Mariano Ferreyra presente. Octubre de 2010: emergencia de los más explotados, salto en la represión

Nota publicada originalmente el 20/10/20

Los primeros efectos de la crisis económica mundial del 2008 fueron contradictorios en la Argentina. Por un lado, la baja internacional del dólar derivó en un aumento de los conmodities, entre ellos la soja, que llevó las ganancias de los empresarios del campo a niveles siderales lo que derivó en el famoso conflicto entre el gobierno y la Mesa de Enlace. Por otro lado, entre fines de 2007 y principios del 2009, se registraron cientos de despidos de trabajadores, en su mayoría contratados, fundamentalmente en la industria automotriz asi como cierres y quiebras de empresas textiles, curtiembres, frigoríficos y papeleras.

Las patronales, afectadas o no por la crisis, la usaban como argumento para despedir trabajadores contratados, endurecer las condiciones laborales de los efectivos y chantajear para obtener subsidios gubernamentales. Las direcciones sindicales, totalmente adictas al gobierno, no hicieron nada para enfrentar esta situación. Los conflictos de la textil Mafissa en La Plata entre 2007 y 2008 y el de Kraft en 2009 fueron dos de los ejemplos más importantes de esta política del empresariado para imponer una nueva correlación de fuerzas contra la clase obrera.

La economía comenzó a reanimarse hacia fines de 2009. Brasil y China, los principales mercados de exportación para la Argentina, habían logrado esquivar momentáneamente los efectos de la crisis. Lo peor vendría algunos años después.

Durante 2010 en Argentina iban a volver los niveles de crecimiento a tasas chinas, pero con un peso aún mayor del trabajo precario y en negro, al mismo tiempo que seguía creciendo el fenómeno del sindicalismo de base. También, y a pesar del alza económica, se mantendrían constantes los niveles de pobreza en una tasa del 20% de la población.

De estos sectores precarizados y empobrecidos saldrían los procesos de lucha que conmovieron al país en la segunda mitad del año. El recobrado crecimiento económico alentaba las expectativas de los sectores más postergados como los precarizados, los pueblos originarios y los sin techo.

Un salto en la represión a la protesta

La “no represión de la protesta” era una de las bases del discurso de los gobiernos kirchneristas. Más que de una elección política se trataba de una consecuencia de la correlación de fuerzas establecida luego de las Jornadas de diciembre del 2001 y de la Masacre del Puente Pueyrredón de 2002. Prueba de esto fue el intento de crear una “Brigada Antipiquetera durante el 2004, iniciativa que tuvo que ser archivada por la oposición que empezó a darse en la calle y entre los organismos de derechos humanos, tanto en los que se mantenían independientes como en los que empezaban un proceso de alineamiento con el gobierno. La forma que eligió entonces el kirchnerismo para lidiar con la protesta fue alentar el procesamiento de los luchadores obreros y populares que llegó a alcanzar la “módica” suma de cinco mil. Incluso el asesinato del docente Carlos Fuentealba, durante un largo conflicto en Neuquén en el 2007, quedó asociada exclusivamente con el gobernador Sobisch del Movimiento Popular Neuquino.

No obstante hubo excepciones y se reprimieron duramente las protestas en que los trabajadores afectaron los intereses de los empresarios ligados al kirchnerismo como fue el caso de los trabajadores petroleros de Las Heras, Santa Cruz, en 2006 o el Casino Flotante de Cristóbal López en Buenos Aires en 2008. En el primer caso la impunidad represiva fue facilitada por tratarse de un lugar alejado de los centros de interés público del país y donde la familia presidencial tenía su feudo; en el segundo, pesaba el 54% de los votos obtenidos por Cristina Fernández, amén del silencio de los medios como Clarín que venía de ser beneficiado por Néstor Kirchner (por mediación de su entonces Jefe de Gabinete Alberto Fernández) con la autorización de fusionar Cablevisión y Multicanal. Hay que decirlo, en franca contradicción con la famosa Ley de Medios que fue bandera del kirchnerismo de los últimos años. También tuvo que enfrentar la represión la dura lucha de los obreros de Kraft en el 2009.

