Ecuador. Oficialismo y oposición se cruzan en el comienzo del juicio político contra el presidente Guillermo Lasso

Este martes comenzó el juicio político que lleva adelante la Asamblea Nacional (Parlamento) contra el presidente neoliberal Guillermo Lasso. La acusación hacia el mandatario es “por la infracción constitucional de peculado (Malversación de fondos públicos)”.

A Lasso se lo acusa de haber permitido que se mantenga un contrato millonario entre la empresa estatal de transporte de petróleo, Flopec, y la empresa offshore Amazonas Tanker Pool. La continuidad de ese contrato habría provocado un perjuicio al Estado ecuatoriano estimado en 6,1 millones de dólares, según la Contraloría General del Estado. La defensa del mandatario sostiene que los contratos fueron firmados bajo la administración del expresidente Lenín Moreno y que supuestamente en el mandato actual, de Lasso, se pidió una revisión a la Contraloría para renovarlos bajo las condiciones y observaciones realizadas por ese organismo.

La jornada tuvo la intervención del mandatario ecuatoriano quien ratificó ante la Asamblea Nacional que el juicio político en su contra por presunto peculado (malversación) planteado por la oposición es "infundado". Al comenzar su intervención, que duró solo 49 minutos de las 3 horas que tenía a su disposición, el gobernante señaló que sus interpelantes "han hecho gala de una inventiva sin parangón en la historia de la República, han estirado los límites de la imaginación humana, han creado una situación ficticia que no resuelve los problemas del pueblo ni de nadie".

A las afuera de la Asamblea Nacional partidarios del oficialismo arengaban por la "muerte cruzada" o disolución de la Asamblea, una medida que desde el Gobierno se encargaron de mostrar como una posibilidad si el juicio político avanza contra el Presidente.

En su intervención Lasso acusó a una parte de la oposición de un acuerdo para terminar con su gobierno, especialmente señalo al bloque de la Unión por la Esperanza (Unes, que se referencia con el expresidente Rafael Correa) y el Partido Social Cristiano (PSC).

Una vez terminó su intervención, el titular de la Asamblea suspendió la sesión. En una segunda parte se espera la réplica de los interpelantes. Lasso se retiró, sin hacer uso de este derecho.

La oposición inició la interpelación contra Lasso

Luego de confirmar que había quórum para comenzar la sesión el titular del Parlamento, Virgilio Saquicela, dispuso la lectura del expediente y de la resolución del Pleno con la que hace una semana, con 88 votos a favor, dio luz verde al juicio, luego de que la Comisión de Fiscalización no logró aprobar un informe donde se recomendaba el archivo de esta causa.

El presidente de esa Comisión, Fernando Villavicencio (independiente) fue uno de los 28 legisladores ausentes para el arranque de esta sesión. Villavicencio se reincorporó después para escuchar los descargos del presidente Lasso.

La primera en intervenir fue Viviana Veloz, asambleísta del correísmo, quien se encargó de la interpelación junto al socialcristiano Esteban Torres. La legisladora señaló que este es "un día histórico", y aseguró que demostrará que Lasso es responsable políticamente de presunto peculado.

"Me hubiera gustado verle a la cara", apuntó, en referencia a que el Primer Mandatario no se presentó al hemiciclo para escuchar las acusaciones en su contra, sino que ingresó 20 minutos después de que culminara la intervención de los interpelantes, que se tomaron dos horas.

Te puede interesar: Ecuador: comienza el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso

La jornada siguió con la intervención de otros legisladores. La Asamblea Nacional de Ecuador está compuesta por 137 parlamentarios y, para la censura y destitución del presidente, según la norma Constitucional, se requiere de 92 votos (dos tercios de la Cámara), que la oposición asegura haber alcanzado, aunque el oficialismo confía en evitar una votación contra Lasso.

Qué escenarios puede dejar en el juicio político

Tras el debate parlamentario, el líder de la Asamblea Nacional deberá convocar al pleno en un plazo de cinco días para votar la moción de censura contra el presidente y exbanquero. Las opciones posible son la votación contra Lasso, que la oposición no alcance los votos y el presidente se salve, una tercera opción es que el Gobierno invoque la "muerte cruzada".

Si la oposición no logra reunir los 92 votos, Lasso continuará con su mandato hasta las próximas elecciones generales de 2025.

Si la oposición logra reunir 92 o más votos, Lasso será destituido de su cargo. En ese caso tras la salida del actual mandatario asumiría la presidencia el actual vicepresidente, Alfredo Borrero, que permanecería en el cargo hasta las próximas elecciones previstas para 2025.

La tercera opción es que el jefe de Estado utilice la llamada "muerte cruzada" que le permite disolver la Asamblea Nacional si considera que está obstaculizando su capacidad para gobernar. Al hacerlo, también debe convocar en seis meses nuevas elecciones legislativas y presidenciales, en las que se arriesga a perder el poder.

El presidente Lasso se encuentra en una situación de gran debilidad, luego de sufrir una dura derrota en la cita electoral del 5 de febrero, donde el Gobierno también perdió el referéndum planteado para aplicar reformas a la Constitución y, al mismo tiempo, la oposición referenciada en el expresidente Rafael Correa fue el gran triunfador de las elecciones locales.

La presidencia de Lasso quedó marcada por las protestas del año pasado Ecuador contra las medidas económicas del gobierno, donde el movimiento indigenista, trabajadores y jóvenes protagonizaron largas jornadas de movilizaciones soportando diariamente fuertes represiones ordenadas por el Ejecutivo.

Las movilizaciones pusieron contra las cuerdas a Lasso, pero la acción de la Confederación de Nacionalidades Indígenas -que dirige Leónidas Iza-, junto a los dirigentes de otros movimientos indígenas, acordaron con representantes del Gobierno un "Acta por la Paz", que le dio oxígeno. Esto sumado a que las direcciones de los sindicatos de trabajadores se negaron a participar fuertemente y a unificar la lucha con la de los pueblos originarios.

Desde ese momento el correísmo buscó salidas institucionales para que no fueran las movilizaciones las que acabaran con el Gobierno de Lasso, que tenía un fuerte desprestigio. El juicio político se da en este contexto, con la bancada UNES -que responde a Rafael Correa- buscando desviar el proceso de movilizaciones que en las calles exigía medidas económicas a favor de las mayorías populares, limitándolas al marco institucional.