San martín. Olla popular y resistencia en el Barrio 13 de Julio de José León Suarez

Al llegar al final de la Calle San Martín, al límite del Camino del Buen Ayre, nos recibe Melisa Cáceres. Caminamos mientras nos va contando la situación por la que atraviesan miles de familias en uno de los más de mil asentamientos y villas que hay en el conurbano bonaerense, donde no llegan ni los servicios básicos de agua, gas natural o cloacas y cuyos habitantes enfrentan hace años la desidia del Estado, agravada aún más por la crisis sanitaria que sacude al país y al mundo y que se agudiza en las condiciones de precariedad de la vida que viven quienes no pueden siquiera contar con la changa que antes del aislamiento les permitía llevar un plato de comida a sus casas.

La acompañan tres niños que suben con nosotros los peldaños cavados por los vecinos en la explanada de tierra que lleva a la parte superior del barrio donde empiezan a aparecer casillas de chapas por donde asoman otros vecinos que saludan y avisan que van acercarse y llevar su tupper. En un terreno que, a la izquierda exhibe autos desarmados o quemados, a la derecha nos esperan un grupo de vecinos, que aunque guardan el distanciamiento protocolar y tienen las caras cubiertas por barbijos, se presentan y se les achican los ojos porque debajo del tapaboca esbozan una sonrisa. A cargo del fuego, está Shirley, quien cocina un guiso de lentejas en una gran olla en la puerta de su casa.

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Casi el 50% de los habitantes del barrio tiene menos de 24 años. El 32% de la población son niños y adolescentes de hasta 17 años y el 16,1% tiene entre 18 y 24 años.

Una joven vecina del lugar, está acurrucada bancando el frío debajo de unas chapas y las compañeras que preparan la olla la invitan a acercarse para recibir una porción de guiso que se prepara a unos metros. Nos comenta: “Tengo 24 años, soy madre de dos criaturas, mi nene nació con una infección en el pulmón y con la plata de la Asignación compro la medicación para él que tiene año y medio y con la tarjeta, alimentos y pañales, pero no alcanza, no llego al mes. Estoy en la toma porque no me alcanza para alquilar. Me paso casi todo el día acá después de lo que pasó el sábado y no veo a mis hijos (que los tengo que dejar con mi suegra) porque estoy esperando a ver qué dicen porque quiero tener un lugar para tener a mis hijos tranquilos.”

Otra de las vecinas se acerca también y nos cuenta espontáneamente su situación con una voz firme que por momentos se quiebra por la angustia. Ella comparte: “Esto no es una toma porque esto es tierra de nadie. Acá vienen y tiran la basura, autos, estamos cansados de limpiar porque somos los vecinos que vivimos acá los que limpiamos como podemos, y a pesar de que hay una cámara nadie ve nada cuando llegan los autos. De hecho, ni cuando apareció el cuerpo sin vida de María Angélica vieron nada. Ahora cuando reclamamos un terrenito porque estamos en una situación desesperante porque nos quedamos sin trabajo y ya no podemos pagar los alquileres, no tenemos ningún derecho y nos quieren sacar con la policía porque alguien reclama la propiedad de este basural, o el CEAMSE o TBA.”

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“Todos los días venimos a limpiar, a quemar la basura y todos los días viene la policía a sacarnos los dos palos y las chapas que ponemos porque estamos desesperados, porque ya no podemos pagar el alquiler y nos vamos a quedar en la calle con los chicos. ¿A dónde vamos a ir? ¿Abajo de un Puente?”

Finamente comenta: “Mi hermana es enfermera de un geriátrico y está en negro. Yo tenía trabajo en Morón, en un taller de costura que también me tenían en negro. Me tomaba la Costera e iba todos los días. Las dos alquilamos acá porque nacimos acá. Pagaba $4500 pero hace un mes que no puedo pagar porque después del aislamiento ya no pude trabajar más y donde vivo no me pueden bancar más. Los salarios de los que los conservan también son miserables. ¿Cómo quieren que hagamos?”

Shirley que es la dueña de la casa donde se realiza la olla popular y nos cuenta: “el primer desalojo fue el 23 de abril. Vino el anterior comisario de la 4ta de San Martín con la policía a mi casa y me dijo que ya tenía que desalojar. Yo le dije que no porque no tenía donde irme porque hace 3 años que vivo en este lugar. Tengo una huerta, pollos y mi casa bien armada. ¿Tenés la orden de desalojo?, le dije. Yo no necesito ninguna orden de desalojo para sacarte de acá, me contestó. Entonces, como no le abrí el portón, agarró el cerco que había y lo arrastró metros. Entraron a mi casa dos policías y el comisario y empezaron a sacarme las cosas. Apareció una púa del municipio, cargaban las cosas y aplastaron mesas, sillas, la heladera. Lo que no podían romper lo tiraban al barro: el colchón, la cama, las frazadas. Todo al barro. Me tiraron también la mercadería que tenía y se reían mientras lo hacían. Hasta el día de hoy encuentro tenedores y cuchillos en la huerta. Me robaron las herramientas de mi marido. Me dejaron en la ruina. Me dejaron el cielo como techo únicamente.”

