¿Cómo son las condiciones laborales de profesionales que trabajan contra la violencia de género en Tucumán? Junto al incremento de la violencia doméstica causado por el aislamiento social, las y los profesionales precarizados del Observatorio de la Mujer, denuncian violencia de parte del Estado que adeuda sus sueldos desde noviembre del 2019 y las malas condiciones de contratación.
Domingo 29 de marzo de 2020 01:08
La trinchera de la violencia
El Observatorio de la Mujer, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social a cargo de Gabriel Yedlin, es puesto en funcionamiento por profesionales que brindan su atención a víctimas de violencia de género y también realizan diversos talleres. Una herramienta clave para ayudar a las mujeres durante esta crisis sanitaria. Sin embargo, ¿quiénes brindan seguridad a sus trabajadores?
“Frente a estas circunstancias lxs profesionales nos encontramos en la trinchera de la violencia, por un lado asistiendo a mujeres que sufren violencia en el ámbito doméstico, y por otro lado, siendo víctimas de violencia por parte de un Estado que naturaliza y perpetúa las condiciones laborales precarias” (Parte del comunicado de Profesionales Precarizadxs del Observatorio de la Mujer que se reproduce completo al final de la nota).
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Fraude laboral: “De repente un Estado dice trabajar para erradicar la violencia de género como tema de importancia y violenta a sus propios trabajadores”
Esto es lo que sostiene un profesional precarizado del Observatorio. Desde noviembre del año pasado no cobran su sueldo y denuncian la inestabilidad laboral que llevan dentro los contratos de locación de obra ¿Qué significa este modo de contratación? Se renueva cada 6 meses, no hay estabilidad laboral, excluye seguridad social, vacaciones, licencias, obra social, aguinaldo y aportes. Sumado a esto los sueldos que no se perciben en tiempo y forma y, cuando se ven, están devaluados.
¿Qué pasa con las víctimas de violencia de género?
Como desarrollamos [aquí vamos dos semanas de aislamiento, las desigualdades contrastan y las condiciones de vida precarias se intensifican, donde las mujeres son uno de los principales puntos de flagelo de la crisis, donde no se trata de “daños colaterales” del aislamiento, como los categorizó el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou, sino femicidios de los cuales el Estado es responsable.
Además de que muchas mujeres deben tomar licencias en sus trabajos por tener niños pequeños o por otras razones indicadas en el decreto, en Argentina, cada día se multiplican las denuncias de mujeres recluidas en sus casas con su golpeador. Ya en el primer día de cuarentena se recibió más de cinco mil llamados en la línea 144 que ofrece asesoramiento a las víctimas de violencia machista, lo que implica un incremento del 30% de denuncias y un recargo de trabajo para las trabajadoras del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Otro interrogante sería ¿Es suficiente con una línea de contención? Muchas jóvenes y trabajadoras o mujeres que no cuentan con los recursos para irse de casa se enfrentan al peligro más grande que es el quedarse en casa. Necesitan otra opción.
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¿A dónde va la plata si no va a las y los trabajadores y las mujeres?
A medida que la cuarentena continúa, no es lo mismo para todos, y los profesionales precarizados exigen que se les paguen los 4 meses adeudados y cambien los modos de contratación, la respuesta que se da es que no hay recursos. Mientras tanto, en lo que va del año, ya se destinaron 5.000 millones para el pago de la deuda pública y en la provincia no se destina ni un peso para refugios para las mujeres ni para los profesionales que las atienden ante situaciones de riesgo.
Las mujeres que conviven con su agresor no tienen adonde ir mientras los empresarios tienen viviendas ociosas, viviendas desocupadas que podrían ponerse a disposición de las mujeres y sus familias.
Desde el PTS en el Frente de Izquierda, planteamos que en situaciones extraordinarias se necesitan medidas extraordinarias. Las y los trabajadores necesitan seguridad laboral y las víctimas de violencia, que se garantice una salida segura ante estas situaciones. Es indispensable abrir las viviendas desocupadas destinadas al ocio de unos pocos y los hoteles, para ponerlos a disposición de ellas y la gente sin techo, también garantizar las condiciones laborales para quienes trabajan conteniéndolas, pasando a planta permanente a las y los trabajadores que tienen contratos precarios como estos, pagando también sueldos acordes a la inflación y a la canasta familiar en tiempo y forma junto con la prohibición de despidos y suspensiones.
También pedimos licencias laborales sin afectar el salario, puestos de trabajo y subsidios para las que no tienen empleo.
Existe una salida y es desde abajo, expropiando las viviendas ociosas y financiando mediante impuestos a las grandes fortunas.
