Vanessa Gómez Cueva vivía hace quince años en Argentina, donde tuvo tres hijos. En 2014 cumplió una condena. Luego estudió enfermería y estaba trabajando. La acaban de echar con su hijo de dos años, separándola de los otros dos.
Miércoles 6 de febrero de 2019 18:21
Vanessa Gómez Cueva tiene 33 años. Llegó a la Argentina desde Perú hace más de quince. En 2014 cumplió una condena por “tráfico de estupefacientes”. Tiene tres hijos argentinos, uno de dos, otro de cinco y el mayor de catorce años. Empezó a estudiar técnica en enfermería y al momento de ser expulsada del país se encontraba trabajando y viviendo en Villa Lugano.
El último viernes la Policía se presentó en su casa y, sin mayores explicaciones, le dijeron que tenían que llevarla para notificarla. Ella pidió ir con su hijo de dos años. Los otros niños se quedaron en el hogar.
No le notificaron nada. Se la llevaron junto a su chiquito a una celda sin luz ni agua y el lunes la trasladaron al aeropuerto de Ezeiza, donde la embarcaron rumbo a Perú sin que siquiera pudiera despedirse del resto de su familia. Quedó separada de sus otros dos hijos.
La Dirección Nacional de Migraciones había empezado un proceso para echarla del país, del cual ella no estaba enterada. Nunca recibió ninguna notificación que dijera que se había dictaminado su expulsión del país.
Vanessa alcanzó a llamar su abogado, Juan Martín Villanueva, quien realizó apelaciones, amparos y habeas corpus para impedir la deportación. Pero esas solicitudes ni siquiera fueron recibidas por el Juzgado en lo Contencioso y Administrativo Federal Nº5.
El abogado dijo al portal Minuto Uno que “vulneraron todos los derechos de Vanessa, una mujer humilde, migrante, madre. Además de que también violentaron todos los derechos de sus hijos que son argentinos y dos de ellos quedaron huérfanos. A ella la llevaron a un país en el que no saben si tiene familia para quedarse. Lo más grave es que la sentencia fue apelada y no está firme, por ende nunca la deberían haber expulsado”.
Villanueva agregó que “la separación de esta familia es inconstitucional desde donde se lo mire. La reunificación familiar está contemplada no sólo en la Ley de Migraciones sino que también en la Constitución Nacional y en la Convención de los Derechos del Niño”.
El gobierno nacional, con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el director de Migraciones Horacio García a la cabeza, declararon una verdadera “guerra” xenófoba contra la población migrante trabajadora y pobre. Hace algunos días el mismo García dijo que le gustaría saber “qué hicieron en los últimos diez años las personas que llegan a la Argentina”, lanzando todo tipo de acusaciones contra inmigrantes de otros países e inflándose el pecho de que ya han expulsado a 1.433 extranjeros.
Apoyándose en los sentidos comunes más reaccionarios, intentan instalar en la sociedad, en tiempos de crisis económica y de campaña electoral, un discurso según el cual el problema son los inmigrantes.
En sintonía están también muchos de los representantes del PJ, como Miguel Ángel Pichetto, quien dijo en reiteradas oportunidades que “el delito peruano es agobiante en la Argentina”. Y el kirchnerista Sergio Berni, cumpliendo el rol de pata derecha de ese espacio, recuerda siempre con orgullo que él impulsó la idea de “expulsar a extranjeros que delinquen”.
Sin escrúpulos, esta vez el Gobierno llegó demasiado lejos, deportando a una enfermera que ya había cumplido su condena y violando los derechos del niño, expulsando también a un nene argentino de dos años y separando a Vanessa a miles de kilómetros de sus otros dos hijos.
Con aires bolsonaristas y trumpistas, el gobierno de Macri y gran parte de los políticos capitalistas argentinos toman el discurso xenófobo para reproducir la criminalización de los trabajadores inmigrantes y promover la “ideología de la deportación”.
El capitalismo explota por igual a los trabajadores en todos los países del mundo y a centeneras de millones los obliga a migrar por las crisis económicas y las guerras, buscando un futuro mejor.
Nativos y extranjeros sufren las mismas políticas de ajuste, desocupación y miseria. Las fronteras las impone el capitalismo para dividir a la clase obrera, pero no para sus negocios. Por eso la unidad entre trabajadores nativos e inmigrantes en las calles en una lucha constante es una necesidad vital para poder eliminar al capitalismo.
