La defensa del represor alega razones de salud. La resolución del pedido quedó en suspenso.
Maximiliano Olivera @maxiolivera77
Sábado 4 de junio de 2016
Fotografía: Jorge Olmos Sgrosso
Durante la mañana del viernes continuaron las audiencias de la megacausa Operativo Independencia, comprendiendo los crímenes de lesa humanidad durante febrero de 1975 y marzo de 1976. Cuando ya se estaba anunciando el cuarto intermedio para el próximo jueves a las 9, el defensor oficial Adolfo Bertini solicitó que Roberto Heriberto “el Tuerto” Albornoz sea beneficiado con la prisión domiciliaria por razones de salud.
La resolución del pedido quedó en suspenso. El presidente del tribunal, Gabriel Casas, afirmó que hay que pedir un informe al servicio penitenciario para determinar la posibilidad de que Albornoz reciba lo solicitado en el informe médico (oxígeno constante) penal de Villa Urquiza. Desde la querella se reservaron el derecho de presentar médico de parte.
En esta causa Albornoz está acusado como autor material de delitos cometidos en perjuicio de 35 víctimas, autor mediato por 174 casos de violación de domicilio, 230 casos de privación ilegítima de la libertad con apremios y/o vejaciones, 220 casos de aplicación agravada de torturas y 129 casos de homicidios triplemente agravados. En otros juicios, ya fue condenado a cadena perpetua en cuatro oportunidades.
Una reconstrucción a través de los archivos
La primera testigo de la jornada fue Verónica Almada. A través de videoconferencia, la antropóloga relato aspectos de su trabajo sobre algunos archivos administrativos del Operativo Independencia (OI), bajo el área del ministerio de Defensa. La documentación incluye algunos libros históricos de las unidades, legajos, boletines e informes de juntas de calificación o médicas. A partir de allí se reconstruyeron aspectos parciales de las unidades y grupos de tareas que actuaron durante el OI.
La exposición también abarcó el marco normativo y reglamentario del OI, que tuvo como principal reglamento al denominado “Operaciones contra elementos subversivos” de agosto de 1975. Este contenía elementos de los reglamentos previos, desde la década del 60, inspirados en la Doctrina de Seguridad Nacional. También realizó un recorrido detallando la organización la V° Brigada.
Entre la documentación también se encontró un “curso de interrogadores” con técnicas de inteligencia. Los documentos administrativos también se referían a los métodos de torturas y desaparición de los cuerpos. En una junta médica, un oficial de apellido Sarmiento afirma que su labor fue “hacer desaparecer los cuerpos detenidos por izquierda”.
Almada señaló por último que no toda la documentación está disponible. Por ejemplo, el libro histórico de la V° Brigada perteneciente a 1975 no se encuentra en los archivos del Ejército. "La documentación la maneja las fuerzas, no depende de nosotros", resumió.
La represión en Santiago del Estero
El otro testigo de la jornada fue Guillermo Garay, director del Instituto Lingüístico y de Folklore de la UNSE y director de Espacio por la Memoria. Su testimonio comenzó narrando como el entonces interventor civil Carlos Jensen recreó la Dirección de Inteligencia Policial (DIP) en 1972 (creada por Carlos Juárez en 1952). Garay señala que la DIP “tenía como misión preparar el terreno para la posterior represión, que en Santiago del Estero empieza en el año 74”. Al frente de este “organismo adelantado” fue designado el ex comisario Antonio Musa Azar.
“En las primeras detenciones, en los interrogatorios, comienzan a participar personal de inteligencia”, afirmó Garay en relación al destacamento de Inteligencia 142 del Ejército. Como reflejo de la actividad conjunta entre la DIP y el Ejército se crea la Superintendencia de Seguridad, dirigida por Musa Azar. Mientras comenzaban las primeras amenazas y atentados de la Triple A.
“Hubo complicidad política. Eran traídos por Carlos Juárez. Vivian en el edificio donde funcionaba al DIP, que era además un centro clandestino” afirmó Garay. Puso como ejemplo a dos ex policías ferroviarios, Niz y Marino, que pasaron de ser guardaespaldas de Lorenzo Miguel en la UOM a ser guardaespaldas de Juárez e integrar la Triple A.
Sobre la DIP, Garay agregó que en 2003 la justicia federal ordenó el allanamiento de la actual D2 donde se hallaron 40.000 legajos con documentación de inteligencia. Un importante número pertenece a la década del 70.
Por último, el testigo de contexto se refirió a los casos de personas que eran detenidas en Santiago del Estero y eran trasladadas a Tucumán, a centros clandestinos como la Escuelita de Famaillá. En algunos casos, fueron sus restos en el Pozo de Vargas. Y de modo inverso, como cuerpos de detenidos-desaparecidos eran arrojados en Santiago del Estero. Tal fue el caso de Francisco Toconas y del abogado radical Lorenzo Pisarello.