“Esa noche dormí bajo dos chapas porque no tenía dónde ir y al otro día mi hija hizo un video denunciando la situación y se viralizó. Después de dos días y gracias a la organización me vinieron a decir que podía quedarme. El comisario actuó así porque le había dicho a mi marido que sacara lo que los vecinos habían hecho para marcar los terrenos y como mi marido se negó vino a hacer este desastre.”

Shirley se refiere al comisario Rolando Aguilar que fue desplazado debido a la denuncia que tomó estado público.

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Melisa Cáceres, referente de Barrios de Pie-Libres del sur, que es docente del Centro de Formación Profesional de Barrio Libertador y acompaña a los vecinos del Barrio, nos decía: “La toma viene hace años pero se incrementó en los últimos 3 meses porque muchas familias alquilan y acá un alquiler está entre 5000 y 10000 pesos y otros que tal vez no alquilan pero están hacinados: varias familias viviendo en la misma casa y necesitan un pedacito de tierra para poder levantar la propia. Muchos viven de changas y la situación se complicó aún más ahora con la cuarentena porque no pueden salir, de hecho hay gente que ponía para vender choripan y papas fritas y también les sacaban los puestos, así que la situación es muy compleja. Se organizaron entre los mismos vecinos, se dividieron el terreno y estaban resistiendo una toma, donde no habían levantado casillitas sino que habían dividido el terreno y lo estaban limpiando, habían marcado la calle y de hecho es la continuación del Barrio 13 de Julio y lo que ellos querían era armar un barrio y urbanizarlo en lo que hoy es un pantano y un desarmadero.”

Continúa: “El martes pasado, viene el comisario nuevo con infantería y con la policía motorizada, ni siquiera se acercó a charlar con nosotros o con los vecinos que había muchos, y sin ninguna orden de desalojo dijeron que los iban a sacar. Nosotros ahí nos opusimos y le pedimos que nos dijera quién había dado la orden de desalojo, obviamente no tenían ninguna orden y nos dijeron que había salido de la Fiscalía N° 3. Automáticamente hablamos con la Municipalidad y nos dijeron que ellos no tenían nada que ver, que no habían mandado la orden y que estaba dudoso si había salido de la fiscalía. La cuestión es que avanzaron y nos dijeron que ellos iban a desalojar y que fuéramos a la Municipalidad a reclamar, a lo cual nos opusimos. Empezaron a desarmar, los vecinos no quería líos porque íbamos a salir lastimados y se corrieron a un costadito. Bajaron algunos palos e hilos, hasta el momento en que aparecen dos chicos con una cámara de fotos del Diario "El Zorzal" y ahí frenan el desalojo y se acercaron algunos referentes de organizaciones sociales a frenarlos con los cuales se acuerda una mesa de diálogo con el municipio donde supuestamente se podía intentar una negociación. Se hizo una olla popular y a las 15hs aproximadamente la policía se retiró. Sin embargo, el sábado volvieron.”

“Nosotros acá en San Martín tenemos unos 10 merenderos/comedores, muchos merenderos que se han convertido en comedores donde los compañeros hacen ollas populares aunque sea una vez por semana. Los alimentos no alcanzan. Estamos reclamando al gobierno Nacional que las partidas que tenemos son menores a las que teníamos cuando estaba el macrismo y en esta situación de pandemia y cuarentena donde la gente no puede trabajar reforzar la alimentación es lo primordial. La ayuda social llega a cuenta gotas y tampoco alcanza. Hay muchas ollas populares espontáneas de vecinos, clubes, iglesias que son quienes tratan de resolver el problema acuciante y por eso justamente nosotros estamos acá con esta olla popular donde está la toma porque la necesidad está y va a seguir estando.”

La situación de muchos vecinos del Cordón del Reconquista de José León Suarez que está compuesto por los barrios pegados al CEAMSE donde viven unas 25 mil familias, no son muy diferentes al Barrio 13 de Julio. En su mayoría no tienen gas natural , no existen las cloacas y un sector tiene problemas graves o falta de agua potable. Además de convivir con enfermedades respiratorias y de piel producto de la quema del CEAMSE.

Al barrio 13 de julio no llegaron los elementos de limpieza ni el Programa Detectar, ni los testeos, pero lo que sí llegó fue la represión ante un reclamo básico como es el derecho a la vivienda y condiciones de vida.

Mientras el gobierno promete un plan de creación de 5500 viviendas para todo el país, que no está ni cerca de poder resolver el problema de fondo, solamente en San Martín existen 55 villas y asentamientos; subsidia a los empresarios, los "miserables", como Clarín, Techint de Paolo Rocca y la Sociedad Rural.

Hacen falta medidas urgentes y afectar los intereses de quienes ganaron siempre. Como plantea el proyecto presentado por Nicolás del Caño y el Frente de Izquierda Unidad: un impuesto a las grandes fortunas, bancos y terratenientes que permitiría recaudar entre 15 y 20 millones de dólares para ponerlo al servicio de las necesidades de las grandes mayorías. Además de desconocer la deuda fraudulenta dentro de un plan de conjunto para que todos los recursos vayan a un salario de cuarentena de 30 mil pesos para todo aquel que se haya quedado sin ingresos, para fortalecer el sistema de salud y resolver el problema de la vivienda de millones, entre otros.