A un mes del inicio de las Olimpíadas en Río de Janeiro, los escándalos no cesan: un estado fallido con una deuda de 200 %, mientras los empresarios se enriquecen la población paga los costos.
Jueves 7 de julio de 2016
A un mes del inicio de las Olimpíadas en Río de Janeiro los escándalos no cesan. Un estado fallido que acumula una deuda de 200 %. Deuda que fue generada por el favorecimiento por parte de los gobiernos del PMDB de Cabral, Luiz Fernando Pezão y ahora el gobernador en ejercicio Francisco Dornelles del PP a las grandes empresas con exenciones fiscales que implicaron la suma de R$ 138 mil millones de reales no recaudados de los grandes capitalistas al servicio de aumentar sus ganancias entre 2008 y 2013. Ahora podría ser descargado a costa de los salarios de los trabajadores y la reducción de los presupuestos para salud y educación, durante casi 5 años incluyendo el aguinaldo.
Como resultado de esta situación, los profesores de la red estadual están en huelga desde hace 4 meses y sin perspectiva de que sus reivindicaciones sean tenidas en cuenta. Los hospitales están nuevamente al borde de la paralización por falta de pagos, de insumos, servicios y personal. Áreas como la salud acumulan una deuda de R$750 millones. La Universidad Estadual de Rio de Janeiro, una de las universidades más importantes del Estado, está ingresando en su cuarto mes de huelga, con sus instalaciones casi destruidas por la falta de mantenimiento y limpieza. Los trabajadores tercerizados son despedidos en masa, sin haber cobrado sus salarios. No nos sorprende que la respuesta que el gobierno busca dar es la de descargar la crisis sobre las espaldas de los trabajadores, la juventud y el pueblo.
En este contexto las Olimpíadas se anuncian como una nueva crisis. Mientras los trabajadores en lucha no reciben ninguna garantía de que les pagarán sus salarios, y los hospitales tampoco cuentan con las mínimas condiciones para atenderlos. El gobernador en ejercicio Dornelles prosigue la marcha hacia las Olimpíadas, preservando la imagen de la “Ciudad Maravillosa de los mega eventos”, afirmando que las obras para los juegos serán entregadas a tiempo. Algo difícil de creer.
La capital nacional de los eventos internacionales no tiene forma de esconder su verdadero rostro, marcado por la represión y por los problemas estructurales que están ganando mayor repercusión. Incluso con un costo de R$36,7 mil millones de acuerdo con lo declarado a inicios del año pasado. Las Olimpíadas se están transformando en una instancia que pone en evidencia para todo el mundo el gran robo que los gobiernos y empresarios realizan en el estado de Rio de Janeiro.
La declaración de calamidad pública que el gobierno decretó solicitando una ayuda de emergencia será casi todo invertido en asegurar la seguridad con policías y reforzamiento del aparato represivo. Las obras de movilidad urbana y saneamiento que fueron anunciadas como los grandes beneficios que dejarían las Olimpíadas están simplemente sin finalizar o están siendo terminadas a las corridas. Hace una semana el gobierno afirmó que no tendrá condiciones de entregar la Línea 4 del Subte. Ahora anuncia lo contrario, que estará finalizada para el 1 de agosto. En una ciudad en que ya se hizo frecuente ver obras recién inauguradas derrumbarse, estos anuncios provocan como mínimo incerteza. EL VLT (Vehículo Leve sobre Trenes) que une la estación de micros al aeropuerto, tampoco tiene fecha definida para comenzar a circular.
Los mares y lagos donde se realizarán las pruebas acuáticas son un capítulo aparte. Se anunciaron varias promesas sobre el tratamiento y limpieza de Bahía de Guanabara e invertidos millones de reales en esos espacios, pero el objetivo inicial no solo no se concretó sino que fueron encontradas bacterias que provocan graves enfermedades en las áreas donde se realizarían las pruebas olímpicas.
Es claro que estas obras favorecen los negocios de empresarios y concesionarias involucradas. Por eso es necesario exigir inmediatamente la apertura de los libros de contabilidad y registros de todas las empresas y contratos relacionados con las Olimpíadas para que los trabajadores y sus organizaciones puedan establecer comisiones para esclarecer los gastos y desvíos que se hayan realizado. Es necesario también el no pago de la deuda pública para que esos fondos se destinen a la Salud y la Educación, y que se ponga en marcha una política de impuestos progresivos sobre las grandes fortunas. Los trabajadores y la juventud no debemos pagar los costos de la crisis.
