COLUMNA. Operación caja: el covid, la economía y el hambre

Sin embargo, el problema no es el coronavirus en si; es difícil entender que la oposición que a ratos se hizo eco de las críticas a las políticas criminales del gobierno de Piñera para reprimir a la población durante la revuelta, hoy guarda un respetuoso silencio para pasar inadvertida, dado que es precisamente gracias al oxígeno que le entregaron a ese gobierno asesino, sea este hoy quien dirija los destinos del país en medio de la peor pandemia de los últimos cien años y de una crisis económica cuyos alcances aún estamos por ver.

Todos los intentos del gobierno por imprimir una sensación de gobernabilidad, aprovechando la omisión opositora, y de manejo de la crisis han mostrado ser un fracaso. El descontento continúa aumentando de la misma manera que los contagios y el colapso del sistema sanitario. Si aún se mantiene una cierta sensación de navegación, es precisamente por que los partidos opositores se han negado a presentar resistencia alguna, contra todos los ataques empresariales que han redundado en despidos, suspensiones y falta de sustento para los trabajadores informales que está arrojando al hambre a miles de personas. Ayer lunes esta misma oposición incluso se mostró dispuesta a compartir los costos políticos con el gobierno, poniéndose a disposición para un acuerdo nacional ante un Piñera que sabe que no puede dirigir solo al país en esta crisis.

El gobierno es incapaz de ofrecernos una salida y tampoco la oposición. Insistiendo en que el debate de la pandemia es técnico al igual que el económico, pretenden evitar las criticas de una política pública completamente ineficiente, cuya implementación más allá del despliegue mediático y las insultantes llamados a “hacer rendir el contenido” incluso podría terminar agravando la situación.

Negándose a otorgar un salario de emergencia, con defensas fanáticas de la UDI en contra, argumentando hipócritamente que no quieren que la gente dependa del estado cuando ellos ganan sueldos millonarios de gerentes, y que ahora decidieron combatir el hambre entregando cajas de alimentación que según todos los expertos no alcanza a cubrir el mínimo calórico necesario para alimentar a una familia, y es más, la entrega de estas cajas podría tardar aproximadamente tres meses.

El problema es que las 2,5 millones de cajas, planificadas de manera improvisada, contienen otra amenaza: la inflación y desabastecimiento. El aumento de la demanda de alimentos, muchos de los cuales no se producen en Chile como las legumbres, amenaza con que los proveedores suban precios, y productos esenciales comiencen a escasear ante la especulación.

Incluso alcaldes de la derecha han dicho que sería razonable “fijar precios”, sin embargo la decisión del gobierno ha sido clara: bajo ningún pretexto se amenazará la ganancia de los capitalistas e incluso la idea de las cajas buscará garantizar a las grandes cadenas exportadoras y comerciales jugosas ganancias para continuar operando. La fijación de precios es un límite que no están dispuestos a transigir aunque el costo sea hambrear aún más a la población.

El problema no es un virus generado por la dinámica propia de la naturaleza, forzado de ya por la industria agroalimentaria, pero donde han sido años de debilitamientos y recortes al sistema de salud, de precarización de derechos sociales como el acceso al agua potable, medicamentos y tratamientos a enfermedades que hoy quedan al desnudo con la pandemia. El problema es un modelo en el cual priman las ganancias empresariales por sobre la vida de la población trabajadora.

En ese marco es que no podemos esperar soluciones de quienes han administrado este modelo en las últimas décadas tanto de la vieja Concertación como del actual gobierno, todos ellos han cómplices del saqueo neoliberal y de la precarización y endeudamiento de las familias trabajadoras, y que decir del Frente Amplio y el Partido Comunista que se dedican a votarle las leyes a Piñera, como la escandalosa "ley de protección al empleo".

Creemos que es posible otra salida, que implique resguardar el salario, la alimentación y la salud de la inmensa mayoría de la población, esto mediante el control de los propios trabajadores de las empresas estratégicas que quiebren, de los recursos naturales y la unificación del sistema de salud para llegar a todos con asistencia médica.

Pero esta salida no surgirá desde la nada, es necesario organizarse y pelear para que esta catástrofe la paguen los ricos, esos mismos que se han quedado con los frutos del trabajo de millones de trabajadores durante estos últimos 30 años, y sustentados por toda la herencia pinochetista.