La ya nombrada recuperación económica y del empleo en 2010, llevando hasta el paroxismo los límites de la precarización laboral, junto a la subordinación de la burocracia sindical, evitaron hasta la primera mitad del año conflictos duros como el de Kraft. En paralelo se fortalecieron los sectores burgueses y las clases medias acomodadas que estaban a favor del orden. Haciendo base en ellos el gobierno apuntaba a recuperar plena legitimidad para reprimir a la protesta.

En mayo fue detenido el dirigente del Movimiento Teresa Rodríguez Roberto Martino por haber participado en un acto de repudio a la Operación Plomo Fundido con la que el Estado de Israel había lanzado un ataque que dejó miles de muertos palestinos en 2009. Poco después fueron condenados a prisión efectivo Fernando Esteche y Raúl Lezcano de Quebracho por un escrache realizado a la Casa de Neuquén en Buenos Aires tras el crimen de Carlos Fuentealba.

A principios de junio el entonces Jefe de Gabinete Aníbal Fernández amenazó con disolver por la fuerza los cortes de los asambleístas de Gualeguaychú contra las papeleras contaminantes y procesó a 400 de sus integrantes con una carátula tan amplia que llegaba hasta el “homicidio culposo”. En paralelo los fiscales porteños procesaban con pedido de prisión a Patricio del Corro, Jésica Calcagno y Juan Oribe de la agrupación universitaria En Clave Roja por haber participado de los cortes en solidaridad con la lucha de los obreros de Kraft del año anterior.

En este marco el 17 de junio fueron asesinados en Bariloche Nicolás Carrasco de 16 años y Sergio Cárdenas de 29 durante una movilización por justicia en el caso de gatillo fácil policial que había sufrido Diego Bonefoi de 15 años esa misma madrugada. Se levantaba el “Bariloche profundo”, no el de las postales turísticas. La represión, con balas de plomo, la había ejecutado la Brigada de Operaciones, Rescate y Antitumulto (BORA), y había sido ordenada por el gobernador de Río Negro, Miguel Sainz, un radical que, como el vicepresidente Cobos, se había unido temporariamente al kirchnerismo. Eran los primeros muertos en represión a la protesta desde Carlos Fuentealba y el gobierno ya no podía distanciarse tanto de su aliado como había hecho con Sobisch.

En este contexto se desarrolló la lucha de los tercerizados del Roca en la que la patota de la Unión Ferroviaria asesinó al joven militante de la UJS del PO Mariano Ferreyra. Para analizar este proceso reproducimos un fragmento del Capítulo 7 de La disciplina de las balas.

La lucha ferroviaria y el asesinato de Mariano Ferreyra

“Para fines de 2009 en el ex Ferrocarril Roca había alrededor de 2.000 trabajadores tercerizados repartidos en veinte empresas. A la situación de precariedad en la que se encontraban se sumaba el hecho de que cobraban menos de la mitad que cualquier trabajador efectivo del gremio. Los “beneficios” de semejante situación no eran exclusivamente para la patronal del ferrocarril Metropolitano: algunas empresas tercerizadas, como Cooperativa Unión Mercosur, eran propiedad de José Pedraza, máximo dirigente en ese entonces de la Unión Ferroviaria y con una fluida relación con el gobierno nacional. Nos encontramos entonces con un particular entramado de explotación en el que la propia burocracia sindical también formaba parte del sector patronal.

Como dijimos anteriormente, el trabajo precario fue una de las bases del “modelo kirchnerista” y tuvo un notable incremento a partir de 2009 cuando las patronales recurrieron a esta modalidad como forma de obtener ganancias rápidas con la posibilidad de despedir ante cualquier eventual recrudecimiento de la crisis internacional.

