; control obrero de la obra pública y expropiación de las empresas implicadas en casos de corrupción; auditar a las empresas de servicios públicos para saber qué hicieron con los subsidios millonarios que recibieron del Estado; reestatizar los puertos donde se hacen maniobras para evadir impuestos; nacionalizar el comercio exterior para evitar negociados con exportaciones e importaciones; crear una banca estatal única para evitar la fuga de capitales; elección por sufragio universal de todos los jueces; y juicios por jurados elegidos por el pueblo.