En el exferrocarril Roca esta modalidad laboral había sido eliminada a fines de 2005 cuando, tras una dura lucha de los trabajadores y de mis compañeros de la Agrupación Bordó (actualmente Naranja-NdR) de la Unión Ferroviaria, se disolvió

La empresa Cathering World y los obreros pasaron en su totalidad a planta permanente. Vale decir que por ese conflicto varios de mis compañeros ferroviarios y el compañero Rubén Tripi del CeProDH fueron a engrosar la lista de 5.000 luchadores procesados que en ese entonces había en todo el país. Años después la tercerización reapareció.

A fines de 2009 distintos grupos de trabajadores ferroviarios tercerizados comenzaron a organizarse para luchar por el pase a planta permanente. Teniendo en cuenta la experiencia previa, recurrieron a mis compañeros de la Bordó que jugaron un rol central en la organización del proceso. Con el correr de los meses, ya en 2010, los pequeños grupos dieron lugar a reuniones de centenares de trabajadores, creando la Asamblea de Tercerizados del Roca. Desde esta instancia se votó un histórico corte de vías en la estación Avellaneda para el 21 de julio del que participaron 400 trabajadores y en el que se reclamaba por los ferroviarios despedidos y la efectivización de los contratados. Si bien les enviaron a la Policía Federal, que avanzó varias veces en forma intimidante para desalojarlos, no pudieron reprimirlos. El problema que tenía el Estado y la empresa para avanzar era, aparte la firmeza de los trabajadores, el respaldo, aunque pasivo, de los efectivos que conocían la realidad de los tercerizados, así como la comprensión de los usuarios, muchos de ellos también trabajadores precarizados en otras ramas.

Por eso la táctica de la empresa fue aumentar significativamente el sueldo de los tercerizados sin alterar su condición, al mismo tiempo que las patotas de la Unión Ferroviaria empezaron a hostigar a los sectores más activos del proceso. Reinaba la confusión y era necesario volver a organizarse.

En ese contexto, el 20 de octubre un sector de despedidos organizó un nuevo corte que fue impedido por una patota organizada por la dirección de la UF con anuencia de la patronal. Cuando los obreros y las organizaciones que los acompañaban se retiraban, la patota los atacó con disparos de armas de fuego, en una zona liberada previamente por la Policía Federal. El resultado fue el asesinato del joven militante del Partido Obrero, Mariano Ferreyra, y las graves heridas sobre Elsa Rodríguez y otros compañeros del Polo Obrero. Era el primer asesinato de un militante político luego del caso Fuentealba.

Al día siguiente hubo cortes de ruta, de vías y una gran movilización en CABA pidiendo juicio y castigo contra los asesinos. Se iniciaba así la lucha por justicia para Mariano Ferreyra que terminó en abril de 2013 con la condena de José Pedraza y de toda la cúpula de la Unión Ferroviaria, así como de la patota que asesinó a Mariano e hirió a sus compañeros. Si bien por primera vez en la historia argentina se condenaba a la burocracia sindical por sus crímenes políticos, en el fallo los jueces evitaban cuidadosamente analizar la responsabilidad de la patronal y el gobierno en el hecho.

Volviendo al 20 de octubre, como podemos ver, no es el Estado en forma directa el que interviene en la represión, aunque sí indirectamente a través de la zona liberada dejada por la Federal. Una explicación para esta “división de tareas” está dada por el nivel de legitimidad social de la lucha que impedía al gobierno exponerse en forma abierta. Esto no significa que el gobierno no apoyara el sofocamiento de la lucha de los ferroviarios, solamente que se lo dejaba a los barrabravas de Pedraza, mientras la Federal jugaba un rol “de apoyo táctico”.

Pero el asesinato de un militante estaba por fuera de la correlación de fuerzas establecidas desde 2001. Esa cuestión solo puede explicarse por la relativa autonomía de la burocracia sindical peronista que venía envalentonada por un gran acto encabezado por Moyano realizado en River Plate en los días previos.

De todas maneras se había cruzado un límite del que era difícil volver”.

La represión a los qom y el Parque Indoamericano

Las luchas de los sectores más postergados de la “década ganada” continuaron. El salto represivo también.

El 23 de noviembre en Formosa los Qom estaban llevando adelante un corte de la Ruta 86 en defensa de sus tierras que eran (y son) sistemáticamente usurpadas por terratenientes y empresarios. Varios miembros de la familia Celias, una de las más poderosas de la zona, llegaron armados y a caballo junto con la Gendarmería y la policía provincial mandada por el gobernador Gildo Insfran, un viejo aliado de la familia presidencial. Se desató una cacería en la que fue asesinado Roberto López Gómez, miembro de la Comunidad La Primavera y varios originarios fueron heridos. Días más tarde moría atropellado Marío López, otro Qom, en circunstancias sospechosas. Lejos de la condena, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner saludó en vivo y por cadena nacional al gobernador Insfran.

Ante los reiterados ataques los Qom instalaron una carpa para visibilizar el conflicto en la Avenida 9 de Julio. Del lado oficial solo hubo promesas vagas para que fuera levantada y una patoteada para forzar el retiro del reclamo por parte del actual Ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense Andrés Larroque, en ese entonces joven dirigente de La Cámpora. Cualquier semejanza con la actualidad no es pura coincidencia.

Si bien se había cruzado un límite con los asesinatos en movilizaciones obreras y en reclamos populares todavía faltaba ver una situación similar en plena CABA y protagonizada por la Policía Federal.

El 7 de diciembre 200 familias sin vivienda ocuparon el Parque Indoamericano. Eran trabajadores en negro o desocupados, en su mayoría inmigrantes, que no podían mostrar un recibo de sueldo para alquilar. En pocas horas se sumaron varias cientas más.
La Jueza María Cristina Nazar ordenó el desalojo por pedido del entonces apoderado de la Asociación Madres de Plaza de Mayo Sergio Schocklender. La represión conjunta de la Policía Federal y la Metropolitana dejó como saldo el asesinato de Bernardo Salgueiro, paraguayo de 22 años y Rosmary Puqueña, boliviana de 28. Hubo decenas de heridos y se habló de fallecidos no declarados.

Esta vez los muertos eran responsabilidad directa del Ministro de Justicia Julio Alak, del Jefe de Gabinete Aníbal Fernández y del Jefe de Gobierno de CABA Mauricio Macri. Ya no se trataba de sicarios o de gobernadores aliados.

En los días siguientes el macrismo lanzó una campaña xenófoba contra las familias que resistían en el Indoamericano y alentó el envío de patotas para hostigarlos, mientras que el gobierno sacaba de escena a la Policía Federal, cuestionada por sus crímenes. El viernes 11, en simultáneo con el ataque más brutal de los barrabravas contra los ocupantes, Cristina Fernández, rodeada de personalidades de los derechos humanos alineadas con su gestión, anunciaba desde la Casa de Gobierno la creación del Ministerio de Seguridad, un viejo reclamo de la derecha, pero que también intentaba “conformar” al progresismo dado que se accedía a su reclamo de que un funcionario civil asumiera el mando de todas las fuerzas federales.

Días más tarde la toma fue rodeada por la Gendarmería. El dispositivo armado, la represión y el hostigamiento ya sufridos, la amenaza de quitarles los planes sociales a las familias y una vaga promesa de plan de viviendas llevaron al desalojo del previo

Mariano Ferreyra, el Indoamericano, Zanon y la solidaridad obrera y popular

Las centrales sindicales mantuvieron un silencio y una inacción cómplice durante esos días dramáticos. En contraposición el sábado 12 de diciembre los ceramistas de Zanon, varias agrupaciones que hoy componen el Movimiento de Agrupaciones Clasistas y el PTS , que tenían organizado un Encuentro Obrero en Constitución para instalar un mural recordatorio de la lucha de Mariano Ferreyra, luego del acto marcharon al Parque Indoamericano donde pudieron llevar el apoyo a las personas que participaban en la toma, a pesar de varios hechos de represión que tuvieron que sufrir.

El gobierno avanzaba con la represión a la protesta, aunque nunca pudo volver a legitimarla plenamente. Pero también renacía una tradición de unidad y lucha obrero-popular.